La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, volvió a colocar en el centro de la discusión el operativo contra un presunto narcolaboratorio en el que murieron dos integrantes de la CIA en abril pasado. En una entrevista con Latinus, conducida por el periodista Claudio Ochoa, responsabilizó al exfiscal César Jáuregui y a otros funcionarios de la Fiscalía General del Estado por actuar sin informarle.
- Señalamiento directo: La gobernadora afirmó que el exfiscal y otros funcionarios de la Fiscalía estatal actuaron “por la libre” y omitieron informarle sobre el operativo.
- Choque federal: Sostuvo que la controversia la enfrentó con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que no puso en el mismo nivel de exposición al fiscal estatal ni al director de la Agencia Estatal de Investigaciones.
- Investigaciones abiertas: Las indagatorias estatales y federales siguen en curso; el exfiscal dejó el cargo y compareció ante la FGR en calidad de testigo.
La acusación contra el exfiscal
Durante la conversación, la mandataria reconoció que la reestructuración de la Fiscalía General del Estado no habría tenido el mismo rumbo sin el escándalo relacionado con los agentes de la Agencia Central de Inteligencia y el operativo contra el narcolaboratorio. Desde su perspectiva, el problema incluyó una falta de comunicación con la titular del Ejecutivo estatal.
Campos Galván resumió la actuación del exfiscal con una frase contundente:
“Desgraciadamente, se actuó por la libre por parte del exfiscal, por parte de otras personas al interior de la Fiscalía General del Estado y eso no se puede perdonar.”
La gobernadora agregó que lo ocurrido rebasó un límite básico de coordinación y confianza:
“Quien ya rebasa ese límite de no avisarle a la jefa, de no platicarle, de no saber qué es lo que estaba pasando.”
Campos Galván consideró que el episodio abrió una serie de interrogantes sobre el funcionamiento de la Fiscalía y sobre decisiones que pudieron haberse tomado sin su conocimiento. Incluso planteó dudas sobre si situaciones similares pudieron ocurrir en otros momentos. Subrayó que las investigaciones estatales y federales siguen en marcha y que sus resultados serán determinantes para esclarecer responsabilidades.
Reorganización institucional y crisis política
El caso del presunto narcolaboratorio se convirtió en un problema político e institucional tras conocerse la participación de agentes estadounidenses y la muerte de dos integrantes de la CIA. La controversia puso bajo escrutinio la coordinación entre las autoridades estatales y federales, así como los alcances de la colaboración con personal extranjero.
En medio de la polémica, César Jáuregui dejó la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente compareció ante la Fiscalía General de la República en calidad de testigo, de acuerdo con los antecedentes difundidos en junio.
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el conflicto político entre la gobernadora panista y la presidenta Claudia Sheinbaum. Campos Galván aseguró que la disputa terminó concentrándose en ella, pese a que, desde su perspectiva, los funcionarios directamente relacionados con el operativo no enfrentaron el mismo nivel de exposición pública.
“Me puso a mí en choque con el gobierno federal. No puso en choque al fiscal general del Estado ni al director de la Agencia Estatal de Investigaciones.”
La mandataria afirmó que antes de esta controversia no había tenido problemas con la presidenta y que terminó en el centro de la disputa nacional por decisiones que ahora son materia de investigación. También informó que mantenía reuniones periódicas con la fiscal general de la República para dar seguimiento al caso.
Sobre su encuentro con Sheinbaum, la gobernadora dijo que esperaba que la conversación hubiera contribuido a reducir las tensiones. Relató que ambas abordaron lo sucedido y acordaron atender distintos compromisos, entre ellos reforzar la intervención de las autoridades federales.
La gobernadora vinculó directamente la reorganización de la Fiscalía con lo ocurrido y reconoció que el escándalo dejó al descubierto deficiencias que no había identificado previamente. Con los procesos abiertos, el caso se mantiene como una prueba para la coordinación de seguridad en Chihuahua y para la relación entre el gobierno estatal y la administración federal.