La crisis forense en Sinaloa volvió al centro del debate tras la denuncia de Micaela González, integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda de Sinaloa y del colectivo Armadillos Rastreadores Sinaloa, quien señaló que más de 400 cuerpos permanecen sin identificar en la zona centro. La madre de dos hijos desaparecidos advirtió que el rezago exige personal exclusivo, recursos públicos y continuidad en el centro de resguardo donde se revisan restos de fosas comunes.
- Punto clave 1: El Servicio Médico Forense comunicó a las familias un cálculo de más de 400 cuerpos sin identificar, sin que exista un registro oficial confirmado.
- Punto clave 2: Los colectivos proponen una plantilla dedicada exclusivamente a la identificación forense y una política pública separada de la atención de casos recientes.
- Punto clave 3: En una reunión previa con la Fiscalía se mencionó una necesidad presupuestal de 90 millones de pesos para abatir el rezago.
Un rezago forense que desborda al personal
De acuerdo con González, el Servicio Médico Forense les informó sobre la acumulación de cuerpos. Algunos cadáveres estaban encimados dentro de las instalaciones y el personal disponible resultaba insuficiente para atender el volumen de trabajo. La activista relató:
“Pero si hay un acúmulo de cuerpos, nosotros hablamos ahí con los de Semefo y nos dijeron que tenían incluso ya como amontonados los cuerpos, como más de 400 cuerpos que están encimados. Yo creo que sí se necesita ya generar una política que sea destinada solamente a trabajar con lo que son los cuerpos del tema de desaparecidos”.
La propuesta de las buscadoras contempla crear un equipo dedicado únicamente a la identificación forense de cuerpos y restos recuperados, sin mezclarse con la atención cotidiana de los casos recientes. En un encuentro previo con la Fiscalía General del Estado se planteó una necesidad presupuestal estimada en 90 millones de pesos, por lo que las familias esperan que el presupuesto de 2027 contemple recursos suficientes.
También solicitaron una reunión con el área de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado y con la responsable identificada como la maestra Cindy, ante la falta de resultados en la identificación de restos. González consideró que las autoridades concentran esfuerzos en los casos recientes, mientras las desapariciones de larga data siguen sin avances suficientes, y estimó que el número de cuerpos pendientes podría ser mayor por la violencia de los últimos años.
Muestras genéticas y fosas comunes: los pendientes
Otro de los reclamos surgió en el área de genética. La buscadora relató que algunos familiares acudieron a entregar muestras y recibieron como respuesta que faltaba el cuadro familiar complementario para realizar las confrontas. Este vacío impide comparar perfiles genéticos y avanzar en la identificación de cuerpos, por lo que las familias pidieron información clara sobre el manejo de las muestras de ADN, los requisitos pendientes y las etapas necesarias para obtener resultados.
A ello se suma la suspensión de los trabajos relacionados con fosas comunes en el centro de resguardo. González afirmó que les habían comunicado una nueva etapa para procesar los restos recuperados, pero no observaron que las actividades se reanudaran. Las familias tampoco tienen acceso directo a las instalaciones, lo que limita la información sobre procedimientos, restos bajo resguardo y avance de los trabajos. Pidió a la Fiscalía comunicación transparente sobre la fecha de reinicio y las labores previstas.
Búsqueda en campo y una guía para las familias
González recordó que sus hijos Antonio de Jesús Lozoya González y Cristian Giovanni Lozoya González desaparecieron tras una detención atribuida por ella a servidores públicos el 27 de noviembre de 2012 en Culiacán. Durante los primeros años, las familias realizaron búsquedas sin acompañamiento institucional, entraron a zonas de riesgo y enfrentaron amenazas, intimidaciones e incluso detenciones. Entre 2016 y 2017 comenzaron a sumarse a colectivos y brigadas, lo que les permitió contar con acompañamiento.
“Quienes seguimos haciendo el trabajo que le corresponde a la fiscalía y a las comisiones de búsqueda somos las familias buscadoras”, afirmó.
Las jornadas de búsqueda requieren acompañamiento de elementos de Defensa y Marina por el riesgo en distintas regiones de Sinaloa. La activista aseguró que suspendieron algunos recorridos tras avisos sobre narcolaboratorios clandestinos o presencia de grupos armados. “Sin seguridad no podemos salir”, advirtió.
Como parte del conocimiento acumulado, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, presentó la “Guía inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas por familias buscadoras”, elaborada por Silvia Ortiz Solís, Micaela González González y Fabiola Pensado Barrera. El material reúne aprendizajes de capacitaciones forenses, tecnologías de rastreo y derechos humanos, y plantea dos rutas: la búsqueda bajo presunción de vida, con revisión de hospitales, albergues y centros penitenciarios en las primeras 24 horas, y la búsqueda forense, orientada a recorridos en campo, identificación de restos, conservación de videograbaciones y resguardo documental de cada gestión.
La denuncia vuelve a poner el foco en la deuda del sistema forense y en la urgencia de destinar recursos, personal especializado y transparencia. Mientras se discute el presupuesto de 2027, las familias sostienen que la identificación de los cuerpos acumulados no puede seguir esperando.