El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027 incluirá por primera vez un apartado dedicado a visibilizar los recursos públicos destinados a la población LGBT+. La novedad, identificada como anexo 33, concentra programas e intervenciones de distintas dependencias federales y representa un monto de 43 mil 369 millones de pesos, equivalentes a unos 2 mil 409 millones de dólares.
La propuesta no implica que todos esos recursos sean de nueva asignación, pero sí busca dar seguimiento puntual a las partidas y evaluar sus resultados. La medida fue presentada ante la Cámara de Diputados y abrió el debate sobre cómo mejorar el uso de los fondos para atender a los sectores más vulnerables de esta comunidad.
- Punto clave 1: El PEF 2027 incluye el anexo 33, con 43 mil 369 millones de pesos distribuidos en programas e intervenciones de distintas dependencias.
- Punto clave 2: El nuevo apartado busca dar seguimiento y evaluar resultados, aunque no todo el monto implica dinero de nueva asignación.
- Punto clave 3: Legisladores y organismos internacionales impulsan readecuaciones para atender prioridades en seguridad, educación, salud, empleo y vivienda.
Un anexo para hacer visible el gasto federal
Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, explicó que el anexo 33 se elaboró entre marzo y agosto en coordinación con diversas instituciones públicas. El documento agrupa acciones de salud, vivienda, empleo, educación, cultura, seguridad y acceso a la justicia, con el propósito de facilitar la identificación de programas, mejorar la coordinación entre dependencias y permitir una evaluación de resultados.
“El objetivo consiste en hacer visibles tanto las intervenciones gubernamentales como los recursos destinados a ponerlas en práctica”, señaló Gómez Castro.
La funcionaria presentó la propuesta como una herramienta para ordenar la intervención del Estado y generar información pública más clara sobre el gasto dirigido a la diversidad sexual y de género.
Índice revela rezagos en seguridad y educación
La discusión presupuestal coincidió con la presentación en el Congreso del primer Índice de Inclusión LGTBIQ+ de México, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y publicado originalmente en junio. El estudio, integrado por 51 indicadores distribuidos en cinco dimensiones, otorgó al país una calificación de 0.64 en una escala de cero a uno.
Los resultados más bajos se registraron en seguridad personal y violencia, con 0.43 puntos, y en educación, con 0.48. En contraste, la participación política y cívica alcanzó 0.84, mientras que salud obtuvo 0.75.
Allegra Baiocchi, coordinadora residente de la ONU en México, destacó otro dato preocupante: el 28.7 % de las personas LGTBIQ+ declaró haber experimentado pensamientos suicidas o intentos de suicidio, una proporción tres veces superior a la de la población general.
La cifra refuerza la necesidad de que las políticas públicas no solo reconozcan derechos, sino que se traduzcan en servicios y entornos seguros.
Legisladores buscan readecuar partidas
Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, informó que trabaja con la Secretaría de Hacienda para readecuar algunas asignaciones antes de la aprobación del presupuesto federal.
Entre las prioridades planteadas están recuperar las labores comunitarias de prevención del VIH, fortalecer los programas dirigidos a mujeres trans y otras personas en condiciones de vulnerabilidad, y combatir las agresiones motivadas por prejuicios. También se busca ampliar el acceso a la educación y al empleo para quienes enfrentan obstáculos por su orientación sexual o identidad de género.
En materia de vivienda, se mantienen conversaciones con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para determinar cuántas casas de los programas federales podrían beneficiar a integrantes de esta población en situación vulnerable.
Silvia Morimoto, representante residente del PNUD en México, resumió el desafío central:
“El reto consiste en transformar los derechos reconocidos en oportunidades concretas para las personas LGBT.”
La declaración apunta a la diferencia entre el reconocimiento legal y la garantía efectiva de derechos, uno de los ejes que marcarán la negociación del paquete económico.
La incorporación del anexo 33 al PEF 2027 representa un paso hacia la transparencia en el gasto público enfocado en la población LGBT+. Sin embargo, la revisión legislativa y los datos del índice del PNUD muestran que el reto no solo será contabilizar recursos, sino asegurar que los montos se destinen a cerrar las brechas más profundas, especialmente en seguridad, educación y bienestar emocional.