La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a una instancia superior la disputa legal por el reconocimiento de la actriz Kate del Castillo como víctima en la investigación relacionada con su encuentro de 2015 con Joaquín “El Chapo” Guzmán. El 14 de octubre de 2026, la fiscalía presentó un recurso de revisión contra el amparo que reconoce a la actriz y a su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc., dentro de la carpeta FED/FEAI/FEAI-CDMX/0000318/2025.
- La FGR impugnó el fallo: El recurso de revisión fue presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
- El amparo cuestionado: Un juez federal anuló la negativa de la fiscalía y ordenó reconocer a la actriz y a su empresa como víctimas.
- Un litigio de años: El caso se origina en la reunión de 2015 con Joaquín “El Chapo” Guzmán y las filtraciones posteriores.
La disputa por el reconocimiento de víctima
Un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal deberá resolver si confirma, modifica o revoca la protección constitucional. El recurso de revisión permite que un tribunal superior analice una sentencia de amparo antes de que quede firme; en este caso, el agente del Ministerio Público formuló agravios contra el fallo que benefició a Del Castillo y a su productora.
El trámite impugnado comenzó el 1 de abril de 2025, cuando el apoderado legal de la actriz presentó una denuncia ante la Oficialía de Partes de la FGR. En ella señaló a personas servidoras y exservidoras públicas que participaron en investigaciones anteriores, atribuyéndoles actuaciones y omisiones que podrían constituir delitos contra la administración de justicia.
El 12 de mayo de 2025, la defensa pidió que se le reconociera como víctima. Ante la falta de respuesta y el bloqueo para consultar el expediente, Del Castillo presentó una demanda de amparo el 25 de septiembre de 2025, admitida con el número 858/2025. El juez de Distrito Julio César Molina García consideró que la fiscalía se equivocó al pedir pruebas de un daño antes de reconocerla como víctima, pues bastaba con que los hechos denunciados tuvieran relación directa con ella y su empresa. Por ello anuló el acuerdo que negaba el reconocimiento y ordenó emitir uno nuevo.
La negativa original se firmó el 29 de octubre de 2025 por una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos. La fiscalía argumentó que la actriz y su productora eran solo denunciantes y no habían comprobado un daño directo, por lo que no les dio acceso al expediente. Esa decisión fue autorizada por Adrián Téllez Martínez, fiscal en jefe de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.
La diferencia es sustantiva: una víctima reconocida puede consultar registros, recibir notificaciones y participar en el proceso, mientras que un denunciante queda fuera del seguimiento. Al no obtener ese estatus, la defensa no pudo revisar la carpeta ni dar seguimiento a las diligencias, lo que llevó a la actriz a ampliar su demanda de amparo el 5 de diciembre de 2025.
Antecedentes de un litigio que no es nuevo
En febrero de 2023, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó un amparo similar a favor de Del Castillo. Entonces ordenó a la FGR reconocerla como víctima en otra carpeta y dio un plazo de 90 días al Ministerio Público Federal para determinar si había delitos que perseguir contra los funcionarios y exfuncionarios señalados.
En aquella denuncia, la actriz acusó a las autoridades de haber filtrado información de la investigación abierta en su contra y de haberla citado oficialmente como “testigo” mientras la trataban como sospechosa, lo que impidió una defensa adecuada. También señaló que se le negó el acceso a la investigación y que quedó “marcada socialmente con el signo de la culpabilidad” pese a no haber cometido los delitos imputados. Su expediente mencionó declaraciones de la entonces procuradora Arely Gómez González y del entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, incluida una entrevista de la titular de la PGR con el periodista Joaquín López-Dóriga, en la que, según la denuncia, se reveló información de la indagatoria e incluso se insinuó una relación sentimental con el narcotraficante.
“Ella me persiguió, hizo todas las cosas, filtrando información de forma totalmente ilegal, exhibiéndome públicamente todos los días.”
Esa declaración la hizo Del Castillo en una entrevista posterior con Noticias Telemundo sobre el papel de la exprocuradora.
El origen del conflicto se remonta a la fuga de Guzmán Loera del penal del Altiplano el 11 de julio de 2015. El 25 de septiembre de 2015, Del Castillo viajó a La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa, para reunirse con el narcotraficante y explorar una película biográfica. Al encuentro también asistió el actor estadounidense Sean Penn, quien publicó una crónica en la revista Rolling Stone. La entonces Procuraduría General de la República abrió el 14 de octubre de 2015 la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/523/2015. La actriz fue investigada durante 17 meses por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento, sin pruebas suficientes para vincularla con el Cártel de Sinaloa. La averiguación fue archivada el 21 de marzo de 2017 con el no ejercicio de la acción penal.
A su regreso a México en diciembre de 2018, Del Castillo afirmó:
“Me difamaron. Me causaron y siguen causando afectaciones a mí y a mi familia. La ley establece que toda investigación debe mantenerse en secreto, la mía fue la excepción.”
También señaló que se vulneró su derecho de defensa: “La PGR simuló mi calidad de testigo cuando era investigada.”
En septiembre de 2025, Del Castillo contó al creador de contenido Nayo Escobar que la DEA la mantuvo bajo vigilancia mientras filmaba Ingobernable en San Diego. “Había momentos en que me decían ‘Es que viene la DEA’ y yo así, hablándole a mis abogados, vestida de la Ingobernable, así de ‘Oye, ¿salgo, o no salgo?’”, relató. Meses después, ante Jorge “El Burro” Van Rankin, aseguró que Sean Penn la utilizó “de carnada literalmente” y que sufrió un ataque de pánico tras el encuentro.
La demanda civil por 60 millones de dólares sigue activa
En paralelo, la actriz mantiene una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado en la que exige una indemnización de 60 millones de dólares al gobierno mexicano. Fue presentada entre 2017 y 2018 contra la entonces PGR y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Su argumento central es que la filtración ilegal de información dañó su honor, reputación y actividades profesionales, e incluso le impidió regresar a México por temor a ser detenida.
En agosto de 2025, Del Castillo confirmó que el proceso seguía activo:
“Va caminando, yo no tengo prisa ni mucho menos, ¿no? Pero va bien, poco a poco, y poco a poco se van sabiendo más cosas, y que nos dejen ver pues todo, porque nunca nos dejaron ver cuando sucedió todo eso, ni siquiera mis abogados sabían de qué me estaban defendiendo.”
Calificó su caso como una estrategia de distracción: “Generaron una cortina que tenía como propósito distraer a los mexicanos de los verdaderos problemas. Me utilizaron como distractor. No cometí ningún delito. Fui víctima de persecución política. El Estado me persiguió y me atacó.”
En septiembre de 2026, ante la pregunta de si había desistido, la actriz fue contundente: “No lo quitaré.”
La decisión del Tribunal Colegiado será clave para definir si la actriz puede consolidar su participación como víctima en la carpeta actual o si la fiscalía mantiene su postura de tratarla solo como denunciante. Mientras tanto, el caso continúa alimentando un enfrentamiento legal que ya supera una década y que sigue sin cerrarse en los tribunales mexicanos.