La Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) de Jalisco abrió un proceso de revisión de sus protocolos de actuación policial luego de que la manifestación por agua limpia del pasado 11 de octubre terminara en enfrentamientos frente a Casa Jalisco. La dependencia estatal convocó a legisladores, académicos, organizaciones civiles y especialistas en seguridad y derechos humanos a participar en el análisis de los procedimientos operativos.
- Punto clave 1: La SSE convocó a legisladores, académicos y organizaciones civiles a revisar los protocolos de actuación policial tras los hechos del 11 de octubre.
- Punto clave 2: El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández González, reconoció fallas en la actuación de varios agentes y se comprometió a que no haya impunidad.
- Punto clave 3: La investigación interna identificó a 17 policías señalados por presunto uso indebido de la fuerza; podrían ser amonestados o separados del cargo.
- Punto clave 4: La protesta por agua turbia y mal olor en cerca de 100 colonias derivó en 39 detenidos y 28 policías heridos, según el Gobierno estatal.
Reconocimiento de fallas y revisión de protocolos
Durante una conferencia de prensa, el titular de la SSE, Juan Pablo Hernández González, reconoció que el comportamiento de varios policías durante la movilización no fue el adecuado y se comprometió a que ninguno de los actos de abuso quede impune.
“Lamentablemente, algunos de los oficiales olvidaron su deber y actuaron de forma impulsiva. Son fallas que asumimos los que estamos aquí presentes, quienes damos hoy la cara”, afirmó Hernández González.
El funcionario añadió que los hechos marcaron un momento oportuno para perfeccionar el modelo de actuación policial y evitar nuevos episodios de abuso de autoridad durante protestas.
“Tenemos una gran área de oportunidad, entendemos que para lograr esa armonía necesitamos estar todas y todos trabajando, en equipo y con una sola visión: cuidar a las y los jaliscienses”, aseguró.
Investigación interna y sanciones
Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad del Estado llevó a cabo una investigación que permitió identificar a 17 policías como presuntos responsables de uso indebido de la fuerza y de acciones fuera de protocolo durante la manifestación. Los agentes fueron citados a declarar ante personal de asuntos internos.
Las sanciones podrían ir desde amonestaciones hasta la separación del cargo, según el grado de responsabilidad de cada elemento. Para fortalecer la integración de los expedientes, la dependencia pidió a la población jalisciense enviar videos de los presuntos abusos directamente a asuntos internos.
Los materiales pueden compartirse al teléfono 33-36-68-79-00, extensión 18069 y al correo electrónico [email protected].
Origen de la protesta y hechos frente a Casa Jalisco
La movilización surgió después de meses de denuncias por agua turbia, con mal olor y coloración amarillenta en cerca de 100 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Entre las zonas más afectadas se encontraban el Centro, Atlas, Jardines de la Cruz y La Minerva.
Días antes de la marcha, el gobernador Pablo Lemus Navarro reconoció que la ciudad atravesaba una crisis de agua potable “como nunca antes”. Como respuesta, el Gobierno de Jalisco anunció la suspensión del aprovechamiento de agua de la presa de Las Pintas, trabajos de modernización del sistema de Miravalle y un esquema de tandeos rotativos durante seis meses.
La marcha partió de la glorieta de La Minerva y avanzó durante casi dos horas hasta Casa Jalisco, residencia oficial de Lemus. Según el reporte del Gobierno estatal, la movilización fue pacífica durante gran parte del recorrido.
El panorama cambió después del mediodía, cuando un grupo de aproximadamente 400 personas derribó las vallas colocadas frente al inmueble. El reporte estatal señala que los agentes utilizaron gases lacrimógenos, cañones hídricos y cuatro dispositivos de dispersión después de que un grupo arrojó objetos contra los antimotines, lo que derivó en enfrentamientos con chorros de agua y bombas aturdidoras.
El saldo oficial fue de 39 manifestantes detenidos —poco más de 30 fueron liberados, aunque todos mantienen investigaciones abiertas por lesiones, ataques a las vías de comunicación y delitos contra las autoridades— y 28 policías heridos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió 41 actas de investigación por los hechos y dictó medidas cautelares para garantizar atención médica y el respeto a los derechos de las personas detenidas.
El llamado de la SSE marca un posible cambio en la forma de atender las protestas sociales en Jalisco. La incorporación de voces académicas y civiles en la revisión de protocolos podría ser un avance, pero la credibilidad del proceso dependerá de los resultados de las investigaciones internas y de las acciones concretas contra los agentes señalados.