La decisión del gobierno de Donald Trump de clasificar a grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) abrió un frente inédito para las compañías que operan en territorio mexicano. Los riesgos ya no se limitan a sanciones financieras: ahora incluyen consecuencias penales, demandas civiles y medidas migratorias para ejecutivos y empleados.
- Punto clave 1: La designación alcanza al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cartel de Sinaloa, grupos previamente clasificados bajo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Ley Kingpin.
- Punto clave 2: Brindar apoyo material consciente a esos grupos puede generar sanciones penales; la definición incluye armas, dinero, suministros e incluso asesoría técnica.
- Punto clave 3: Las compañías enfrentan el riesgo de demandas civiles de víctimas del terrorismo, además de la deportación de cualquier persona considerada miembro de un cártel designado.
Un riesgo penal que supera las sanciones financieras
Claire O’Neil-Macclesky, cofundadora de la firma Clarity Compliance Consulting y exfuncionaria de la OFAC del Tesoro de Estados Unidos, explicó que los cárteles ya estaban sujetos a clasificaciones por crimen transnacional organizado. La nueva etiqueta, sin embargo, añade una capa legal que antes no existía para las empresas con presencia en México.
En julio de 2026, el Departamento del Tesoro actuó contra decenas de empresas y compañías fachada vinculadas al CJNG en distintos estados de México. Esa acción mostró la capacidad para desplegar designaciones de redes empresariales a gran escala, aunque los cárteles se adaptan con rapidez y cuentan con una ventaja de terreno que las autoridades estadounidenses no tienen.
A diferencia de las sanciones financieras previas, la clasificación FTO permite perseguir penalmente a quien preste apoyo material de manera consciente a los grupos señalados. Ese concepto abarca no solo dinero o armas, sino suministros y asesoría técnica. También abre la puerta a demandas civiles presentadas por víctimas de terrorismo contra compañías acusadas de colaborar con esos cárteles.
En el plano migratorio, cualquier persona identificada como miembro de un cártel designado puede ser deportada de Estados Unidos. Según la especialista, esa amenaza alcanza tanto a directivos como a trabajadores de empresas que operan en México.
Extorsión, proveedores y sectores más expuestos
Una de las preocupaciones centrales es que el pago de extorsiones o la colaboración con intermediarios locales puede equipararse con apoyo material a terrorismo. Muchas compañías realizan esos pagos para proteger a su personal y continuar operando. Aunque legalmente no exista una diferencia estricta, sí hay una diferencia funcional en la probabilidad de que las autoridades estadounidenses actúen.
El problema se agrava cuando una empresa desconoce si sus subcontratistas o proveedores logísticos pagan extorsiones sin informarle. Esa opacidad complica el cumplimiento en cadenas de suministro que incluyen transportistas y proveedores locales.
O’Neil-Macclesky identificó a la minería, el transporte de carga transfronterizo, el sector petrolero y la agricultura como las industrias más expuestas. El sector agrícola, en particular, ha sido blanco reiterado de acciones del Departamento del Tesoro.
Otra dificultad habitual es identificar si una amenaza de extorsión proviene realmente de un cártel designado. Las amenazas suelen llegar por mensajes de texto o aplicaciones de mensajería sin que la empresa conozca la organización del remitente, lo que complica saber si una situación concreta activa el riesgo legal.
El huachicol y la lógica del narcoterrorismo
La especialista señaló que el contrabando de combustible, conocido como huachicol, representa en realidad un fraude fiscal asociado al sistema mexicano de permisos para el combustible. El beneficio que obtienen los cárteles de esa actividad no está directamente relacionado con el tráfico de drogas, lo que complica la aplicación de herramientas creadas contra el financiamiento de grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico.
Los cárteles mexicanos están profundamente integrados en negocios lícitos, a diferencia de los grupos yihadistas que podían causar un daño enorme con recursos reducidos. Esa integración obliga a repensar los controles financieros contra el crimen organizado mexicano.
Qué anticipan las empresas en los próximos meses
La reacción del sector privado no es uniforme. Las grandes corporaciones y las instituciones financieras invierten en investigaciones y colocan el riesgo de los cárteles como prioridad. Otras compañías con menor exposición prefieren atender los problemas conforme aparecen, ante la percepción de que las sanciones se aplican de forma impredecible y la presión presupuestaria sobre los equipos de cumplimiento.
La aplicación de sanciones depende cada vez más de la relación política entre la administración Trump y el gobierno mexicano, un factor muy difícil de gestionar para las empresas porque puede cambiar de forma abrupta. Pese a las tensiones, existe una larga historia de cooperación entre agencias estadounidenses y fuerzas de seguridad mexicanas, con altibajos en el intercambio bilateral de información.
En el horizonte, O’Neil-Macclesky anticipa nuevas designaciones de redes vinculadas a los cárteles, así como la posibilidad de acciones civiles o penales contra empresas por apoyo material, casos que suelen tardar años por la complejidad de las investigaciones. Recomendó observar de cerca las decisiones de OFAC y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque la elección de los blancos de sanción revelará las prioridades reales frente al crimen organizado en México.