La Secretaría de la Defensa Nacional ha interpuesto recursos legales para postergar el cumplimiento de una resolución judicial que le ordena entregar al Archivo General de la Nación (AGN) documentos vinculados con la Guerra Sucia, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). La organización señaló que esta resistencia mantiene cerrados expedientes militares que podrían ser clave para esclarecer desapariciones forzadas cometidas en ese periodo.
- Atraso judicial: La Sedena ha promovido recursos legales para demorar la entrega de documentos al AGN, según el Centro Prodh.
- Exigencia de acceso: La organización insiste en abrir archivos militares para esclarecer desapariciones forzadas entre 1965 y 1990.
- Postura presidencial: Claudia Sheinbaum afirmó que la dependencia militar “tiene que responder” a la resolución del Tribunal Colegiado.
Obstáculos para abrir los archivos militares
El señalamiento del Centro Prodh se dio este jueves 15 de octubre, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum abordara el asunto en su conferencia matutina y sostuviera que la dependencia militar “tiene que responder” a la determinación judicial.
El litigio fue promovido por Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, desaparecida en 1978. La resolución del Tribunal Colegiado ordenó crear un mecanismo imparcial para hacer efectiva la entrega de los archivos históricos; su revisión, según el Centro Prodh, podría aportar datos sobre el paradero de víctimas y las responsabilidades en las violaciones a derechos humanos.
Para el organismo, el cumplimiento de la resolución es indispensable para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares. Además, advirtió que persisten obstáculos para consultar documentación militar relevante.
Al referirse a las desapariciones de personas que pensaban distinto o que habían optado por la guerrilla, la presidenta declaró:
La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un documento muy completo de ese periodo lamentable de la historia de México
El Centro Prodh no limitó la exigencia a la entrega de papeles: planteó que el esclarecimiento debe reconocer que las violaciones graves cometidas durante la Guerra Sucia fueron ordenadas desde las más altas esferas del poder. También pidió recuperar las recomendaciones del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que documentó dificultades para consultar expedientes militares sobre los hechos ocurridos entre 1965 y 1990.
El caso de Alicia de los Ríos y la búsqueda de justicia
La mujer desaparecida, madre de Alicia de los Ríos Merino, fue militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. De acuerdo con la documentación del Centro Prodh, fue detenida el 5 de enero de 1978 en la Ciudad de México por agentes policiales y su paradero sigue sin esclarecerse. El organismo acompaña a su familia en la búsqueda de verdad y justicia.
La apertura de expedientes permitiría examinar registros sobre operaciones de las Fuerzas Armadas y otras instituciones de seguridad, así como identificar información útil para reconstruir los hechos y fincar responsabilidades.
La respuesta del gobierno federal
En su conferencia, Sheinbaum informó que su administración trabaja con familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, en particular con el Comité Eureka, colectivo del que formó parte Rosario Ibarra de Piedra, madre de Rosario Piedra Ibarra, actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La mandataria detalló que ha sostenido alrededor de cuatro reuniones con integrantes del colectivo y que las acciones se concentran en tres objetivos: el reconocimiento de la desaparición forzada como práctica ordenada desde las más altas esferas del poder, la búsqueda de verdad y justicia, y el esclarecimiento del paradero de las víctimas.
Sheinbaum sostuvo que, incluso cuando una persona hubiera cometido un delito, las autoridades debían actuar conforme a la ley y no recurrir a la desaparición forzada. Señaló que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, trabaja en el tema junto con la Fiscalía General de la República (FGR). Agregó que Ernestina Godoy designó a Raúl Jiménez para atender la fiscalía especializada en víctimas de desaparición de la Guerra Sucia, mientras Arturo Medina participa en los trabajos relacionados con las recomendaciones de la CNDH.
Los comentarios presidenciales surgieron tras la pregunta de una periodista sobre la resolución judicial que ordena a la Defensa entregar información relacionada con Alicia de los Ríos y otras personas desaparecidas. La comunicadora pidió que, en su calidad de comandante suprema de las Fuerzas Armadas, Sheinbaum instruyera a la dependencia a entregar los expedientes. También mencionó los llamados vuelos de la muerte, una práctica denunciada en investigaciones sobre la represión estatal que consistía en arrojar al mar a personas detenidas; según expuso, existen documentos vinculados a esas operaciones, incluidas referencias a tripulaciones y pagos.
El debate vuelve a colocar en el centro la obligación de esclarecer las desapariciones, abrir los archivos militares y atender a familias que llevan décadas buscando a sus seres queridos. Para el Centro Prodh, el cumplimiento de la resolución judicial y el reconocimiento de la responsabilidad estatal son pasos necesarios para avanzar hacia la verdad, la justicia y la memoria histórica.