La discusión sobre el suministro de agua en la zona metropolitana de Guadalajara se intensificó este día, cuando colectivos ciudadanos se concentraron en las inmediaciones del Congreso de Jalisco para pedir a los legisladores que frenen la propuesta del gobernador Pablo Lemus Navarro para el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara. El proyecto, cuyo financiamiento se plantea bajo el esquema C-MRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación), estaba previsto para discutirse en el pleno del legislativo.
El gobierno estatal ha sostenido que este esquema no equivale a la privatización del manejo del agua; sin embargo, las organizaciones participantes consideran que el mecanismo aseguraría una mercantilización a largo plazo de 25 años y advierten irregularidades y contradicciones en la información oficial.
- Proyecto en disputa: Los colectivos piden al Congreso de Jalisco rechazar el esquema C-MRO para el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, al considerar que abre espacio a la mercantilización del agua por 25 años.
- Costos en cuestionamiento: El costo de construcción se ubica en 11,922 millones de pesos, pero el techo de pagos podría llegar a 48,296 millones de pesos a 25 años, según las organizaciones.
- Postura federal en análisis: La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Conagua revisa la propuesta de Lemus y que se reunirá con él cuando tenga claridad.
Los señalamientos económicos y las inconsistencias técnicas
De acuerdo con los voceros del movimiento, la información oficial del megaproyecto presenta omisiones e inconsistencias graves. Advirtieron que el Estado podría comprometer recursos colectivos durante décadas sin que se haya demostrado que este modelo sea más conveniente que la obra pública tradicional.
En materia de costos, las cifras citadas por los colectivos muestran una diferencia relevante:
- El costo de construcción se presenta en 11,922 millones de pesos.
- El techo de pagos del contrato podría alcanzar 39,689 millones de pesos a 20 años o 48,296 millones de pesos a 25 años.
- En marzo de 2026, la estimación del proyecto era de 6,500 millones de pesos, por lo que los activistas señalan un riesgo de sobrecostos y endeudamiento.
También se denunciaron contradicciones técnicas y ambientales. El gobierno ha prometido que no se extraerá del lago más de 7.5 metros cúbicos por segundo; el proyecto publicado contempla una capacidad máxima de 10 metros cúbicos por segundo y la iniciativa presentada al Congreso considera hasta 8 metros cúbicos por segundo.
Los colectivos subrayaron la ausencia de un balance hídrico integral con escenarios de sequía, lo que impide evaluar suficientemente los efectos de la obra sobre la disponibilidad de agua, las necesidades ecológicas del lago y las comunidades ribereñas.
Falta de diagnóstico y postura federal
Otro punto central de la protesta es la ausencia de un diagnóstico real sobre el acueducto actual. Las organizaciones exigieron transparencia y afirmaron que las autoridades no han mostrado pruebas de que la infraestructura existente esté por desmoronarse o se encuentre obsoleta.
También evidenciaron que falta una evaluación suficiente de alternativas como la reducción de fugas, la recuperación de la capacidad instalada y la rehabilitación de las redes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al tema después de pronunciarse sobre la represión en la huelga del 11 de octubre en Jalisco para exigir agua potable. Explicó que el gobernador Pablo Lemus le planteó utilizar el esquema C-MRO y que este modelo se usa para construir carreteras, pero aclaró:
“En agua es distinto”
Sheinbaum afirmó que, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se encuentra analizando la propuesta del gobernador y que hasta que tenga claridad se reunirá con él para decidir cómo el gobierno federal lo apoyará.
El proyecto busca reemplazar el sistema antiguo que conduce agua desde Chapala hasta la presa Las Pintas. Según Lemus, la nueva infraestructura permitiría mejorar la calidad del líquido que llega a la ciudad sin aumentar la extracción del Lago de Chapala, fuente que aporta 65% del agua potable de la metrópoli.
Qué está en juego
La iniciativa enfrenta un escenario de presión ciudadana y revisión federal. Mientras los colectivos insisten en que el esquema C-MRO comprometería recursos públicos durante décadas, la decisión del Congreso de Jalisco y la postura del gobierno federal definirán si el proyecto avanza o si se somete a nuevas evaluaciones técnicas y financieras.