La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, enfrenta una nueva controversia por señalamientos de violencia contra mujeres trans y trabajadoras sexuales, y organizaciones civiles ya pidieron al Congreso de la Ciudad de México que la suspendan del cargo. El conflicto abre un nuevo frente político para quien busca la reelección en la demarcación, justo cuando las colectivas responsabilizan directamente a la administración local por los hechos ocurridos durante una jornada comunitaria y una manifestación posterior.
- Exigen suspensión: Organizaciones trans, no binarias, trabajadoras sexuales y activistas solicitaron al Congreso capitalino separar del cargo a Rojo de la Vega mientras se investigan los hechos del 9 de octubre.
- Saldo de lesionadas: Las colectivas reportan al menos 15 personas heridas; la alcaldía denuncia agresiones contra dos trabajadoras y daños materiales en la sede de Cuauhtémoc.
- Ruta institucional: Piden una comisión especial en la Junta de Coordinación Política, así como la intervención de la Fiscalía General de Justicia capitalina, la CDHCM, Copred y el Invea.
El origen del conflicto en el Hotel Maga
Los hechos iniciaron el 6 de octubre, cuando colectivas trans y trabajadoras sexuales acudieron al Hotel Maga, ubicado sobre Calzada de Tlalpan, para realizar una jornada comunitaria de salud coordinada con Médicos Sin Fronteras. La actividad incluía pruebas de detección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), entrega de alimentos y cortes de cabello gratuitos.
De acuerdo con el testimonio de las denunciantes, el dueño del establecimiento impidió el desarrollo de la jornada y ordenó a un grupo de hombres intimidar a las participantes. La confrontación terminó en agresiones físicas contra varias integrantes de las organizaciones.
“Llegamos a hacer la jornada y el dueño del hotel Maga había sacado a todo su personal a la calle rodeando el hotel, intimidando a las compañeras que iban a venir a la jornada con su actitud”, denunció la activista transfeminista y trabajadora sexual Anna La Bitchplainer.
Según su relato, el propietario también amenazó a Carolina, una mujer trans afromexicana que lleva años trabajando en la zona, contra quien dirigió expresiones transfóbicas y discriminatorias, al igual que contra el resto de las participantes. La activista afirmó que el hombre advirtió que llamaría a más personas para agredirlas; minutos después, llegó un grupo de aproximadamente 15 hombres que las atacó. Una de las afectadas denunció que fue golpeada por siete personas cuando intentó defender a sus compañeras.
Protesta del 9 de octubre y versiones encontradas
Las agresiones derivaron en una movilización el viernes 9 de octubre. Las inconformes acudieron primero al búnker de la Fiscalía capitalina para exigir justicia y posteriormente se trasladaron a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc, donde la manifestación terminó en un enfrentamiento.
Las colectivas reportaron al menos 15 personas lesionadas entre sus integrantes. En contraste, Alessandra Rojo de la Vega denunció agresiones contra dos trabajadoras de su administración y daños materiales en las instalaciones de la demarcación. Las versiones sobre el origen del choque son opuestas: la alcaldesa acusó a las manifestantes de actuar con violencia, mientras que las organizaciones sostienen que fueron atacadas por policías y civiles armados con objetos contundentes.
El lunes 12 de octubre, las colectivas regresaron a la Fiscalía local para presentar denuncias y exigir medidas de protección. Durante esa movilización desplegaron una bandera de la comunidad trans con la leyenda “Alessandra DLV Transfeminicida” y reclamaron al Congreso capitalino suspender a la alcaldesa mientras se investigan los hechos.
Qué piden los colectivos y el riesgo político para la alcaldesa
El 15 de octubre, integrantes de colectivos trans, personas no binarias, trabajadoras sexuales y activistas acudieron al recinto legislativo de Donceles para denunciar las agresiones que aseguran haber sufrido durante la protesta del 9 de octubre. Al grito de “¡Justicia para las víctimas de la alcaldía Cuauhtémoc!”, las organizaciones responsabilizaron directamente a Rojo de la Vega.
Tras reunirse con legisladores, informaron que buscarán impulsar desde la Junta de Coordinación Política una comisión especial con representación de todas las bancadas para investigar los hechos y revisar la actuación de las autoridades involucradas. Además, pidieron la intervención de la Secretaría de la Contraloría General y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y exhortaron a la Fiscalía General de Justicia capitalina a investigar las denuncias con seriedad.
Las medidas planteadas incluyen promover un exhorto a las 16 alcaldías capitalinas para evitar actos de violencia, persecución y represión contra personas de la diversidad sexual, periodistas y manifestantes. También anunciaron que acudirán al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México para denunciar posibles actos de discriminación de la alcaldesa, al tiempo que solicitarán la intervención del Instituto de Verificación Administrativa.
En el ámbito legislativo, promoverán normas que garanticen condiciones de seguridad en los hoteles donde se ejerce el trabajo sexual, a raíz de lo sucedido en el Hotel Maga. Asimismo, pidieron la intervención de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para garantizar la seguridad de las víctimas, la justicia y la reparación del daño, así como la clausura del establecimiento.
La controversia coloca en el centro del debate la actuación de la administración de Cuauhtémoc y el trato a poblaciones históricamente vulneradas. Mientras el Congreso capitalino evalúa los mecanismos de investigación, el conflicto suma presión a las aspiraciones de reelección de Rojo de la Vega y mantiene abierta una disputa sobre la versión oficial de los hechos del 6 y 9 de octubre.