A un año del homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que las indagatorias alcanzan un avance estimado de 90 por ciento y suman 33 personas detenidas. El balance fue presentado el 16 de octubre de 2026 por Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del despacho de la FGE, acompañado por el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, y el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina.
- Punto clave 1: La Fiscalía estima 90% de avance en el esclarecimiento y reporta 33 detenidos.
- Punto clave 2: Dos detenidos son investigados como probables autores intelectuales del ataque.
- Punto clave 3: Las autoridades mantienen abierta la línea de una posible represalia del crimen organizado.
Móvil del ataque: posible represalia del crimen organizado
De acuerdo con la Fiscalía, los indicios recabados durante las diligencias ministeriales, periciales y de inteligencia apuntan a una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad implementadas en Uruapan. En particular, las autoridades mencionaron la detención de René “N”, alias “El Rino”, señalado como presunto integrante de una estructura criminal, así como los operativos contra actividades ilícitas en el municipio.
La institución precisó que esta hipótesis forma parte de las líneas de investigación construidas a partir de los elementos obtenidos durante las diligencias. Las labores permitieron avanzar en la reconstrucción de los hechos, identificar a presuntos responsables y establecer una de las principales líneas sobre el posible móvil del homicidio.
Dos presuntos autores intelectuales y 33 detenidos
Entre los avances presentados por la FGE destaca la captura de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, y de Jorge Armando “N”, conocido como “El Lic.”. Ambos son investigados por su probable participación como autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo. El vicefiscal Vega Rodríguez presentó esas detenciones como parte de los resultados que han permitido avanzar en el esclarecimiento del caso; sin embargo, la responsabilidad penal de las personas señaladas deberá determinarse ante las autoridades judiciales conforme a las pruebas presentadas.
En total, la Fiscalía contabiliza 33 personas detenidas en relación con las investigaciones. El funcionario indicó que las actuaciones correspondientes a la mayoría de los detenidos están próximas a avanzar a la etapa de juicio, donde los órganos jurisdiccionales deberán valorar los elementos probatorios y determinar las responsabilidades penales que procedan.
Cifras de la indagatoria y coordinación institucional
Para sustentar los avances, la FGE detalló las dimensiones del trabajo ministerial, pericial y de inteligencia realizado desde el inicio de las investigaciones. Según el balance de Vega Rodríguez, se han desarrollado aproximadamente 3 mil 500 actos de investigación y al menos 3 mil actuaciones periciales, además del análisis de mil 200 horas de videograbaciones y la celebración de 200 mesas de inteligencia.
Las acciones operativas incluyeron el cateo de 15 inmuebles y el cumplimiento de 18 órdenes de aprehensión. Asimismo, las autoridades reportaron el aseguramiento de ocho armas de fuego y 335 cartuchos y municiones. Para llevar a cabo las operaciones se contó con un estado de fuerza de apoyo de aproximadamente 2 mil elementos.
La Fiscalía reconoció la colaboración del Gobierno de México, mediante el Gabinete de Seguridad; del Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública; de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de la Fiscalía General de la República (FGR). La coordinación entre autoridades federales y estatales ha formado parte de las acciones destinadas a ubicar a los presuntos responsables, ejecutar órdenes de aprehensión y recabar información relacionada con el homicidio.
A un año del asesinato del alcalde de Uruapan, el balance oficial reporta un avance estimado de 90 por ciento y 33 personas detenidas. La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias necesarias para completar la investigación, identificar a todas las personas que pudieran haber participado en el crimen y fortalecer los procesos penales iniciados. Con ello, la institución busca garantizar a las víctimas indirectas el derecho a la verdad y el acceso a la justicia, mientras que la determinación de las responsabilidades penales corresponderá a las autoridades judiciales.