Familiares de los 10 trabajadores privados de la libertad el 23 de enero en Concordia, Sinaloa, rechazaron el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) que el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) renovó a Minera Canam, subsidiaria mexicana de la canadiense Vizsla Silver. El reconocimiento se otorgó por cuarto año consecutivo mientras nueve de esas víctimas ya fueron localizadas sin vida y una permanece desaparecida.
- Rechazo al reconocimiento: Las familias cuestionan los criterios del CEMEFI y solicitan una revisión del distintivo otorgado a Minera Canam.
- Saldo del ataque: Nueve de los 10 trabajadores secuestrados fueron hallados sin vida; Francisco Antonio Esparza Yáñez sigue desaparecido.
- Exigencias a la minera: Piden explicaciones sobre la reanudación de operaciones en mayo de 2025 y la preservación de evidencia de seguridad.
El ataque y la búsqueda de justicia
Un comando armado irrumpió la madrugada del 23 de enero de 2026 en un fraccionamiento residencial de Concordia donde Vizsla Silver alojaba a su personal. Diez trabajadores vinculados al proyecto Panuco, entre empleados directos y contratistas, fueron sustraídos del lugar. Dos semanas después, el 5 de febrero, las autoridades localizaron una fosa clandestina en el poblado de El Verde, a unos 19 kilómetros de Concordia, con los primeros cuerpos de las víctimas.
El proceso de identificación se extendió durante meses. Para el 6 de abril, Vizsla Silver confirmó que nueve de los 10 trabajadores habían sido hallados sin vida. El décimo, el ingeniero geólogo Francisco Antonio Esparza Yáñez, encargado de relaciones comunitarias de la empresa, continúa sin ser localizado a más de nueve meses del hecho.
Las autoridades mexicanas atribuyen el ataque a una facción del cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos. En septiembre, fuerzas federales detuvieron a dos presuntos implicados, identificados como Ángel “N”, alias “Tronco”, y Milton “N”. Esa captura se sumó a la de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito”, arrestado en junio y señalado como operador de la misma organización en la zona de Concordia y El Rosario. Sin embargo, las familias insisten en que el motivo del secuestro todavía no tiene una explicación oficial.
Cuestionamientos al distintivo ESR
Según un comunicado presentado por Vizsla Silver ante reguladores, Minera Canam obtuvo el Distintivo ESR del CEMEFI por cuarto año consecutivo. La empresa destacó una inversión superior a USD 600 mil en iniciativas de bienestar comunitario en la región. El CEMEFI describe este reconocimiento como un programa voluntario que evalúa indicadores ambientales, sociales y de gobernanza alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, y exige evidencia documental de las prácticas de responsabilidad social.
Para los familiares, el distintivo resulta difícil de sostener frente a los hechos de Concordia. En su comunicado del 14 de octubre de 2026, preguntaron públicamente qué evaluación realizó el organismo sobre la protección de los trabajadores antes de otorgar la distinción. También cuestionaron si el CEMEFI tuvo conocimiento de los antecedentes de inseguridad que la propia Vizsla Silver reconoció: la empresa suspendió trabajos de campo en abril de 2025 por condiciones de riesgo y los reanudó en mayo del mismo año.
Los familiares pidieron al organismo que explique públicamente los criterios aplicados en este caso y que revise el distintivo a la luz de los cuestionamientos pendientes sobre la actuación de la minera. En esa misma comunicación señalaron que un distintivo de responsabilidad social no debería funcionar como un aval general de la conducta de una empresa mientras existan asuntos graves sin esclarecer.
La respuesta de la empresa y las exigencias pendientes
Vizsla Silver ha señalado en comunicados previos que prioriza la seguridad de su personal y que coopera plenamente con las investigaciones de las autoridades mexicanas. La compañía afirmó que no recibió amenazas previas ni demandas de rescate tras el secuestro. No obstante, el abogado Odracir Ricardo Espinoza, representante de las familias de siete de los trabajadores secuestrados, declaró al diario El País que la empresa no ha colaborado plenamente con la investigación y anunció un plan para presentar una denuncia ante la Real Policía Montada de Canadá.
De acuerdo con los familiares Priscila Murrieta y Alan Esparza, la compañía ofreció a las nueve familias de los trabajadores hallados sin vida dos esquemas de apoyo económico: uno correspondía a liquidación laboral y otro a las “circunstancias trágicas de muerte derivadas de un acto criminal”, por un total de USD 42 mil por familia. Ambos aportaron además un detalle no difundido anteriormente: los criminales sustrajeron a los trabajadores de dos domicilios distintos, y no de uno solo como se informó inicialmente. Exigieron que la empresa entregue las grabaciones de las cámaras de seguridad de las viviendas que rentaba para su personal.
El 8 de octubre de 2026, Vizsla Silver celebró en Vancouver su asamblea anual y especial de accionistas. Los accionistas aprobaron la totalidad de las mociones presentadas, entre ellas la ratificación de siete directores y la designación de Deloitte LLP como auditora. Con motivo de esa asamblea, las familias enviaron formalmente preguntas al Consejo de Administración: pidieron conocer qué evaluaciones permitieron decidir el reinicio de operaciones en mayo de 2025, quién asumió esa responsabilidad y qué información fue entregada a las autoridades mexicanas. Preguntaron específicamente si se preservaron videos de vigilancia, registros de geolocalización, comunicaciones internas, bitácoras y evaluaciones de riesgo previas al ataque.
Vizsla Silver anunció la creación de la Fundación Vizsla, orientada a apoyar a familias y comunidades afectadas por la violencia en sus zonas de operación. Para los familiares firmantes del comunicado, la responsabilidad social de una compañía empieza por la protección de la vida y la dignidad de quienes trabajan para ella.
El caso deja abierta una tensión central: mientras Vizsla Silver refuerza su narrativa de responsabilidad social con inversiones y una nueva fundación, las familias mantienen que ninguna distinción puede sustituir el esclarecimiento de los hechos ni la protección efectiva de los trabajadores. La revisión solicitada al CEMEFI y la posible denuncia en Canadá marcan los próximos pasos en un proceso que, a más de nueve meses, sigue sin respuestas oficiales sobre el origen del ataque.