Las condiciones laborales de los cuerpos policiales en México muestran un panorama de precariedad y abandono institucional. El estudio Las Policías en México: consecuencias de un abandono histórico, publicado este 15 de octubre por Causa en Común, revela que la mayoría de los agentes municipales percibe ingresos insuficientes y que el desarrollo profesional sigue siendo una asignatura pendiente en gran parte del país.
- Ingresos insuficientes: 55% de los policías municipales gana menos de 15 mil pesos al mes, pese a que el ingreso neto estimado para una familia policial es de 16 mil 668 pesos.
- Pocas vías de ascenso: solo 17 de las 32 policías estatales han constituido formalmente un servicio profesional de carrera.
- Jornadas desgastantes: se documentaron turnos de 24 por 24, 12 por 24 y 12 por 12 horas, además de acuartelamientos de hasta seis días.
Salarios, prestaciones y protección social desiguales
De acuerdo con el informe, la organización retoma una estimación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fija en 16 mil 668 pesos mensuales el ingreso neto necesario para cubrir las necesidades de una familia. Sin embargo, 6.9% de los policías estatales gana menos de 10 mil pesos al mes y 55% de los agentes municipales percibe menos de 15 mil pesos.
La brecha también se observa en el acceso a servicios de salud: 97.6% de los policías estatales está afiliado a una institución de salud, frente a 53% de los municipales. Las prestaciones para estos últimos presentan carencias críticas; en 2024, solo 58% contaba con seguro de vida, apenas 6% tenía seguro de retiro, 30% disponía de atención psicológica y 28% tenía acceso a apoyos para familiares de policías muertos en servicio.
Un crecimiento profesional limitado por normas y formación insuficientes
El estudio identifica que la construcción de una carrera policial estable choca con la ausencia de reglas claras. Únicamente 17 de las 32 corporaciones estatales han formalizado su servicio profesional de carrera, el mecanismo que debe regular ingreso, permanencia, ascensos, evaluación y estímulos. Además, 21 corporaciones estatales carecen de catálogos de puestos actualizados, lo que deja sin criterios formales los requisitos para ocupar cargos jerárquicos y obtener promociones.
La formación tampoco escapa al abandono. La mayoría de las policías estatales no cuenta con mecanismos adecuados para actualizar planes de estudio, métodos de enseñanza ni criterios de evaluación de reclutas. A ello se suma la falta de información suficiente sobre los recursos destinados a la formación inicial, lo que impide valorar si la preparación corresponde a las tareas de prevención, proximidad, investigación y uso de la fuerza.
Jornadas, instalaciones y conflicto interno
La precariedad laboral se refleja en los horarios. Causa en Común documentó turnos de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, de 12 por 24 y de 12 por 12, así como periodos de acuartelamiento de dos, tres y hasta seis días. La organización advierte que estas jornadas pueden afectar la salud física y mental de los agentes, alterar su vida familiar y aumentar el riesgo de deserción.
En infraestructura, de las 31 corporaciones estatales que compartieron información, 29 reportaron contar con dormitorios; Colima y Nayarit carecían de ellos. Asimismo, 30 tenían comedor y Nayarit no disponía de ese espacio.
Las tensiones internas también forman parte del diagnóstico. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se registraron 137 movilizaciones policiales: 63 paros, 64 manifestaciones y 10 emplazamientos a paro. El 62% de estas acciones fue encabezado por policías municipales y 20% por estatales. Entre las causas, los abusos laborales y conflictos con mandos concentraron 27%; los salarios bajos o sin homologar, 20%; la falta de prestaciones, 19%; la carencia de equipamiento, 9%, y los pagos pendientes, otro 9%.
La violencia contra agentes y las propuestas de atención
El diagnóstico de Causa en Común también contabiliza al menos 665 policías asesinados entre octubre de 2024 y el 9 de octubre de 2026: 360 municipales, 220 estatales y 85 federales. Para la organización, la protección de los agentes requiere mecanismos de prevención de riesgos, atención a amenazas y acompañamiento a las familias de quienes mueren en servicio, además de equipamiento y condiciones institucionales adecuadas.
El informe advierte sobre la falta de un modelo policial nacional que establezca capacidades mínimas, financiamiento suficiente y responsabilidades claras entre Federación, estados y municipios. Entre sus propuestas figuran una política nacional de salarios y seguridad social, fortalecer la atención psicológica, mejorar la protección para las familias de policías asesinados, actualizar los registros de personal y crear un modelo nacional de academias policiales.
El reto, señala la organización, no se limita a sumar más elementos a las corporaciones, sino a ofrecer condiciones laborales, formación y reglas de ascenso que permitan a los policías permanecer en sus instituciones y construir una carrera profesional de largo plazo.