El Senado de la República aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una reforma que modernizará el registro de casas, terrenos y edificios en México. La votación del 14 de octubre de 2026 terminó con 69 votos a favor y 32 en contra, y el dictamen fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación.
Impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la nueva normativa busca conectar la información de los catastros y los Registros Públicos de la Propiedad de la Federación, los estados y los municipios. El objetivo es reducir inconsistencias en los datos de los inmuebles, agilizar trámites y fortalecer la certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias.
- Clave Única Catastral (CUC): será un identificador irrepetible para cada inmueble del país, con una función similar a la CURP.
- Cédula Única Catastral y Registral (CUCR): concentrará los datos necesarios para identificar y localizar una propiedad, vinculando sus características catastrales con la información registral.
- Plataformas digitales: integrarán información, consulta de mapas georreferenciados, trámites en línea y pagos electrónicos.
- Plan Nacional Catastral: fijará directrices para modernizar sistemas, cartografía y procesos administrativos.
Identificadores únicos y coordinación tecnológica
Uno de los componentes centrales de la legislación es la Clave Única Catastral, que permitirá organizar y consultar la información de cada predio y vincularla con su correspondiente folio real en el Registro Público de la Propiedad. La finalidad es que los datos de una misma propiedad puedan relacionarse entre distintas instituciones.
A su vez, la Cédula Única Catastral y Registral funcionará como un documento que reúne los elementos para identificar y localizar un inmueble, así como para conectar sus características catastrales con el registro oficial. Según los legisladores que respaldaron la iniciativa, estas herramientas permitirán detectar inconsistencias y corregirlas mediante los procedimientos legales correspondientes.
La reforma también establece mecanismos de coordinación tecnológica para modernizar los sistemas de información inmobiliaria y avanzar hacia procedimientos más uniformes en todo el territorio nacional. En este esquema, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrá atribuciones para desarrollar y administrar las herramientas tecnológicas, además de definir criterios que homologuen los sistemas catastrales y registrales.
Con ello se busca reducir las diferencias en requisitos y tiempos de respuesta entre autoridades locales, así como mejorar la actualización de los registros de terrenos, viviendas y edificios.
El debate por el predial y las cargas municipales
Uno de los puntos más discutidos fue el posible impacto de la reforma en el cobro del impuesto predial. Los legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo sostuvieron que la norma no crea nuevos impuestos ni establece por sí misma un incremento en las tasas del predial, y que la recaudación de este gravamen continuará bajo responsabilidad de los municipios.
La norma no crea nuevos impuestos ni establece por sí misma un incremento en las tasas del predial
En contraste, la oposición integrada por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano advirtió que la actualización de los padrones y los valores catastrales podría derivar en pagos más elevados para algunos propietarios. El argumento es que, si los valores registrados se actualizan para reflejar con mayor precisión su valor de mercado, también podría aumentar la base utilizada para calcular el impuesto predial, según las disposiciones y decisiones aplicables en cada localidad.
La oposición también cuestionó las facultades que la ley otorga a las autoridades federales para establecer lineamientos y criterios técnicos en materia catastral y registral. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que la implementación de las plataformas y la revisión de los registros podrían representar nuevas cargas administrativas para los municipios, sobre todo para aquellos que necesiten invertir en tecnología, capacitación de personal y revisión de documentos. Además plantearon preocupaciones sobre la concentración de información, la protección de datos y el respeto a las atribuciones municipales.
Los promotores de la reforma, por su parte, afirmaron que la coordinación entre los tres niveles de gobierno permitirá mejorar la transparencia inmobiliaria, reducir la burocracia y ofrecer información más confiable sobre la propiedad de los inmuebles.
Con su aprobación sin modificaciones y el rechazo de las reservas presentadas por la oposición, la legislación quedó lista para su publicación. Su aplicación buscará establecer bases comunes para el funcionamiento de los catastros y los registros públicos en México, un paso que abre ahora la discusión sobre los tiempos y recursos necesarios para aterrizar la modernización catastral en cada entidad y municipio.