Una organización dedicada al tráfico de metanfetamina y fentanilo en el sur de Nuevo México era coordinada desde una cárcel de Ciudad Juárez por un ciudadano estadounidense, según documentos judiciales. En total, cinco personas enfrentan cargos federales por su presunta participación en esta red, cuyas operaciones quedaron documentadas mediante tres entregas controladas realizadas entre septiembre y octubre de 2025.
- Presunto cabecilla desde prisión: Félix Anthony Salazar III, de 34 años y ciudadano estadounidense, coordinaba las transacciones mediante llamadas telefónicas desde un penal de Ciudad Juárez.
- Tres operativos encubiertos: Las entregas se concretaron en Anthony, Sunland Park y Las Cruces, Nuevo México, con pagos que oscilaron entre mil 800 y 3 mil 800 dólares.
- Droga confirmada en laboratorio: Las pruebas identificaron 973, 468 y 984 gramos de metanfetamina pura, además de 251 gramos de fentanilo.
Así funcionaba la red desde Ciudad Juárez
La investigación comenzó a mediados de 2025, cuando el FBI, la unidad Las Cruces/Doña Ana County Metro Narcotics y Homeland Security Investigations (HSI) detectaron una organización que trasladaba droga desde Ciudad Juárez hacia comunidades del sur de Nuevo México. Los investigadores identificaron a Félix Anthony Salazar III, quien permanecía encarcelado en la ciudad fronteriza mexicana, como el presunto articulador de las transacciones con compradores en territorio estadounidense.
El primer operativo se registró el 5 de septiembre de 2025 en Anthony, Nuevo México. Un agente encubierto compró aproximadamente un kilogramo de metanfetamina por 3 mil 800 dólares. Yadira Lizett Cano, de 28 años y originaria de El Paso, Texas, condujo el vehículo hasta el punto de encuentro junto a un pasajero de 16 años, quien entregó la droga y cobró el pago. Las pruebas de laboratorio confirmaron 973 gramos de metanfetamina pura. De acuerdo con los investigadores, Cano utilizó a sabiendas al menor para facilitar la operación.
El 17 de septiembre de 2025 se concretó una segunda transacción en Sunland Park, Nuevo México, por medio kilogramo de metanfetamina a cambio de mil 800 dólares. Moses Andrew Gonzales y Martha Janeth Grijalva Fierro, ambos de 36 años y residentes de El Paso, llegaron juntos al lugar; Gonzales entregó la droga al agente encubierto. Las comunicaciones entre Salazar y Grijalva Fierro la vincularon directamente con el acuerdo, según la investigación. El laboratorio confirmó 468 gramos de metanfetamina pura.
La tercera entrega, registrada el 24 de octubre de 2025 en Las Cruces, incluyó metanfetamina y píldoras de fentanilo. Suleima Eidali Miranda, de 31 años, condujo al agente encubierto hasta una residencia, donde entregó los paquetes a cambio de 2 mil dólares. Las pruebas confirmaron aproximadamente 984 gramos de metanfetamina pura y 251 gramos de fentanilo, la de mayor volumen combinado de las tres operaciones.
Los cargos y la entrega del presunto líder
Salazar, Cano, Gonzales, Grijalva Fierro y Miranda enfrentan el cargo federal de conspiración para distribuir metanfetamina. A esa acusación se suman cargos específicos según el rol de cada persona en la organización: Cano también está acusada de distribución de metanfetamina y de usar a un menor en una operación de drogas; Gonzales y Grijalva Fierro enfrentan cargos de distribución de metanfetamina; Miranda está acusada de distribución de metanfetamina y fentanilo, además de conspiración para distribuir fentanilo junto a Salazar.
Los cinco acusados fueron arrestados y permanecen bajo custodia federal. Salazar, que había estado encarcelado en Ciudad Juárez, se entregó a la policía estadounidense el domingo por la noche del 11 de octubre de 2026, después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
El primer asistente del fiscal de Estados Unidos, Ryan Ellison, y el agente especial a cargo Justin A. Garris, de la oficina del FBI en Albuquerque, dieron a conocer el caso. La Agencia Residente de Las Cruces investigó la causa con la asistencia de Las Cruces/Doña Ana County Metro Narcotics y HSI. La asistente del fiscal de Estados Unidos Devon Aragón Martínez está a cargo del procesamiento judicial.
Marco de la investigación y presunción de inocencia
La investigación se enmarca en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159, “Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión”. Se trata de una asociación de todo el gobierno dedicada a desarticular cárteles criminales, bandas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de contrabando y tráfico de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos.
Mediante la colaboración interinstitucional, el HSTF dirige recursos de las fuerzas del orden hacia la identificación, investigación y enjuiciamiento de delitos cometidos por estas organizaciones, con énfasis particular en casos que involucran trata de niños u otros delitos contra menores, y en el uso de herramientas para procesar y expulsar a extranjeros criminales violentos de Estados Unidos.
Las autoridades recordaron que una denuncia penal constituye únicamente una acusación, y que todas las personas acusadas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.