El fallecimiento de Dulce María García, de 35 años, durante una liposucción en la colonia Del Valle de la Ciudad de México puso en evidencia, una vez más, los riesgos de los procedimientos estéticos realizados al margen de la regulación sanitaria. En lo que va de 2026, al menos tres mujeres han muerto en clínicas de la Ciudad de México, Puebla y Reynosa, Tamaulipas, mientras se sometían a intervenciones para retirar o transferir grasa. Un cuarto deceso, el de Areli Guadalupe Flores, también quedó bajo investigación tras una liposucción realizada un día antes de su muerte.
- Fechas y lugares: Los decesos ocurrieron el 25 de marzo en Reynosa, el 18 de mayo en Puebla y el 11 de septiembre en la Ciudad de México.
- Irregularidades recurrentes: Algunos inmuebles no contaban con fachada de clínica, licencias sanitarias o cédulas profesionales médicas.
- Estatus judicial: En la capital se reportaron dos detenciones; en Puebla hay órdenes de aprehensión y fichas rojas; en Reynosa no se han confirmado capturas.
Tres muertes en establecimientos de estética
El caso más reciente es el de Dulce María García, de 35 años, quien falleció el 11 de septiembre durante una liposucción en un inmueble ubicado en la calle Manuel López Cotilla, número 1550, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. El lugar se promocionaba como Pink Glow Clinic, aunque también fue identificado como Médica LV, y no tenía una fachada que lo distinguiera como clínica.
De acuerdo con testimonios de la familia, tras presentarse complicaciones durante la intervención, las personas encargadas abandonaron el lugar. El cuerpo permaneció en el inmueble durante varias horas, hasta que personal del Servicio Médico Forense lo localizó y retiró. El acta de defunción citada por medios nacionales señaló edema cerebral y edema pulmonar como causas del fallecimiento, aunque esos datos no explican qué provocó las complicaciones; a los familiares se les informó que la paciente tuvo una pérdida considerable de sangre.
El 14 de octubre se reportó la detención de dos mujeres, entre ellas Sonia “N”, por su presunta relación con el caso, y ambas quedaron a disposición de un juez de control. Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no había informado detenciones relacionadas con estos hechos.
El caso de Puebla se registró el 18 de mayo, cuando Blanca Adriana Vázquez, de 37 años, acudió con su esposo a la clínica Detox, ubicada en la calzada Zavaleta de Puebla, para solicitar información sobre un procedimiento estético. Según el relato de su familia, fue convencida de someterse a la intervención ese mismo día. La mujer desapareció tras ingresar al establecimiento y su cuerpo fue localizado el 21 de mayo en una zanja del municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, tres días después de ser vista por última vez.
La necropsia apuntó a un paro cardiorrespiratorio asociado con una sobredosis de anestésicos. Las autoridades sanitarias suspendieron el establecimiento y señalaron irregularidades en sus permisos; además, la persona responsable de los procedimientos no contaba con cédula profesional médica registrada. En julio, la Fiscalía de Puebla emitió órdenes de aprehensión y se gestionaron fichas rojas de Interpol contra Diana Alejandra “N” y su hijo Carlos “N”; hasta el 15 de octubre, el Registro Nacional de Detenciones no establecía que hubieran sido aprehendidos.
El fallecimiento ocurrido en Reynosa se registró el 25 de marzo, cuando Esmeralda “N”, de 27 años, murió durante una liposucción con transferencia de grasa a los glúteos en el establecimiento MedQuin, en Tamaulipas. Los reportes iniciales indicaron una caída repentina en la saturación de oxígeno y un paro cardiorrespiratorio, por lo que una posible embolia grasa fue mencionada entre las primeras líneas de investigación.
El caso derivó en una revisión sanitaria. Mario Rebolledo Urcadiz, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, informó el 27 de marzo que el lugar carecía de licencia sanitaria y registro oficial, y que no tenía un anuncio exterior que lo identificara como centro médico. Hasta la publicación de esta nota, no se habían identificado públicamente detenciones relacionadas con este fallecimiento. De acuerdo con el medio Debate, Esmeralda era una ciudadana residente de Estados Unidos, lo que reavivó las alertas sobre el turismo médico no regulado en la frontera norte de México.
El caso del Reclusorio Oriente y un antecedente judicial
Otro caso que se sumó a la discusión ocurrió el 29 de septiembre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, donde Areli Guadalupe Flores murió durante una visita a una persona privada de la libertad. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la mujer comenzó a tener dificultades para respirar y fue trasladada al servicio médico, donde se confirmó que ya no tenía signos vitales. Su madre y su hija informaron a las autoridades que padecía hipertensión y que un día antes se había sometido a una liposucción estética.
Periodistas Sin Censura publicó una versión distinta, según la cual la liposucción habría sido practicada dentro de una celda del Dormitorio 2-2-4 por un cirujano plástico y reconstructivo privado de la libertad, identificado como Antonio Román. Esa versión no aparece en el comunicado de la SSC y no se ha corroborado oficialmente. El Registro Nacional de Profesionistas reporta dos cédulas de Román: una como médico general, obtenida en la Universidad Autónoma de Coahuila en 2005, y otra como especialista en cirugía plástica y reconstructiva, emitida por la UNAM en 2013.
La SSC señaló:
“dará seguimiento puntual al caso y brindará acompañamiento a los familiares, así como a la persona privada de la libertad en cuestión”.
Como antecedente judicial, en marzo de 2026 tres médicos fueron vinculados a proceso por la muerte de una paciente identificada como S.R.V., quien falleció el 15 de octubre de 2021 después de una liposucción y un aumento de busto en la Clínica Santa Teresa, en Toluca, Estado de México. La Fiscalía mexiquense señaló que la paciente presentaba factores de riesgo y no recibió una valoración preoperatoria integral; la causa de muerte fue una tromboembolia pulmonar. Los tres médicos quedaron sujetos a prisión preventiva justificada.
Avances desiguales y un registro nacional pendiente
Los expedientes de 2026 avanzan a ritmos distintos. En la Ciudad de México se reportaron dos detenciones en octubre; en Puebla se emitieron órdenes de aprehensión y fichas rojas sin capturas confirmadas en las fuentes consultadas; y en Reynosa las autoridades sanitarias documentaron la falta de permisos, sin reportes que confirmaran detenciones.
Una investigación de Animal Político y CONNECTAS documentó 121 muertes relacionadas con procedimientos estéticos en México entre 2014 y 2025. Sin embargo, los casos identificados este año no representan un registro nacional completo: al no existir una base pública que concentre las muertes durante procedimientos estéticos, no es posible determinar cuántas víctimas adicionales ha podido haber en lo que va de 2026.
El patrón de establecimientos sin identificación clínica, licencias ausentes y responsables sin cédula profesional apunta a un problema estructural que las investigaciones penales no han logrado cerrar, mientras las responsabilidades en cada caso continúan bajo revisión judicial y sanitaria.