La crisis de desapariciones en México, en un contexto donde la presidenta ha señalado que muchos casos corresponden a ausencias voluntarias, volverá a exponerse ante la comunidad internacional. Este 19 de octubre, colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos presentarán en Nueva York el informe Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, elaborado por Amnistía Internacional. El documento evidencia la doble amenaza que viven las madres buscadoras: la ausencia de sus familiares y la violencia por intentar localizarlos; al cierre de marzo de 2025, el país registraba 128 mil 059 personas desaparecidas y no localizadas.
- Informe ante la ONU: se presentará el 19 de octubre en el Church Center for the United Nations, en Nueva York.
- Violencia generalizada: 97% de las buscadoras encuestadas sufrió alguna violencia o afectación ligada a sus labores.
- Impunidad persistente: la impunidad acumulada por desaparición fue de 99% entre 2019 y 2022.
Presentación ante la ONU y diálogo internacional
El acto se realizará en el Church Center for the United Nations con la participación de Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México; Bibiana Mendoza, buscadora del Colectivo Hasta Encontrarte de Guanajuato; y Desmond Arias, director del Bildner Center.
Amnistía Internacional México sostuvo que:
Buscar a una persona desaparecida no debería poner en riesgo la vida de quienes la buscan.
La organización plantea que la protección de las buscadoras forma parte de las exigencias de verdad y justicia. El diálogo estará dirigido a Estados, agencias de la ONU y organizaciones civiles sobre el papel de la Asamblea General para frenar la impunidad y proteger a quienes buscan. El encuentro ocurre tras la primera activación del artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada respecto de México.
Violencias documentadas contra las buscadoras
El informe identifica al menos 234 colectivas de familiares de personas desaparecidas en el país, más de 90% integradas por mujeres; entre ellas predominan las madres, que representan 65% de las mujeres encuestadas, junto con hermanas, hijas, parejas y amigas. Según el documento, las mujeres asumieron estas tareas ante la ineficacia de las autoridades; 71% de las consultadas se reconoce como defensora de derechos humanos, aunque el Estado debe protegerlas por la actividad que realizan, sin depender de esa autoidentificación.
El informe reporta que 97% de las buscadoras encuestadas sufrió alguna violencia o afectación vinculada con la localización de sus familiares. Entre 2011 y mayo de 2025, al menos 30 familiares de personas desaparecidas fueron asesinados, incluidas 16 mujeres. Las amenazas verbales o escritas alcanzaron a 45% de las mujeres consultadas; 39% reportó extorsiones; las lesiones o ataques físicos se registraron en 14% de los casos y los secuestros en 6%. Además, 27% cambió de casa, 24% se mudó dentro de su entidad y 19% se trasladó a otra entidad federativa.
Salud, economía e impunidad: los costos de buscar
Amnistía Internacional advierte que las desapariciones, incluidas las que serían forzadas, afectan de forma continua a las familias y comunidades de las víctimas. El 79% de las mujeres enfrentó al menos un problema de salud: depresión 73%, insomnio 72% y deterioro general 70%. En lo económico, 66% perdió recursos económicos, 28% dejó de tener un empleo remunerado y 23% mencionó haber perdido su vivienda. En los vínculos personales, 57.3% perdió amistades, 56.6% identificó deterioro en sus relaciones familiares y 55% denunció revictimización por parte de autoridades.
El documento señala que solo 55% de las buscadoras reportó ante autoridades al menos una de las violencias o afectaciones que padeció; del total de hechos, únicamente 17% fue denunciado. El 46% de las mujeres no recibió apoyo estatal y solo 15% contaba con medidas de protección o estaba incorporada a un mecanismo de seguridad. Las fiscalías mantienen prácticas como exigir una espera ilegal de 72 horas, investigar desde estereotipos y cambiar de forma constante al personal responsable de los casos.
Entre 2019 y 2022, la impunidad acumulada para el delito de desaparición fue de 99%, mientras que entre 2% y 6% de los casos habían sido judicializados a noviembre de 2021, según los datos incluidos en el informe que será presentado ante instancias de la ONU.
La cita en Nueva York permitirá que la comunidad internacional observe de cerca la magnitud de la crisis y los riesgos que enfrentan quienes sostienen la búsqueda; el reto será traducir esas exigencias en protección efectiva y en un freno real a la impunidad.