La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, cuyo proyecto estima una recaudación total de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos. En la misma jornada, el Pleno avaló una reserva que elimina el límite de 300 millones de pesos para ingresar al Programa de Regularización Fiscal, un ajuste que abre la puerta a que grandes contribuyentes obtengan estímulos sobre multas, recargos y gastos de ejecución.
El dictamen, parte del Paquete Económico enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue respaldado en lo particular con 340 votos a favor, 109 en contra y ninguna abstención. Una vez aprobado, se turnó al Senado de la República para seguir con el trámite legislativo.
- Punto clave 1: La modificación elimina el tope de 300 millones de pesos que restringía el acceso al Programa de Regularización Fiscal.
- Punto clave 2: La reserva fue presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, al artículo Vigésimo Primero Transitorio.
- Punto clave 3: El dictamen pasará al Senado, donde se discutirán los efectos fiscales y constitucionales del cambio.
Así se modificó el Programa de Regularización Fiscal
La reserva aceptada durante la discusión en lo particular amplió el alcance del programa de regularización fiscal previsto para 2027. La propuesta de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, eliminó el tope de 300 millones de pesos que limitaba la incorporación de contribuyentes de mayor tamaño.
De acuerdo con los argumentos presentados, la flexibilización busca facilitar el pago de créditos fiscales, reducir controversias entre contribuyentes y autoridades y fortalecer los ingresos públicos. Monreal sostuvo que la medida no representa una condonación de impuestos ni una exención de obligaciones tributarias, sino un mecanismo para incentivar el pago de adeudos mediante la reducción de sanciones y otros conceptos asociados a los créditos fiscales.
En tribuna, el legislador explicó que los contribuyentes interesados deberán cubrir primero el impuesto pendiente para acceder a los beneficios.
“Quien se acoge a este beneficio, primero tiene que pagar el impuesto que debe para que le puedan reducir multas, cargos, recargos y gastos de ejecución”, afirmó Ricardo Monreal Ávila.
El coordinador de Morena defendió también que el esquema permitirá recuperar recursos que, de otra forma, podrían quedar atrapados en controversias o procesos de cobro prolongados. Añadió que la mayor flexibilidad puede brindar certidumbre jurídica a las empresas y favorecer la inversión y el crecimiento económico.
Según sus estimaciones, el programa podría beneficiar a cerca de 30 millones de contribuyentes, entre personas físicas y morales. De ese universo, alrededor de 2.5 millones de personas morales podrían regularizar su situación fiscal y unos 16 mil grandes contribuyentes quedarían en condiciones de acceder a los estímulos. Este último grupo, señaló, aporta al erario aproximadamente 2.3 billones de pesos.
Respaldo de Morena y críticas de la oposición
Desde Morena, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna respaldó la reserva y señaló que busca ofrecer facilidades a medianos y grandes contribuyentes para liquidar sus créditos fiscales. Aclaró que el mecanismo no implica perdonar impuestos, sino establecer incentivos para que las empresas se pongan al corriente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El diputado Jorge Luis Sánchez Reyes consideró que retirar el límite ampliará las posibilidades de regularización para empresarios y contribuyentes que antes quedaban fuera del esquema. La diputada Sandra Anaya Villegas agregó que la modificación da continuidad a un mecanismo que ya opera y que ha mostrado resultados en materia de recaudación, además de permitir la incorporación de grandes contribuyentes que no podían acceder.
En contraste, legisladores de oposición advirtieron posibles riesgos jurídicos. El panista Federico Döring Casar dijo que la redacción de la reserva presenta problemas y consideró que el beneficio no está orientado a trabajadores o empleados, sino a créditos fiscales de montos elevados. Calificó la propuesta como un posible “borrón y cuenta nueva” y cuestionó su constitucionalidad, al estimar que el concepto de créditos fiscales podría abarcar obligaciones más amplias que las multas y los recargos.
Desde el PRI, Emilio Suárez Licona afirmó que la propuesta es inconstitucional y técnicamente incorrecta. A su juicio, el mecanismo podría utilizarse para reducir créditos fiscales previamente determinados por impuestos omitidos, bajo la figura de estímulos fiscales.
Siguiente etapa en el Senado
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 continuará su trámite en el Senado de la República. Ahí se analizará tanto el monto de recaudación proyectado, superior a 10.6 billones de pesos, como la modificación incorporada al Programa de Regularización Fiscal.
La ampliación del programa se perfila como uno de los puntos centrales del debate legislativo, por sus posibles efectos en la recuperación de adeudos, el trato a grandes contribuyentes y la certeza jurídica del sistema tributario.