La investigación por el colapso de una estructura decorativa en el Axe Ceremonia 2025 dio un paso central: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México formuló imputaciones contra ocho personas físicas y tres empresas, en una audiencia iniciada el 14 de octubre. Un juez capitalino definirá el próximo domingo si los señalamientos aportan elementos suficientes para avanzar a la siguiente etapa procesal.
- Imputación múltiple: ocho personas físicas y tres empresas son señaladas por su probable responsabilidad en la caída de la estructura.
- Víctimas fatales: los fotoperiodistas Miguel y Berenice murieron tras el colapso registrado en el Parque Bicentenario.
- Próxima audiencia: el juez convocó a una nueva diligencia para el domingo 18 de octubre y resolverá la vinculación a proceso de los imputados restantes.
El colapso en el Parque Bicentenario
El accidente ocurrió el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, cuando una plataforma elevadora que sostenía una estructura decorativa cedió y cayó sobre dos fotoperiodistas que cubrían el festival. Miguel y Berenice fallecieron a consecuencia de las lesiones.
La fiscalía capitalina calificó el caso como un probable homicidio culposo y, tras meses de indagatoria, presentó la acusación contra las personas y compañías involucradas en distintos niveles de la operación del evento.
Ocho personas, tres empresas y tres frentes de fallas
Junto con María del Pilar “N”, quien era la responsable oficial de protección civil del festival, el Ministerio Público imputó a Eduardo “N”, Marcos Francisco “N”, Martín “N”, María “N”, Nathalie “N”, Rodrigo Napoleón “N” y Pedro “N”. A este grupo se sumaron tres personas morales señaladas en la misma causa.
Las empresas investigadas están ligadas, respectivamente, a la organización del festival, a la administración del Parque Bicentenario y a la producción y ambientación del evento. Una de ellas también tuvo a su cargo la presentación del Programa Especial de Protección Civil ante las autoridades de la Ciudad de México.
De acuerdo con la carpeta de investigación, las fallas se concentraron en tres frentes: el manejo de la maquinaria que sostenía las estructuras, la organización y producción del festival, y el control del cumplimiento de las normas de protección civil exigidas para el evento.
Un dato central del expediente es que las grúas utilizadas para sostener las estructuras decorativas no figuraban en el programa de protección civil presentado ante las autoridades. Esa maquinaria fue colocada el mismo día del festival, una vez concluidas las inspecciones previas al recinto.
Para sustentar la imputación, el agente del Ministerio Público reunió más de 120 entrevistas, peritajes especializados, inspecciones y análisis de videograbaciones. El expediente también integró testimonios de servidores públicos, personal de emergencias y personas vinculadas con la organización y la operación del evento.
Avance judicial y medidas cautelares
El juez de control vinculó a proceso a María del Pilar “N” por homicidio culposo en agravio de Miguel Ángel Rojas Hernández. Le impuso presentación periódica bimestral, prohibición de acercarse a las víctimas indirectas y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Para las otras siete personas físicas imputadas, la autoridad judicial fijó presentación periódica y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas. A las tres empresas se les impusieron garantías económicas de 500 mil pesos a cada una.
La defensa de esas diez personas físicas y morales pidió que su situación jurídica se resuelva dentro del plazo constitucional ampliado. Por ello, el juez programó una nueva audiencia para el domingo 18 de octubre, en la que definirá si existen elementos suficientes para vincularlas a proceso.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que continuará impulsando el proceso penal y las diligencias necesarias para esclarecer las responsabilidades por lo ocurrido en el festival. El organismo señaló que actuará con respeto al debido proceso y al derecho de las víctimas y sus familias a obtener justicia.
La diligencia del domingo será determinante para fijar los siguientes pasos del proceso y el alcance de las responsabilidades que se persiguen. Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, todas las personas mencionadas en esta causa se consideran inocentes y serán tratadas como tales en cada etapa del procedimiento, hasta que un tribunal competente determine lo contrario mediante sentencia.