Organizaciones de personas con discapacidad, personas mayores y profesionales hicieron un llamado al Congreso mexicano para impedir que el procedimiento de designación extraordinaria de apoyos se aplace hasta 2030. Advirtieron que una prórroga de ese tipo mantendría un vacío de protección para quienes enfrentan barreras en el ejercicio de su capacidad jurídica.
- El dictamen aprobado: La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló aplazar hasta el 1 de abril de 2030 la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
- La exigencia central: Que el procedimiento de designación extraordinaria de apoyos entre en vigor de manera inmediata en todo el país.
- El punto de partida: La interdicción quedó derogada desde el 8 de junio de 2023, conforme al artículo Décimo Noveno transitorio del decreto.
El desfase entre la derogación de la interdicción y los nuevos procedimientos
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones pidieron a la Cámara de Diputados y al Senado garantizar la aplicación inmediata del mecanismo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado el 7 de junio de 2023 y regulado en los artículos 445 a 455.
Los colectivos reconocieron que existen problemas institucionales, presupuestarios y operativos para aplicar la reforma, pero consideraron que las demoras administrativas no pueden justificar la ausencia prolongada de mecanismos judiciales.
El Código Nacional elimina los procedimientos de interdicción, figuras que permitían restringir la capacidad jurídica de una persona adulta y sustituir su voluntad por decisiones de terceros. Para las organizaciones, ese esquema es incompatible con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a ejercer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
“La eliminación de la interdicción no se acompaña todavía de la entrada en vigor de los nuevos procedimientos judiciales para ejercer la capacidad jurídica con apoyos”, advirtieron.
Esa situación, añadieron, genera un vacío normativo y procesal que compromete la seguridad jurídica de quienes requieren mecanismos excepcionales de protección.
El sustento de la Suprema Corte y el señalamiento de inconstitucionalidad
El pronunciamiento recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tanto en su integración anterior como en la actual, ha sostenido que la interdicción es incompatible con los derechos humanos y que su eliminación no depende de las declaratorias de implementación gradual del Código Nacional.
Además, citó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 11/2023 y la Acción de Inconstitucionalidad 51/2025 como fundamento jurídico para afirmar que los procedimientos de interdicción quedaron derogados desde el 8 de junio de 2023. Por ello, pidieron que ninguna autoridad condicione esa derogación a la implementación gradual del Código Nacional.
Qué es la designación extraordinaria de apoyos y por qué urge aplicarla
La designación extraordinaria de apoyos está prevista para casos excepcionales en los que no es posible conocer la voluntad y las preferencias de una persona, después de realizar esfuerzos reales, considerables y pertinentes. En esos supuestos, una autoridad judicial puede designar apoyos sujetos a salvaguardias estrictas.
El objetivo del mecanismo es proteger derechos y buscar la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona, sin declararla incapaz ni sustituir de manera general sus decisiones. Sin ese procedimiento, advirtió el colectivo, algunas personas pueden quedar impedidas para proteger su patrimonio, hacer valer sus derechos, resolver asuntos familiares o acceder a la justicia.
La incertidumbre también afecta a familiares, personas de apoyo, autoridades judiciales, instituciones financieras y profesionales del derecho, que no cuentan con claridad sobre las actuaciones jurídicamente admisibles.
Los colectivos subrayaron que la ausencia del procedimiento impacta de forma particular a personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial, personas mayores y otras que enfrentan barreras intensas para comunicarse o ejercer sus derechos.
Las demandas concretas al Congreso
Las organizaciones exigieron a las cámaras del Congreso exceptuar expresamente del aplazamiento hasta 2030 el procedimiento de designación extraordinaria de apoyos y ordenar su entrada en vigor inmediata en todo el país.
También solicitaron incorporar un artículo transitorio con reglas claras sobre competencia judicial, accesibilidad, salvaguardias y respeto a la voluntad y preferencias de las personas. Plantearon, además, medidas de capacitación y coordinación para autoridades judiciales, notariales y administrativas, con participación efectiva de organizaciones de personas con discapacidad y de personas mayores.
El documento advirtió que una prórroga de la reforma procesal no debe traducirse en la suspensión de derechos fundamentales. Las organizaciones sostuvieron que el Estado mexicano tiene una obligación inmediata de reconocer y garantizar la capacidad jurídica de todas las personas, por lo que el Congreso debe corregir el vacío antes de aprobar una nueva prórroga y evitar que la falta de procedimientos se prolongue hasta el 1 de abril de 2030.