La privación de la libertad de ocho campesinos en la sierra de Guerrero, ocurrida el 24 de septiembre, expone el control territorial que grupos criminales mantienen en zonas rurales del estado. Organizaciones defensoras de derechos humanos atribuyen el hecho a la expansión de La Nueva Familia Michoacana y a la omisión histórica del Estado en la región.
- Punto clave 1: Ocho campesinos del ejido El Balcón, en Ajuchitlán del Progreso, fueron privados de su libertad cerca de La Lajita; siete continúan desaparecidos y un menor de 12 años fue liberado el 1 de octubre.
- Punto clave 2: Especialistas del IMDHD y de Fundar vinculan la agresión con la caída de los cultivos de amapola y el desplazamiento de grupos armados hacia la tala ilegal.
- Punto clave 3: Un video difundido el 7 de octubre muestra a cinco campesinos maniatados; la comunidad lo rechazó y analistas advierten que busca criminalizar a las víctimas.
- Punto clave 4: Más de dos mil pobladores de unas 50 comunidades marcharon en Técpan de Galeana y bloquearon la carretera Zihuatanejo-Acapulco exigiendo la aparición con vida de los siete hombres.
La desaparición y el vacío institucional
Los campesinos se dirigían a labores del campo cuando hombres armados los interceptaron en una zona disputada por el control territorial y la explotación ilegal de la madera. Edgar Cortez, del IMDHD, considera el caso una confirmación de un sometimiento territorial construido con miedo. Humberto Guerrero, de Fundar, advierte que la violencia en Guerrero se ha normalizado y agresiones así ya no generan escándalo público.
El declive de la amapola empujó a los grupos armados hacia la tala ilegal, donde las comunidades defensoras de sus bosques se volvieron obstáculo. Ante la falta de avances, familias y decenas de poblados iniciaron movilizaciones masivas. Guerrero vincula esa autoorganización con el abandono institucional:
“Ante el abandono por parte de las instituciones, tanto estatales como federales, a las comunidades no les queda otra más que autorganizarse y generar sus propias estrategias de resistencia”.
El video y la criminalización de las víctimas
El 7 de octubre circuló una grabación de unos cinco minutos donde aparecen cinco de los desaparecidos, maniatados y con los ojos vendados, mientras una voz masculina los interroga. Los hombres declaran pertenecer a Los Granados, rival de La Nueva Familia Michoacana en la Costa Grande. El ejido El Balcón rechazó el contenido: denunció incongruencias como vestimenta de camuflaje ajena a su ropa de trabajo y defendió la trayectoria de sus compañeros, dedicados al campo, la ganadería, el mezcal y el manejo forestal sustentable.
Edgar Cortez cuestiona el valor probatorio del material:
“No tiene ningún valor probatorio pues es difícil saber si están siendo obligados o si es algo espontáneo. Creo que hay elementos suficientes para pensar que los están obligando”.
Los especialistas explican que los grupos criminales difunden estas grabaciones para manipular la percepción pública, imponer una versión favorable, desviar la atención de las violaciones a derechos humanos y debilitar el reclamo de justicia. Guerrero identifica un patrón de criminalización: buscan la narrativa de que “se lo buscaron”. Ese discurso justifica la violencia y reduce la presión sobre la autoridad. Insiste en que ninguna autoridad debe tomar como cierto el contenido de las grabaciones y que a las personas debe dárseles tratamiento de víctimas. También apunta a la responsabilidad ética de los medios.
Movilización, gobierno y exigencias de justicia
La presión social antecedió el pronunciamiento de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. El 9 de octubre difundió un video con solidaridad y aseguró operativos permanentes para localizar a los siete hombres. La acompañaron el secretario de Seguridad estatal, Antonio Ledesma Osuna, y el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros.
“No escatimaremos en recursos ni esfuerzos para encontrar a sus seres queridos y retornarlos a sus hogares”, declaró Salgado Pineda.
Fue la primera vez que la titular del Ejecutivo se refirió públicamente al caso esa semana. Una investigación periodística reveló cinco grabaciones con drones, tomadas cerca de los hechos, que muestran la aparente captura de tres campesinos junto a posibles campamentos de La Nueva Familia Michoacana. La comunidad entregó esos materiales, pero el malestar creció ante la falta de resultados.
Las 319 comunidades serranas acordaron articularse para llevar su reclamo al gobierno federal. Cortez sostiene que la fiscalía debe liberar a las personas antes de construir líneas de investigación, apoyándose en inteligencia fina y el conocimiento territorial comunitario. Guerrero califica de “sospechoso” que no existan políticas eficaces de prevención con tanta información histórica y advierte sobre corrupción y colusión entre grupos criminales y funcionarios de todos los niveles. Reprocha que planes como el Operativo Enjambre partan de un supuesto limitado al ámbito municipal.
“Mientras no se despliegue una estrategia de mediano y largo plazo orientada a desmantelar las redes estructurales de macrocriminalidad y corrupción en todos los niveles del Estado, cualquier acción será insuficiente”, afirmó Guerrero.
Ambos analistas coinciden en que el Estado debe generar un mecanismo de vigilancia permanente con presencia del Ejército y la Guardia Nacional. Plantean la protección o reubicación temporal de pobladores en riesgo y combinar la inteligencia técnica con la social. De comprobarse negligencia u omisión, piden activar los mecanismos de rendición de cuentas con investigaciones penales y administrativas transparentes. La exigencia central es garantizar el derecho a la verdad. Mientras los siete campesinos de El Balcón permanecen sin ser localizados, el patrón de violencia e impunidad continúa agravándose en Guerrero.