La movilización de más de 11 mil soldados y agentes de la Guardia Nacional en Sinaloa no logró frenar la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, las dos facciones del Cártel de Sinaloa que se enfrentan desde septiembre de 2024. Ese fue el hallazgo central del equipo de InsightCrime que viajó a Culiacán, encabezado por la analista Victoria Dittmar y el codirector Steven Dudley.
La disputa estalló cuando Joaquín Guzmán López entregó a Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de Estados Unidos. Dos años después, el despliegue militar sigue sin contener un conflicto que se ha trasladado de la capital sinaloense hacia Mazatlán y la frontera con Nayarit.
- Punto clave 1: Más de 11 mil efectivos federales no impidieron que la violencia continuara durante dos años y se desplazara al sur del estado.
- Punto clave 2: Los cárteles adoptaron tácticas menos visibles: drones explosivos, minas y desapariciones forzadas.
- Punto clave 3: La concentración militar en Culiacán redujo la violencia en la capital, pero los incidentes se duplicaron en Mazatlán y se quintuplicaron en Escuinapa.
Una violencia que cambió de forma, pero no se detuvo
Durante la estancia del equipo de InsightCrime en Culiacán, un tiroteo ocurrió en un restaurante cercano a su hotel. El ataque, dirigido contra un cantante de narcorap cuyas letras aludían a Los Chapitos, se produjo un jueves por la noche cuando el local estaba lleno de familias. Para Dittmar, este tipo de agresiones selectivas contra integrantes o simpatizantes de la facción rival sigue siendo frecuente pese al operativo militar.
“Bajo las narices” de una presencia militar sin precedentes, describió Steven Dudley.
Los signos visibles del crimen organizado disminuyeron. Los llamados “punteros”, jóvenes vigías con radios, ya no se observan en el espacio público. La parafernalia narco y los narcocorridos dejaron de reproducirse de forma abierta, lo que generó dudas sobre si se trata de una pérdida real de poder o del miedo de la población a exhibir vínculos con los grupos armados.
El desplazamiento territorial y los datos de West Point
La respuesta estatal recayó casi por completo en fuerzas federales bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército y la Guardia Nacional mantienen retenes en los accesos a Culiacán y vigilancia constante dentro de la ciudad. Sin embargo, un análisis de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, elaborado por Sandra Pellegrini, responsable regional de ACLED, identificó que los cárteles modificaron sus operaciones para reducir su exposición.
La investigación detectó un uso creciente de drones explosivos, minas terrestres improvisadas y desapariciones forzadas. Solo en 2026, ACLED documentó al menos 54 ataques con drones por parte de organizaciones criminales, concentrados principalmente en Sinaloa y Michoacán.
El Ejército concentró sus operativos en Culiacán, mientras las facciones trasladaron sus disputas hacia otros municipios. Los incidentes violentos se duplicaron en Mazatlán y se multiplicaron por cinco en Escuinapa respecto de 2025, mientras la violencia disminuía en Culiacán. A nivel nacional, el mismo estudio reconoció una disminución del 19% en los eventos violentos protagonizados por grupos armados no estatales durante los primeros ocho meses de 2026, lo que evidencia un patrón de desplazamiento más que de contención real.
El costo social, político y económico del conflicto
El despliegue militar coincidió con un escándalo que afectó al gobierno local: autoridades de Estados Unidos imputaron a principios de este año a figuras del gobierno estatal, incluido quien ocupaba entonces la gubernatura de Sinaloa, por presuntos vínculos con Los Chapitos. Esos vínculos habrían incluido protección a cargamentos de droga y alertas previas sobre operativos.
Las operaciones federales sí derivaron en arrestos de operadores financieros y logísticos de ambas facciones, pero no alteraron la dinámica general del conflicto. El gobierno de Claudia Sheinbaum reforzó el operativo tras un ataque armado contra dos legisladores estatales, con el despliegue de 1.600 soldados adicionales, entre ellos 90 miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, trasladados en cuatro aviones de la Fuerza Aérea.
Ese refuerzo llegó menos de una semana después de que cientos de personas protestaran en Culiacán por la muerte de un hombre de 24 años baleado mientras conducía, en lo que las autoridades describieron como un caso de identidad equivocada. El saldo de dos años de confrontación superó las 3 mil muertes, más de 5 mil negocios cerrados y miles de empleos perdidos, según el dirigente empresarial Sergio Esquer.
El Ejército informó en octubre que mató a 19 presuntos integrantes de los cárteles y detuvo a un líder local, en enfrentamientos calificados como los más violentos en años. Steven Dudley planteó que el eventual ganador de la guerra podría ser Fausto Isidro Meza, conocido como “Chapo Isidro”, una figura que permaneció fuera de la escena pública durante años.
La reciente confrontación es la tercera gran fractura interna del Cártel de Sinaloa en menos de dos décadas: la primera ocurrió en 2008 con la ruptura entre Joaquín “El Chapo” Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva, y la segunda alrededor de 2017 con una facción local encabezada por un operador identificado como Minilik. Pese al desgaste, el equipo de InsightCrime concluyó que la estructura criminal más amplia permanece intacta y en proceso de reconfiguración de su mando.
Para los habitantes de Culiacán, la incertidumbre persiste incluso en las semanas de menor intensidad. Los vecinos comparten ubicaciones y consultan grupos de WhatsApp para verificar si es seguro moverse.
“Algo puede pasar en cualquier momento”, describió Victoria Dittmar sobre la percepción dominante.
La experiencia de dos años muestra que más soldados no necesariamente significan menos violencia, sino una guerra que cambia de escenario y de táctica.