El gobierno de Costa Rica endureció este miércoles su estrategia contra el crimen organizado al incluir a seis cárteles mexicanos y a tres organizaciones colombianas en su lista de agrupaciones consideradas narcoterroristas. El anuncio fue encabezado por la presidenta Laura Fernández Delgado durante la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad situada en el complejo penitenciario La Reforma.
- Nuevos señalamientos: El Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos ingresaron a la lista costarricense.
- Presencia colombiana: Las FARC, el ELN y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada también fueron incorporadas.
- Infraestructura carcelaria: El CACCO tiene capacidad para 5 mil 100 reclusos y fue presentado como herramienta para recuperar el control del sistema penitenciario.
- Agenda en El Salvador: Laura Fernández viajará este viernes para conocer de cerca el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Una lista ampliada contra el narcoterrorismo
La nueva declaratoria incluye a seis grupos mexicanos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. También abarca a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Fernández presentó la decisión como parte de una ofensiva para impedir que las organizaciones criminales transnacionales amplíen sus operaciones en territorio costarricense.
“Costa Rica está empleando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para frenar la avanzada del narcoterrorismo”, declaró la mandataria durante el acto.
La medida no es un punto de partida aislado: durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves, Costa Rica ya había incorporado a su lista de organizaciones terroristas a grupos de Medio Oriente, entre ellos Hezbolá, Hamás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Ansar Allah, identificado como el movimiento hutí de Yemen. Aquella decisión buscó fortalecer las capacidades de prevención, investigación y persecución de redes vinculadas con el financiamiento del terrorismo.
Un penal de alta contención y el modelo Bukele
La inauguración del CACCO forma parte de esta misma estrategia de endurecimiento de la política de seguridad. La prisión, diseñada para albergar a 5 mil 100 personas, fue presentada por el gobierno costarricense como una herramienta para recuperar el control del sistema penitenciario y enfrentar el avance de las organizaciones criminales.
El nuevo centro toma como referencia el modelo penitenciario implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, particularmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La presidenta costarricense anunció que viajará este viernes a El Salvador para conocer directamente el funcionamiento de ese penal y su modelo operativo.
Presión de Washington y distancia de México
La decisión de Costa Rica ocurre en un contexto regional marcado por el incremento de designaciones de organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas por parte de Estados Unidos. En julio de 2026, el Departamento del Tesoro incorporó al Cártel de Juárez y a Los Viagras a las categorías de organizaciones terroristas transnacionales, manteniendo además las sanciones por narcotráfico. Con esa medida, el gobierno de Donald Trump elevó a seis el número de cárteles mexicanos incluidos oficialmente en sus listas de organizaciones terroristas.
Meses antes, en febrero, Washington había designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras al Cártel de Sinaloa, al CJNG, al Cártel del Noreste, al Cártel del Golfo y a la Nueva Familia Michoacana, además de Cárteles Unidos. Estas acciones forman parte de la presión de la administración Trump para combatir el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, hacia Estados Unidos.
El gobierno estadounidense ha acompañado las designaciones con sanciones financieras y acciones contra dirigentes, operadores y redes vinculadas con los grupos criminales. En julio, por ejemplo, el Tesoro anunció una operación contra más de 50 personas y entidades relacionadas con el CJNG.
En contraste, el gobierno de México ha rechazado acciones unilaterales de Washington dentro del territorio nacional y ha defendido que la cooperación en seguridad debe realizarse bajo principios de respeto a la soberanía.
Con la combinación de nuevas declaratorias y una prisión de alta contención, Costa Rica apuesta por cerrar espacios de operación a las redes del narcotráfico. El desafío será convertir esas designaciones en capacidades reales de investigación, bloqueo financiero y control penitenciario, en un entorno donde Washington refuerza su presión sobre los cárteles mexicanos y México exige una cooperación que respete su soberanía.