Entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de octubre de 2026, 665 agentes de seguridad pública fueron asesinados en México, según el informe de Causa en Común. El documento Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico sitúa esos homicidios en un periodo caracterizado por salarios bajos, equipamiento insuficiente, ausencia de carrera policial y designación de mandos militares en corporaciones estatales.
- Punto clave 1: Durante 2026 se registraron al menos 223 homicidios de agentes: 87 policías municipales, 73 estatales, 44 de la Guardia Nacional, 12 del Ejército, 5 policías federales y 2 de la Marina.
- Punto clave 2: Jalisco encabezó el registro de víctimas con 37 casos, seguido de Michoacán con 29, Sinaloa con 25, Guanajuato con 17 y Estado de México con 16.
- Punto clave 3: El estudio vinculó la violencia con deficiencias institucionales y propuso retirar de forma paulatina a las Fuerzas Armadas de tareas civiles.
Un periodo letal para las corporaciones
En 2026 fueron asesinados al menos 223 agentes de seguridad pública. De esa cifra, 87 correspondieron a policías municipales y 73 a policías estatales. La Guardia Nacional concentró 44 decesos; el Ejército, 12; las policías federales, 5, y la Marina, 2. Entre el 2 y el 8 de octubre se identificaron dos homicidios de agentes: uno en Guanajuato y otro en el Estado de México.
El desglose estatal coloca a Jalisco con 37 agentes asesinados, seguido por Michoacán con 29, Sinaloa con 25, Guanajuato con 17 y Estado de México con 16. La organización sostuvo que una parte de los casos permaneció impune y que las fallas institucionales limitaron la capacidad de las corporaciones para prevenir delitos, investigar conductas irregulares y garantizar condiciones laborales para su personal.
Precariedad laboral y vacíos de profesionalización
Causa en Común señaló que los recursos destinados a las policías estatales crecieron de manera marginal, mientras los riesgos para los agentes aumentaban. A la par, el Consejo Nacional de Seguridad Pública redujo su actividad operativa; sus acuerdos carecieron de plazos y mecanismos claros de verificación, y persistieron vacíos sobre el número real de policías en el país.
“No existe información confiable sobre el estado de las corporaciones. No se conoce con exactitud el número de policías que hay en el país. No existen servicios profesionales de carrera en la mayoría de las corporaciones; y, donde no existen reglas claras de ingreso, permanencia y ascenso, es imposible crear incentivos para crear una auténtica profesionalización policial”.
El informe documentó al menos 137 movilizaciones de policías durante el sexenio en demanda de mejores condiciones de trabajo. Las carencias se reflejaron en ingresos por debajo de los parámetros oficiales, falta de seguridad social, jornadas extremas y deficiencias de infraestructura y equipamiento. En formación, pocas academias dieron seguimiento a las necesidades de capacitación, y la eficiencia terminal no permitió determinar con certeza la efectividad de la profesionalización. El estudio señaló anomalías en registros institucionales, incluido el caso de la policía de la Ciudad de México, que informó más egresados que ingresos.
Sobre ascensos, solo se conoció que en 2024 ascendieron 2,086 policías municipales: 886 en Jalisco, 473 en Puebla y 168 en Nuevo León, sin precisar cargos ni municipios de adscripción. Campeche, Nayarit, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas no informaron comisiones de carrera policial.
Militarización y falta de controles internos
Hasta el 9 de octubre de 2026, 15 mandos de origen militar estaban al frente de secretarías estatales de seguridad pública: siete provenientes del Ejército y ocho de la Marina. Las entidades con titulares de ese perfil incluyeron Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Estado de México, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas. Para Causa en Común, ese tipo de nombramientos debilitó los incentivos para construir carreras policiales civiles y reforzó la subordinación de las instituciones de seguridad pública a lógicas militares.
El diagnóstico también mostró escasez de mecanismos disciplinarios. Prácticamente todas las policías estatales carecieron de instrumentos normativos para regular procedimientos, salvo Veracruz y Zacatecas, que no respondieron solicitudes de información. Ninguna corporación estatal contó con protocolos de alerta temprana ni con lineamientos específicos para recibir quejas internas. De las 1,898 corporaciones municipales registradas en el país, solo 152 informaron tener una Unidad de Asuntos Internos formalmente constituida.
En certificación, en 2024 el 70% de los policías estatales y el 57% de los municipales contaban con Certificado Único Policial vigente. Chiapas, Chihuahua y Querétaro reportaron 100% de personal estatal certificado; Guerrero informó 18% y Oaxaca apenas 2%, las proporciones más bajas mencionadas en el documento.
El estudio concluyó que las diferencias entre entidades, los vacíos normativos y la falta de estructuras administrativas ponen en duda la utilidad de los datos disponibles. Como salida, propuso retirar de forma paulatina a las Fuerzas Armadas de tareas civiles y colocar el fortalecimiento de las policías locales como prioridad gubernamental.