Habitantes de La Laguna Colorada, al sur de Culiacán, Sinaloa, bloquearon durante la mañana de este jueves el traslado de una mujer detenida en un operativo federal. La movilización derivó en un forcejeo con elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), que ejecutaban una orden de cateo en una vivienda ubicada a un costado de la carretera internacional México 15 libre, en el tramo Culiacán-Mazatlán.
- Punto clave 1: El operativo inició entre las 3:00 y las 3:30 horas; en el inmueble había dos mujeres adultas y una menor de edad.
- Punto clave 2: Inicialmente fueron detenidas dos adultas; tras la presión vecinal, una quedó en libertad y solo Carlota “N”, de entre 40 y 45 años, permaneció retenida.
- Punto clave 3: Los residentes denunciaron daños en viviendas, retiro de dispositivos electrónicos y la falta de exhibición de una orden judicial.
Así se desarrolló el cateo
De acuerdo con testimonios de residentes recabados por medios locales, el ingreso de los elementos se registró durante la madrugada. En el inmueble se encontraban dos mujeres adultas y una menor de edad, quien fue liberada de inmediato. Las dos adultas quedaron detenidas en un primer momento.
Alrededor de las 8:00 horas, familiares y vecinos protagonizaron un forcejeo con los agentes para impedir que se llevaran a las mujeres. Tras el incidente, la adulta más joven fue liberada y únicamente Carlota permaneció bajo resguardo de las fuerzas federales.
Según una de las hijas de la detenida, las autoridades les informaron que dentro del domicilio se había localizado una caja de zapatos de plataforma con contenido sospechoso. La familiar también sostuvo que en la vivienda solo había mujeres y que no se les mostró una orden ni una justificación durante la intervención. Pese a ello, se confirmó que el cateo se realizó en cumplimiento de una orden judicial, aunque no se detalló el contenido del documento.
Denuncias de los habitantes y bienes asegurados
Reportes periodísticos señalaron que al menos seis sujetos armados, que se desplazaban en vehículos sin placas, llegaron durante la madrugada al punto. Los individuos se identificaron como integrantes de la Marina, el Ejército Mexicano y la SSPC, de acuerdo con testimonios recogidos en la comunidad.
Una de las mujeres retenidas y después liberadas indicó que durante las diligencias le quitaron teléfonos celulares, un iPad y otros dispositivos electrónicos, y que permaneció bajo resguardo durante la madrugada y parte de la mañana.
Los vecinos también denunciaron daños en la infraestructura de las viviendas y aseguraron que en una de las propiedades se encontraban una madre de familia, dos menores de edad y un adulto mayor enfermo. Además, se documentó que los elementos derribaron paredes en uno de los inmuebles, lo que generó mayor inconformidad entre los residentes. Uno de los menores, de acuerdo con reportes locales, tiene nacionalidad estadounidense.
“Se quieren llevar a la madre y al menor y también hay un adulto mayor enfermo”, señalaron habitantes del sitio.
Con el paso de las horas, los menores y el adulto mayor fueron liberados; solo Carlota, la madre de familia, permaneció retenida. Además, al menos un vehículo deportivo quedó asegurado dentro del predio y dos inmuebles completos fueron asegurados durante la madrugada.
Intervención de la CEDH y situación jurídica
Óscar Loza, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), acudió personalmente a La Laguna Colorada acompañado del director de Quejas del organismo para escuchar el testimonio de la mujer. Sobre los celulares y la tableta electrónica retirados de la vivienda, el funcionario declaró:
“Los dispositivos podrían contener información de interés para el Ministerio Público”.
Loza explicó que esa versión se la trasladaron las propias autoridades que participaron en el operativo e invitó a los familiares a presentar una queja formal ante la CEDH para que el caso fuera remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También pidió que se permitiera a las autoridades continuar con las diligencias dentro de los plazos legales y advirtió que una demora injustificada podría utilizarse para ejercer presión durante la investigación.
Mientras tanto, los familiares exigían conocer el paradero y la situación jurídica de Carlota. Hasta el cierre de esta nota, ninguna corporación federal había emitido un comunicado oficial sobre los motivos ni los resultados definitivos del operativo.
El episodio en La Laguna Colorada reaviva el debate sobre el uso de la fuerza en operativos federales y la transparencia con que se ejecutan las órdenes judiciales en comunidades rurales. Mientras no se emita un posicionamiento oficial, persiste la incertidumbre sobre los resultados definitivos del cateo y la situación legal de la única detenida.