El próximo martes 20 de octubre de 2026, el exgobernador de Puebla Mario Marín deberá comparecer ante la justicia dentro del proceso que lo señala por la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho. El exmandatario se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano; la fecha de la audiencia fue confirmada este 16 de octubre por la propia Cacho en un mensaje difundido por Artículo 19, organización que la ha acompañado legalmente.
El caso se remonta a 2005, tras la publicación del libro Los Demonios del Edén, en el que la periodista documentó una red de explotación sexual infantil con presuntos vínculos empresariales y políticos en Puebla. Desde entonces, el litigio ha sumado más de dos décadas de batalla legal.
- Fecha clave: La audiencia contra Mario Marín fue fijada para el 20 de octubre de 2026; Lydia Cacho acudirá con sus abogados.
- Señalamiento directo: La periodista atribuye al exgobernador la orden de encarcelarla, torturarla y perseguirla para silenciarla.
- Liberación previa: Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la Policía Judicial de Puebla, salió libre tras cumplir una condena por tortura.
Una audiencia que revive el caso
En su mensaje, Lydia Cacho explicó que llegará a los juzgados acompañada por su equipo legal para enfrentar a Marín, a quien identificó como el “góber precioso”, en alusión a los audios difundidos en 2006 de una conversación telefónica entre el entonces gobernador y el empresario Kamel Nacif. En esa llamada, ambos festejaron el arresto de la periodista.
La defensora de derechos humanos sostuvo que su caso no es aislado. Señaló que muchas amigas y amigos periodistas quedaron en el camino, perseguidos, amedrentados, asesinados o desaparecidos por ejercer la investigación periodística. También reveló que su padre murió el 23 de febrero de 2026 sin la certeza de que Marín fuera sentenciado.
“No es solo por las niñas y los niños, también es por mí, por mi familia y por la sociedad mexicana”, planteó Cacho en referencia a la causa judicial.
La periodista subrayó que la batalla legal contra el exgobernador acumula veintiún años y cerró su mensaje con una afirmación contundente sobre el resultado que espera.
“No lo logró ni lo va a lograr”, expresó en referencia al intento de Marín de silenciarla mediante la tortura.
Detención, tortura y traslado forzado
Lydia Cacho publicó Los Demonios del Edén en 2005 y documentó una red de explotación sexual infantil con presuntos vínculos de empresarios y políticos poblanos. Tras la publicación, el empresario Kamel Nacif la denunció por difamación y calumnias en Puebla.
El 16 de diciembre de 2005, agentes de la Policía Judicial poblana detuvieron a la periodista en Cancún, aunque el proceso legal se encontraba en otro estado. La trasladaron por carretera a Puebla en un trayecto de más de mil 500 kilómetros que duró alrededor de 20 horas. Durante ese tiempo, Cacho denunció que fue incomunicada, amenazada de muerte y sometida a violencia física, psicológica y sexual, con el objetivo de obligarla a retractarse de su investigación.
Audios, resoluciones internacionales y situación judicial
A principios de 2006, el periódico La Jornada hizo pública una llamada telefónica de diciembre de 2005 entre Mario Marín y Kamel Nacif. En la conversación, Nacif saludó al entonces gobernador con la frase “mi góber precioso”, origen del apodo que acompañó a Marín. El exgobernador aseguró que a Cacho le había dado “un pinche coscorrón” y declaró que “en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad”. Nacif le ofreció “dos botellas de coñac” como agradecimiento. Marín intentó defenderse después con la frase “esa voz de la grabación no es mía, es decir, sí soy yo, pero no es mi voz”, en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.
La difusión de los audios llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abrir una investigación. El escándalo evidenció la coordinación entre el entonces gobernador y el empresario para perseguir a la periodista.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU resolvió el 31 de julio de 2018 que la detención de Cacho fue un acto arbitrario. El organismo concluyó que el Estado mexicano violó sus derechos a la libertad personal, a la integridad, a no ser sometida a tortura, a la libertad de expresión y a no ser discriminada por razones de género. El caso llegó al Comité mediante una petición presentada por Artículo 19 en octubre de 2014. La resolución ordenó investigar de forma imparcial y procesar, juzgar y castigar a los responsables.
En julio de 2021, ONU Mujeres y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertaron sobre el riesgo de impunidad y pidieron que las investigaciones identificaran tanto a los responsables directos como a los autores intelectuales de la agresión.
En 2019, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Lydia Cacho y giró órdenes de aprehensión contra Marín, Nacif y el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Karam. En agosto de 2024, Marín obtuvo prisión domiciliaria, pero un tribunal federal revocó la medida y fue reingresado al Cefereso No. 1, conocido como El Altiplano. En julio de 2026 circularon versiones sobre una posible liberación; el Gabinete de Seguridad desmintió los rumores y precisó que no hubo cambios en su situación jurídica.
La liberación de un excomandante
El pasado miércoles 14 de octubre se reveló que Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, salió del penal de Cancún después de que un juez determinara que había cumplido la condena de cinco años y seis meses por tortura contra Lydia Cacho. Había estado detenido desde el 4 de diciembre de 2018, cuando fue capturado en Puebla por efectivos de la entonces Procuraduría General de la República.
“Ante la liberación de una persona condenada por la tortura contra la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho, Artículo 19 precisa que su liberación responde al cumplimiento de la totalidad de su pena y no implica un reconocimiento de inocencia”, señaló la organización.
Artículo 19 subrayó que el proceso penal contra otros dos probables responsables continúa y que la salida de Rocha Laureano no debe interpretarse como una absolución. El equipo jurídico del excomandante dejó abierta la posibilidad de presentar una contrademanda contra la periodista.
La audiencia del 20 de octubre representa un momento central en un litigio que ha combinado denuncias de tortura, presiones al periodismo y resoluciones internacionales. Con Marín bajo custodia y el proceso penal en curso, la comparecencia podría definir los siguientes pasos en uno de los casos de derechos humanos más emblemáticos del país.