La confirmación de que Héctor Javier Montoya Chávez, La Rana, abandonó el Centro Federal de Reinserción Social Número 14, en Gómez Palacio, Durango, reavivó la exigencia de justicia de las familias de las víctimas del Casino Royale de Monterrey. Samara Pérez Muñiz, vocera del Colectivo 52+2, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a su titular, Ernestina Godoy Ramos, transparentar el proceso federal que derivó en la excarcelación.
- Punto clave 1: Montoya Chávez salió del penal conforme a una orden de libertad bajo protesta emitida dentro de la causa penal 162/2011.
- Punto clave 2: La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la liberación a los deudos el 12 de octubre de 2026, después de que el caso ya era público en medios.
- Punto clave 3: Las familias pidieron a la FGR información sobre la vertiente federal y medidas de protección ante la salida de sentenciados.
Una excarcelación que reabrió el reclamo
Montoya Chávez cumplía una sentencia de 15 años por su participación en el ataque al Casino Royale. La liberación se aplicó de manera exclusiva a la causa penal 162/2011 y no canceló otros procedimientos pendientes en su contra, de acuerdo con el portal ABC Noticias. La salida se hizo pública el 14 de octubre de 2026; la orden judicial estableció su libertad a partir de los últimos minutos del 4 de octubre del mismo año.
El 25 de agosto de 2011, un grupo armado irrumpió en el establecimiento, ubicado sobre la avenida San Jerónimo. Los agresores rociaron combustible y provocaron un incendio que dejó 52 personas sin vida, entre ellas dos mujeres embarazadas, según el portal ABC Noticias. En ese momento, Montoya Chávez formaba parte del cártel de Los Zetas.
Un tribunal lo condenó por su responsabilidad en el atentado y por delitos federales adicionales derivados del mismo expediente. La noticia de su excarcelación reavivó el reclamo de los deudos, que aseguran no haber recibido información oportuna de las autoridades federales.
El desencuentro entre el fuero estatal y el federal
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la liberación a las familias apenas el 12 de octubre de 2026, después de que la información ya había trascendido en medios nacionales. La vocera del colectivo planteó la diferencia entre ambas vías procesales.
“Hay dos procesos en el caso, uno federal y uno estatal. De la vertiente federal no tenemos ninguna información”, declaró Samara Pérez Muñiz.
La vocera sostuvo que el colectivo ha buscado ser atendido directamente por la fiscal general de la República.
“Hemos estado solicitando que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, atienda a las familias”, afirmó.
Las familias también pidieron la intervención de Martha Yuriria Rodríguez Estrada, comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para acceder a información y acompañamiento en el ámbito federal. No obstante, autoridades de Nuevo León respondieron que los asuntos federales no son de su competencia, lo que dejó a los deudos sin una ruta clara.
Los familiares intentaron contactar al subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, para gestionar una reunión con Godoy, pero ese canal directo no se ha concretado. Además, pidieron ser integrados como terceros interesados en el juicio federal para conocer el universo completo de personas investigadas y el estado de cada resolución.
Seguridad pendiente y el papel de la justicia federal
El 12 de octubre, el colectivo se reunió con el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar. La autoridad estatal informó sobre la liberación y explicó que las medidas de protección solo se otorgan cuando ya existe una agresión.
“Las medidas de protección se solicitan por la peligrosidad, no solamente de esta persona Héctor Montoya, sino también por El Voltaje”, señaló Pérez Muñiz.
Según la vocera, la postura transmitida fue que primero tendría que ser amenazada o estar muerta para acceder a un resguardo. La solicitud de medidas de protección presentada desde el 8 de octubre de 2026 ante la Fiscalía de Nuevo León seguía sin resolverse.
El 8 de octubre también trascendió que la jueza federal Mabel Cortés Navarrete autorizó la excarcelación de dos sentenciados en el mismo expediente: Montoya Chávez y José Alberto Loera Rodríguez, El Voltaje, señalado asimismo como integrante de Los Zetas. Loera Rodríguez permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 12, en Ocampo, Guanajuato, debido a otras causas penales por homicidio y asociación delictuosa.
Tras confirmarse la salida de Montoya Chávez, el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito solicitó al juzgado correspondiente localizarlo para notificarle futuras resoluciones relacionadas con su proceso.
Los familiares también mantienen comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la posible clausura de la recomendación 66/2012. Ese pronunciamiento acreditó la ausencia del deber de cuidado y la falta de control de diversas autoridades, y exigió medidas administrativas, jurídicas y de no repetición que el colectivo considera pendientes.
“Nos faltan palabras para esta indignación que sentimos, es muy doloroso ver estas situaciones, como la liberación del implicado”, expresó Pérez Muñiz. “A quince años no hemos visto justicia”.
El reclamo de las familias se mantiene en dos ejes: acceso a la información del expediente federal y garantías de seguridad ante la salida de sentenciados. Mientras la Fiscalía General de la República no emita una respuesta pública, el colectivo advirtió que continuará recurriendo a las instancias disponibles para dar seguimiento al caso.