- Detención clave: “El Cromo” fue aprehendido en Guadalajara, Jalisco, tres semanas después de la captura del alcalde Miguel Sánchez Altamirano.
- Funcionarios señalados: El edil y “La Parka” enfrentan imputaciones por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado; el excomisionado de policía ya fue vinculado a proceso.
- Pruebas pendientes: Las autoridades deben contrastar testimonios vecinales con registros de patrullaje, bitácoras y comunicaciones oficiales para acreditar la protección institucional.
Las capturas en el ayuntamiento y las acusaciones de la Fiscalía
El 23 de septiembre de 2026, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, fue detenido cuando aún se desempeñaba como presidente municipal de Juchitán. En la misma fecha, las autoridades aprehendieron a Carlos Alberto “N”, alias “La Parka”. La Fiscalía de Oaxaca imputa a ambos probable responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Según la indagatoria, habrían realizado acciones para encubrir o facilitar actividades ilícitas de Los Cromos, aunque la responsabilidad individual tendrá que definirse en el proceso penal.
Un día después, el 24 de septiembre, fue detenido Jhon Keny Segura Moreno, excomisionado de la Policía Municipal. El 1 de octubre se le vinculó a proceso por delitos contra la investigación y la seguridad del Estado, bajo la sospecha de que presuntamente brindaba protección al grupo criminal. Tampoco se ha precisado si la pesquisa alcanza a otros servidores públicos o agentes municipales.
Denuncias vecinales y el reto de probar la protección institucional
Antes de los arrestos, habitantes de Juchitán habían denunciado posibles actos de colaboración entre policías municipales e integrantes de Los Cromos. En sus testimonios, los vecinos describieron el uso de patrullas oficiales para trasladar a personas señaladas como miembros del grupo y para acompañar a quienes cobraban extorsiones a comerciantes. Un testigo relató que un hombre identificado como integrante de la organización subió a una patrulla municipal después de permanecer en un comercio. Otro comerciante aseguró que pagaba mil pesos semanales y que, en ocasiones, quienes acudían a cobrar iban acompañados por una unidad policial.
Para esclarecer estos hechos, las autoridades tendrían que comparar los testimonios con registros de patrullaje, bitácoras de servicio, comunicaciones entre policías, grabaciones disponibles y otros datos de prueba. Aún está por determinarse si los agentes mencionados en las denuncias fueron identificados formalmente y si la Fiscalía les atribuye conductas específicas.
Antecedente: la Operación Sable y el C2 de Juchitán
En junio de 2025, fuerzas estatales y federales tomaron el control de la Policía Municipal y del Centro de Control y Comando (C2) de Juchitán en el marco de la Operación Sable, dirigida contra extorsión, homicidio, secuestro y cobro de piso en el Istmo de Tehuantepec. Ese episodio dejó interrogantes sobre el manejo de las corporaciones y de la información de seguridad. No obstante, hasta ahora no existen elementos públicos suficientes para afirmar que Los Cromos usaran las cámaras del C2, tuvieran acceso a sus sistemas o que algún funcionario alterara registros. La Fiscalía debe aclarar si esos antecedentes forman parte de las líneas actuales de investigación y si hay pruebas que los conecten con Sánchez Altamirano y Segura Moreno.
La detención de “El Cromo” y los vínculos por definir
La aprehensión de Iván Sánchez Santiago se realizó este miércoles 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en un operativo en el que participaron la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Sánchez Santiago contaba con órdenes de aprehensión por homicidio calificado relacionadas con tres víctimas, además de otra orden vinculada con un caso de 2020. Las autoridades también lo relacionan con las investigaciones por el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán.
Sin embargo, su captura no demuestra por sí sola cómo habría operado una posible red de protección institucional. Uno de los puntos pendientes es establecer qué relación mantenía Sánchez Santiago con los funcionarios detenidos y qué pruebas sustentan las sospechas de colaboración. También se desconoce si existen otras órdenes de aprehensión contra personas presuntamente vinculadas con la organización o si se investiga a más integrantes del gobierno municipal.
Otro aspecto por esclarecer es la estructura de Los Cromos y su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades han señalado ese vínculo, pero para dimensionar su alcance es necesario conocer qué información respalda esa identificación, qué funciones desempeñaban los integrantes y cuál era su área de operación.
Las próximas audiencias y los resultados de las diligencias ministeriales deberán definir si las detenciones permiten acreditar responsabilidades individuales y de qué manera las acusaciones por extorsión y otros delitos se conectan con la presunta protección desde el ayuntamiento. Hasta que existan pruebas y resoluciones judiciales, los señalamientos contra los funcionarios y contra los presuntos integrantes de Los Cromos permanecerán como acusaciones sujetas a investigación.