El caso de los tres surfistas extranjeros asesinados en la costa de Baja California llegó a una resolución definitiva en el ámbito penal: cada uno de los tres responsables fue sentenciado a 158 años y nueve meses de prisión por el homicidio de Jake y Callum Robinson y Jack Carter Rhoad, en un crimen que generó consternación internacional.
- Sentencia: Jesús Gerardo, alias ‘El Kekas’, Irineo Francisco y Ángel Jesús fueron condenados por el triple homicidio y delitos relacionados con robo.
- Penas: El juez impuso 45 años por cada asesinato, más sanciones adicionales por robo con violencia y robo de vehículo.
- Reparación: La Fiscalía solicitó 1.9 millones de pesos, pero la solicitud fue rechazada al no acreditarse el monto del daño.
Sentencia y responsabilidad penal
La resolución fue dictada este viernes por el juez Raúl Hernández durante una audiencia celebrada en Ensenada, donde se desarrolló el juicio contra Jesús Gerardo, alias ‘El Kekas’, Irineo Francisco y Ángel Jesús. Los tres fueron declarados culpables de los homicidios de Jake Robinson, de 30 años; Callum Robinson, de 33; y Jack Carter Rhoad, de 30.
El juzgador determinó que los acusados actuaron con premeditación, alevosía y ventaja. La sentencia también incluyó sanciones por el robo violento de las pertenencias de los turistas y de la camioneta en la que viajaban.
La Fiscalía había solicitado una pena de 210 años de prisión para cada uno de los responsables. Finalmente, el juez impuso 45 años por cada homicidio, lo que suma 135 años por las tres víctimas, además de 10 años y nueve meses por robo y otros 13 años por el robo del vehículo.
El ataque en Punta San José
De acuerdo con los antecedentes del caso, los tres extranjeros viajaron a Baja California a finales de abril de 2024 para practicar surf y acampar en la zona costera de Punta San José, al sur de Ensenada, en la delegación de Santo Tomás. Las investigaciones señalaron que los agresores pretendían apoderarse de las pertenencias de los turistas y de piezas de su camioneta Chevrolet Colorado.
El ataque ocurrió cuando los jóvenes se encontraban en su campamento y, de acuerdo con los testimonios presentados durante el juicio, se resistieron al robo. Los tres fueron asesinados con disparos en la cabeza. Sus cuerpos fueron localizados el 3 de mayo de 2024 en un pozo cercano a un acantilado, después de que sus familiares reportaran su desaparición. La camioneta de los hermanos Robinson fue encontrada incendiada.
El caso adquirió repercusión internacional por la nacionalidad de las víctimas, las circunstancias del crimen y la violencia del ataque contra tres jóvenes que habían viajado a México con fines recreativos.
Testimonios y solicitud de reparación
El 9 de octubre de 2026, un tribunal declaró culpables a los tres acusados por el triple homicidio, tras un juicio en el que la Fiscalía presentó testimonios y pruebas para acreditar su participación. Entre los testimonios destacó el de la expareja de ‘El Kekas’, quien relató que Jack Carter Rhoad rogó por su vida durante el ataque e incluso pidió misericordia al explicar que estaba casado. Según lo expuesto en el proceso, uno de los agresores habría respondido con burlas ante las súplicas de la víctima.
La mujer, identificada como Ary Gisell Silva Raya, recibió una condena de 20 años de prisión en noviembre de 2025, después de declararse culpable en un procedimiento separado por delitos relacionados con el robo con violencia y el robo del vehículo.
Los familiares de las víctimas siguieron la audiencia mediante videollamada.
Page, madre de Carter Rhoad, reconoció que “ninguna resolución judicial puede compensar la pérdida de un hijo”.
Los padres de Jake y Callum Robinson, Martin y Debra, también participaron desde Australia. Durante la audiencia, los familiares detallaron el valor de los objetos sustraídos, entre ellos tablas y equipo de surf, dispositivos electrónicos y la camioneta. También solicitaron la devolución de las pertenencias recuperadas.
La Fiscalía reclamó una reparación del daño de 1.9 millones de pesos, equivalentes a más de 100 mil dólares. Sin embargo, el juez rechazó esa solicitud al considerar que no se acreditó ni cuantificó debidamente el valor de los objetos robados. Por ello, las familias deberán acudir a la vía civil si buscan obtener una indemnización por esas pérdidas.
La sentencia cierra la etapa penal de un caso que expuso la violencia contra turistas en la costa bajacaliforniana. Aunque la resolución representa un castigo contundente para los responsables, la negativa de la reparación económica deja pendiente la compensación para las familias, que podrían optar por la vía civil.