La violencia contra las mujeres que compiten por un cargo de elección popular sigue siendo una constante en México. Un diagnóstico de ONU Mujeres reveló que la paridad en las candidaturas no bastó para garantizar condiciones libres de agresión durante las campañas del proceso electoral 2023-2024.
- Punto clave 1: El 95.9% de las candidatas a congresos estatales y el 95.3% de las aspirantes a cargos legislativos federales reportaron al menos una forma de violencia.
- Punto clave 2: La violencia psicológica fue la más frecuente, con 95.1% de los casos; le siguieron la sexual, con 61.4%, y la económica, con 57.4%.
- Punto clave 3: Sólo 18 de cada 100 mujeres afectadas presentó una denuncia y apenas cuatro obtuvieron una resolución favorable.
Una encuesta a 615 candidatas en todo el país
El estudio, titulado Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias. Candidatas del proceso electoral 2023-2024 en México, fue elaborado mediante el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género. Formó parte de una iniciativa internacional orientada a medir la violencia contra las mujeres en la política y a generar información para políticas públicas.
La investigación combinó herramientas cuantitativas y cualitativas. La encuesta incluyó a 615 candidatas: 122 aspirantes a cargos legislativos federales, 263 postulantes a congresos estatales y 230 participantes en elecciones municipales. También se realizaron 11 entrevistas semiestructuradas y seis grupos focales con 34 candidatas.
Entre los hallazgos destaca que la violencia psicológica alcanzó 95.1% de los casos informados, seguida de la violencia sexual con 61.4% y la económica con 57.4%. Además, más de ocho de cada 10 candidatas señalaron agresiones tanto en actividades presenciales de campaña como en espacios digitales, y más de la mitad también en medios de comunicación tradicionales.
Agresiones dentro de los partidos y carga de cuidados
Cerca de la mitad de las candidatas legislativas participantes informó agresiones dentro de sus propios partidos. Entre quienes vivieron estas conductas, alrededor de seis de cada 10 identificó a integrantes de las dirigencias partidistas entre los responsables. El reporte también incluyó el ciberacoso como una de las formas que limitaron la participación de las mujeres.
La violencia económica afectó de manera particular a las candidatas indígenas: 77% la señaló como una barrera. En el componente municipal, 64.3% de las candidatas encuestadas tenía tareas de cuidado y, de ellas, 77% indicó que dichas obligaciones dificultaron su participación política.
“La paridad ha abierto las puertas de la representación. El siguiente paso es asegurar que las mujeres puedan ejercer el poder con autonomía, en igualdad de condiciones y libres de violencia”, expresó Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres México.
Baja denuncia y el reto de la permanencia
Las dificultades para denunciar fueron otro de los hallazgos. Sólo 18 de cada 100 mujeres afectadas presentó una denuncia, mientras apenas cuatro obtuvieron una resolución favorable.
“Queremos que las mujeres lleguen, desde luego. Pero también queremos que puedan permanecer, proponer, disentir y decidir. Que ninguna tenga que aceptar un trato inferior por ocupar un espacio que le pertenece por derecho”, sostuvo Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral.
Taddei Zavala planteó que autoridades electorales, partidos políticos, instancias de justicia, medios de comunicación y plataformas digitales deben coordinar mecanismos de prevención, atención y acompañamiento.
Pese a las agresiones y obstáculos documentados, 83.6% de las participantes afirmó que volvería a competir por un cargo público. La presentación se realizó durante las actividades por el 73 aniversario del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres al voto en México.
El diagnóstico evidencia que la presencia femenina en las boletas no elimina por sí sola los obstáculos estructurales. Los datos apuntan a la necesidad de reforzar la prevención, la protección y la respuesta institucional para que los avances en representación se traduzcan en una igualdad sustantiva y no sólo en un incremento numérico de candidaturas.