La liberación de Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, puso nuevamente en el centro del debate público el expediente por la tortura contra la periodista Lydia Cacho. El 14 de octubre se confirmó que el exmando salió del penal de Cancún, en Quintana Roo, tras completar la totalidad de la sentencia que le fue impuesta.
- Punto clave 1: La autoridad judicial de Quintana Roo consideró que Rocha Laureano ya había cubierto la pena de cinco años y seis meses de prisión, incluido el tiempo en reclusión previo a la sentencia.
- Punto clave 2: Artículo 19 México y Centroamérica aclaró que la excarcelación no equivale a una absolución ni a un reconocimiento de inocencia.
- Punto clave 3: El proceso penal contra otros dos probables responsables de la tortura contra la periodista continúa en curso.
Salida del penal tras agotar la condena
El excomandante permanecía privado de la libertad desde el 4 de diciembre de 2018. La autoridad judicial le impuso una condena de cinco años y seis meses de prisión por el delito de tortura, pero determinó que ese plazo ya estaba cubierto por el tiempo que pasó recluido antes de que se dictara sentencia.
La organización Artículo 19 México y Centroamérica se pronunció luego de conocerse la salida de Rocha Laureano del penal de Cancún. La agrupación precisó que la liberación fue consecuencia del cumplimiento total de la pena y no de una absolución.
“Ante la liberación de una persona condenada por la tortura contra la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho, Artículo 19 precisa que su liberación responde al cumplimiento de la totalidad de su pena y no implica un reconocimiento de inocencia”.
Artículo 19 también subrayó que el proceso contra otros dos probables responsables seguía abierto y que ese avance judicial no debería verse afectado por la excarcelación del exmando. La organización, que ha acompañado jurídicamente a la periodista durante más de 15 años, afirmó que sigue a la espera de “una sentencia justa en los procesos penales pendientes”.
Detención y proceso judicial
Rocha Laureano fue detenido el 4 de diciembre de 2018 en el estado de Puebla por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, entonces dependiente de la Procuraduría General de la República. En ese momento todavía formaba parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, aunque la investigación federal lo vinculaba con el operativo contra Lydia Cacho ocurrido 13 años antes.
La extinta Procuraduría General de la República lo señaló por intervenir en la detención, el traslado y las agresiones contra la periodista. Las pesquisas lo ubicaron como uno de los mandos que participó en el relevo de los policías que trasladaban a Cacho de Cancún a Puebla. En 2021, un juez federal le negó seguir el juicio en libertad debido a la gravedad del delito.
Tras conocerse la excarcelación, el equipo jurídico dejó abierta la posibilidad de presentar una contrademanda contra Lydia Cacho.
Los hechos de 2005 y el expediente internacional
El caso se originó en diciembre de 2005, meses después de que Lydia Cacho publicara Los demonios del Edén, libro en el que documentó una red de explotación sexual infantil y expuso presuntos vínculos de empresarios y políticos con esos delitos.
El empresario Kamel Nacif denunció a la periodista por difamación y calumnias en Puebla. Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en Cancún por agentes de la Policía Judicial poblana, pese a que el proceso legal correspondía a otra entidad. Durante el traslado por carretera, que se extendió por más de 20 horas y cerca de mil 500 kilómetros, la comunicadora denunció que fue incomunicada, amenazada de muerte y sometida a violencia física, psicológica y sexualizada. La periodista sostuvo que los agentes buscaban obligarla a retractarse de lo publicado en su libro.
Años después se difundieron conversaciones telefónicas atribuidas a Mario Marín, entonces gobernador de Puebla, y a Kamel Nacif, en las que hablaban de la detención de la periodista. Esas grabaciones dieron lugar al apodo de “góber precioso” y llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abrir una investigación sobre los hechos.
En 2019, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Lydia Cacho y giró órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif y el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Karam. Marín fue detenido en febrero de 2021. En agosto de 2024 obtuvo prisión domiciliaria, pero un tribunal federal revocó la medida y fue reingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano. En julio de 2026, Lydia Cacho desmintió versiones sobre una nueva liberación o cambio a prisión domiciliaria del exgobernador.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó el 31 de julio de 2018 que la detención de la periodista fue arbitraria. El organismo concluyó que el Estado mexicano violó sus derechos a la libertad personal, a la integridad, a no ser sometida a tortura, a la libertad de expresión y a no ser discriminada por razones de género. La resolución ordenó investigar los hechos de forma imparcial, pronta y exhaustiva, así como procesar, juzgar y castigar a quienes participaron en las agresiones.
La petición ante el Comité fue presentada por Artículo 19 en octubre de 2014. En julio de 2021, ONU Mujeres y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertaron sobre el riesgo de impunidad en el caso y pidieron identificar tanto a los responsables directos como a los autores intelectuales. También señalaron que las agresiones tuvieron un componente de género.
La excarcelación de Rocha Laureano cierra una etapa penal individual, pero deja pendiente la conclusión de los procesos contra los otros dos probables responsables. La expectativa de las organizaciones acompañantes sigue puesta en que la justicia federal avance sin que la salida del excomandante debilite el expediente construido durante más de una década.