La polémica por el llamado “predialazo” en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana reabrió un debate que va más allá de las contribuciones: qué modelo de ciudad se quiere construir, cómo se actualizan los valores catastrales y quiénes pueden permanecer en sus barrios. Aunque autoridades federales y capitalinas aclararon que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México no contempla un aumento al impuesto predial, las inquietudes ciudadanas evidenciaron los retos de la planeación territorial.
- Sin aumento al predial: El programa metropolitano no contempla un incremento al impuesto, según autoridades federales y capitalinas.
- El fondo del debate: Para la especialista Daniela Sánchez Carro, la discusión debe centrarse en el modelo de ciudad y en las necesidades de los habitantes.
- Riesgo de desplazamiento: La presión inmobiliaria y la expansión comercial pueden encarecer la vida en los barrios y dificultar la permanencia vecinal.
Un debate sobre el modelo de ciudad
Daniela Sánchez Carro, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Marín” de la Universidad Iberoamericana (IBERO), sostuvo que la conversación debe superar las diferencias políticas y la capacidad de los propietarios para pagar sus contribuciones. Para la especialista, el punto central es definir qué ciudad se busca y garantizar que las decisiones sobre el territorio respondan a las necesidades de sus habitantes.
La capital enfrenta problemas de movilidad, contaminación, escasez de agua y acceso a servicios públicos, factores que deben integrarse a la planeación del desarrollo. En ese contexto, las políticas urbanas tendrían que equilibrar la construcción de viviendas, la protección ambiental y la infraestructura, sin profundizar las desigualdades ni desplazar a las comunidades.
Valores catastrales, recaudación y transparencia
La revisión de los valores catastrales puede ser una herramienta legítima para distribuir de manera más equitativa las obligaciones fiscales, siempre que las contribuciones correspondan a las características de cada inmueble, su ubicación y el tipo de construcción. Sin embargo, existe el riesgo de que los cambios representen una carga desproporcionada para hogares con recursos limitados.
Por ello, se requieren reglas transparentes que permitan distinguir entre las propiedades y las condiciones económicas de sus dueños, con criterios claros para determinar cuándo corresponde una mayor contribución. Otro factor central es el destino del dinero recaudado: persisten cuestionamientos a las modificaciones fiscales cuando no hay mejoras visibles en los servicios públicos.
Vivienda, suelo ocioso y protección ambiental
La existencia de predios sin utilizar representa una oportunidad para atender la demanda habitacional, aunque cualquier intervención deberá contar con justificación jurídica y explicaciones accesibles sobre sus objetivos. Si se busca destinar esos espacios a proyectos de interés social, las autoridades deben informar cómo se llevarán a cabo y qué beneficios ofrecerán a la población.
Sánchez Carro subrayó que el ordenamiento territorial debe impedir que la especulación inmobiliaria y la expansión indiscriminada de comercios y plazas prevalezcan sobre las necesidades colectivas. Construir en zonas ecológicas o de recarga de agua puede agravar los problemas ambientales y el desabasto que enfrentan distintas comunidades.
Ampliar la oferta habitacional no consiste únicamente en levantar nuevos inmuebles; también exige garantizar agua, transporte, infraestructura y servicios suficientes. Cuando los desarrollos se extienden hacia la periferia, pueden ocupar terrenos comunales, ejidales o indígenas, además de afectar áreas de valor ambiental.
El impacto en los barrios y la participación ciudadana
Algunos proyectos pueden transformar la identidad de los barrios y elevar el costo de vivir en ellos, hasta dificultar la permanencia de quienes los han habitado durante años. Ante este panorama, la especialista destacó la importancia de que la planeación incluya información comprensible y mecanismos de participación ciudadana.
La discusión sobre el predial dejó al descubierto una tensión estructural en la capital: actualizar la recaudación sin desplazar a los habitantes y sin sacrificar el entorno. Mientras la presión por el suelo se concentra en zonas consolidadas, la expansión hacia la periferia puede trasladar los problemas ambientales y sociales. El resultado dependerá de reglas claras, transparencia en el gasto y una ciudadanía que incida en las decisiones territoriales.