La movilización ciudadana del pasado 11 de octubre en Guadalajara, convocada para exigir agua potable en Jalisco, derivó en un operativo policial que hoy concentra la atención de organismos nacionales e internacionales. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU llamó al Estado mexicano a investigar de forma inmediata, exhaustiva e imparcial lo ocurrido, y recordó que el uso de la fuerza debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
- Exigencia de la ONU: El organismo pidió al gobierno federal y a Guadalajara esclarecer la represión registrada durante la protesta por agua limpia.
- Cifras oficiales: La Fiscalía Estatal de Jalisco reportó 39 personas detenidas, 28 policías lesionados y 31 civiles con atención médica.
- Investigación local: La Secretaría de Seguridad estatal identificó a 17 policías por presuntamente actuar fuera de protocolo.
El llamado de la ONU y el saldo de la protesta
En un mensaje publicado en la red social X, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU subrayó que la indagatoria debe realizarse de manera inmediata, “exhaustiva e imparcial”. Además, difundió el manual de referencia sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por agentes del orden público.
“El uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad debe darse en el marco de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”, señaló la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU.
Los hechos se registraron durante la mega protesta del 11 de octubre para demandar agua potable en Jalisco. Colectivos ciudadanos y defensores de derechos humanos documentaron detenciones arbitrarias y un uso excesivo de la fuerza policial, con gas lacrimógeno, chorros de agua y bombas aturdidoras. De acuerdo con la Fiscalía Estatal de Jalisco, el operativo dejó 39 personas detenidas, 28 policías lesionados y 31 civiles que recibieron atención médica.
La CNDH investiga y Jalisco señala a 17 policías
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dar a conocer “quién dio la orden” de los sucesos violentos. Cuatro días después de la protesta, la mandataria informó que el organismo independiente ya investiga los enfrentamientos entre civiles y elementos antimotines.
Por su parte, el gobierno de Pablo Lemus argumentó que alrededor de 400 personas ajenas a la protesta agredieron a policías después de las 12:00 horas. En paralelo, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que 17 policías fueron identificados por presuntamente actuar fuera de los protocolos y usar de manera indebida la fuerza durante la marcha. Explicó que las posibles sanciones dependerán del grado de responsabilidad que se compruebe a cada agente.
Hernández también solicitó a la ciudadanía enviar videos al área de asuntos internos para integrar los expedientes. Los materiales pueden compartirse al teléfono 33-36-68-79-00, extensión 18069, o al correo [email protected].
Detenciones, liberaciones y un debate abierto
Los detenidos fueron puestos a disposición por presuntos ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad. Más de 30 de los arrestados recuperaron su libertad, aunque todavía permanecen abiertas diversas carpetas de investigación.
El cruce de señalamientos entre autoridades y organizaciones civiles coloca el desenlace de este caso en el centro de la agenda de derechos humanos. Mientras la CNDH avanza con su indagatoria y la ONU observa el cumplimiento de los estándares internacionales, el deslinde de responsabilidades —tanto de los mandos como de los elementos en campo— será determinante para aclarar si la actuación policial respetó los límites que exige la ley.