El gobierno de México presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los avances de su estrategia contra la desaparición de personas, con dos cifras que resumen el alcance de sus acciones: más de 16 mil personas localizadas en lo que va de 2026 y más de 24 mil identidades restituidas a personas fallecidas desde enero de 2023.
En un foro celebrado en la sede del organismo internacional, funcionarios mexicanos detallaron resultados en materia de búsqueda, identificación humana y coordinación institucional. El encuentro reunió a delegaciones diplomáticas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
- Punto clave 1: Más de 16 mil personas fueron localizadas durante 2026, de acuerdo con cifras oficiales.
- Punto clave 2: Desde enero de 2023 se restituyó la identidad de más de 24 mil personas fallecidas, con asistencia técnica del UNFPA.
- Punto clave 3: Las reformas aprobadas en 2025 obligan a abrir una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición y a iniciar la búsqueda de manera inmediata.
- Punto clave 4: La Comisión Nacional de Búsqueda incorporó a 300 profesionistas y fortaleció sus herramientas forenses.
Balance oficial de búsqueda y coordinación
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, presentó las 10 acciones que integran la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La búsqueda de personas desaparecidas constituye una prioridad nacional.
Medina Padilla destacó que entre los resultados se encuentra la localización de más de 16 mil personas en 2026, aunque la información difundida no precisó cuántas permanecen bajo seguimiento ni el desglose territorial de los hallazgos.
El funcionario explicó que el Centro de Mando Nacional opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que se avanza en la instalación de puestos de mando estatales. Como parte de la estrategia, se utiliza la Plataforma Única de Identidad, se revisan registros oficiales y se realizan búsquedas en hospitales y centros penitenciarios para ampliar las posibilidades de localización.
Para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, se informó la incorporación de 300 profesionistas y la adquisición de equipamiento especializado. Las acciones incluyen también el fortalecimiento de los servicios forenses y la prevención del reclutamiento de jóvenes.
Cooperación con Naciones Unidas y reformas legales
En materia de identificación humana, Catharina Boehme, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), informó que desde enero de 2023 la colaboración técnica ha contribuido a restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas.
El procedimiento se basa en el cotejo de huellas dactilares recopiladas por los servicios forenses con los registros del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que permite establecer coincidencias para avanzar en la identificación de personas. Boehme reiteró la disposición del UNFPA para ampliar la colaboración a todas las entidades del país, impulsar el análisis genético y facilitar el intercambio de información entre instituciones estatales.
En el plano jurídico, el gobierno mexicano destacó las reformas aprobadas en 2025 que establecen la obligación de abrir una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición y de iniciar la búsqueda de manera inmediata, sin esperar a que transcurra un plazo determinado.
Por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, expuso los avances para fortalecer las investigaciones penales mediante el análisis de contexto y el uso de herramientas científicas y tecnológicas. También mencionó la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, en la que participaron familias y colectivos, y la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses.
James Turpin, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconoció la prioridad otorgada al tema y las reformas adoptadas por México. No obstante, señaló la importancia de traducir el marco normativo en resultados efectivos, una de las exigencias centrales para atender la desaparición de personas.
Con el acompañamiento de ONU-DH, México conformó además un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
En el cierre del encuentro, Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reiteró la apertura del país al diálogo, al escrutinio internacional y a la cooperación técnica. Afirmó que el Estado mexicano ha expresado ante el Comité contra la Desaparición Forzada su compromiso de buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias.
Con estas acciones, el gobierno federal busca mostrar avances concretos en un tema de alta sensibilidad social. La cooperación técnica con el sistema de Naciones Unidas y la revisión de los registros oficiales aparecen como los siguientes pasos de una estrategia cuyo reto principal, según las propias observaciones de ONU-DH, es convertir el marco normativo en resultados que puedan percibir las familias y los colectivos de búsqueda.