El asesinato del comerciante Jesús Alvarado Carrera, “El Chuy”, y su esposa, Rosalba Sánchez, tomó un nuevo rumbo este jueves 15 de octubre, después de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) señalara que ambos presuntamente participaban en una red de préstamos “gota a gota” ligada a la extorsión de pequeños comerciantes. La pareja fue atacada a balazos el pasado 3 de octubre en San Martín Mexicapam, cuando viajaba en motocicleta por la colonia Ejidal.
Jesús era conocido por vender elotes y esquites en el centro de Oaxaca de Juárez, y el asesinato de la pareja causó consternación entre comerciantes y clientes.
- Punto clave 1: La Fiscalía ubica una deuda de 50 mil pesos como una de las claves del doble homicidio.
- Punto clave 2: “El Chuy” habría dejado de ser víctima para convertirse en prestamista y operar presuntamente mediante Fem Capital Financiera.
- Punto clave 3: El caso se cruza con una red de extorsión, cobro de piso y préstamos usureros vinculada con la ASAEO.
De víctimas a prestamistas
El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que al inicio las víctimas fueron consideradas posibles afectadas por extorsión. El análisis de teléfonos celulares, documentos y grabaciones, sin embargo, abrió otra línea de investigación.
“En un primer momento lo consideramos como víctima de esta serie de acciones de gota a gota, pero después, hay que señalarlo, él mismo se convirtió en un prestamista de esta serie de acciones y también cayeron en actos de violencia”, declaró Rodríguez Alamilla.
La Fiscalía identificó a dos presuntos agresores que siguieron a la pareja en motocicleta; sus identidades no fueron reveladas. Según las indagatorias, “El Chuy” comenzó pidiendo préstamos a una organización que financiaba a pequeños comerciantes y, posteriormente, habría creado su propia estructura crediticia.
La pista financiera
La pareja presuntamente operaba mediante Fem Capital Financiera, empresa que, de acuerdo con la Fiscalía, podría haber servido para ocultar el origen de recursos. También se investiga a la madre de Rosalba Sánchez, cuya cuenta bancaria habría recibido depósitos destinados a financiar los préstamos.
Entre los indicios recuperados hay libretas de cobranza, registros de deudas y audios en los que presuntamente Jesús amenazaba a deudores. Se localizó además una grabación de un hombre identificado como “Gus”, a quien el comerciante llamaba “Padrino”, en la que le reclama 50 mil pesos.
Rodríguez Alamilla sostuvo que el homicidio estaría relacionado con las deudas y las presiones de cobro dentro de esa organización. La hipótesis sigue bajo investigación.
Red de anexos y cobro de piso
Los préstamos “gota a gota” son financiamientos informales con desembolsos inmediatos, pagos diarios o semanales y, frecuentemente, intereses elevados. Cuando no se cubren, algunas redes recurren a amenazas, intimidaciones y agresiones.
En Oaxaca, la FGEO detectó una estructura que presuntamente entregaba entre 20 mil y 50 mil pesos a intermediarios para distribuir montos menores entre comerciantes. Los cobros podían incluir vigilancia de negocios, localización de deudores y presión directa.
En paralelo, la Fiscalía intervino nueve centros de rehabilitación supuestamente ligados a una red de extorsión, cobro de piso y préstamos usureros protegida por la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO). Algunos anexos habrían reclutado a personas con problemas de adicciones como cobradores, vigilantes o informantes.
El primer cateo fue el 2 de septiembre en Casa de Media Luz–Vikingos Despertar Oaxaca, con la detención de un hombre conocido como “Padrino Paye”; otros ocho establecimientos fueron intervenidos el 8 de octubre. Las autoridades ubicaron un grupo de WhatsApp con 94 integrantes que coordinaba a responsables de anexos y operadores de cobranza. La organización habría obtenido 20 millones de pesos mensuales mediante extorsiones, cobro de piso y préstamos.
El asesinato de “El Chuy” y Rosalba Sánchez dejó de leerse únicamente como un caso de extorsión contra comerciantes y se convirtió en una pesquisa sobre presuntos vínculos con el financiamiento ilegal. La Fiscalía mantiene identificados a los posibles responsables del ataque y busca establecer el alcance de la red que operaba en los Valles Centrales de Oaxaca.