Organizaciones defensoras de derechos humanos demandaron retirar los cargos contra Samuel, Alexis, Juan Darío y Teodoro, quienes quedaron vinculados a proceso por presuntas lesiones y delitos contra representantes de la autoridad después de la marcha “Agua Limpia para Guadalajara” del 11 de octubre.
- Exigencia central: RED TDT y CEPAD pidieron retirar los cargos contra cuatro manifestantes vinculados a proceso.
- Contexto: La movilización terminó con gas lacrimógeno, detenciones y denuncias de uso excesivo de la fuerza.
- Señalamientos: El CEPAD calificó las detenciones como desapariciones forzadas de corta duración y la CNDH atrajo la investigación.
Reclamo de absolución y criminalización de la protesta
La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (RED TDT) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) sostuvieron que las cuatro personas no deben ser procesadas por ejercer su derecho a la manifestación. La vinculación a proceso se resolvió durante una audiencia celebrada en Guadalajara, de acuerdo con la información difundida por la Red TDT.
“Vincularon a proceso, con cargos por delitos y lesiones contra la autoridad, a Samuel, Alexis, Juan Darío y Teodoro”, informó la Red TDT.
La organización pidió justicia para seis personas acusadas por los hechos relacionados con la movilización y dirigió su exigencia tanto al Gobierno de Jalisco como al Gobierno de México. Su demanda fue la absolución de los imputados.
El CEPAD, por su parte, consideró que la decisión judicial avaló la criminalización de la protesta social y relacionó el caso con la defensa del derecho al agua.
“Hoy el Poder Judicial respaldó la criminalización de la protesta social”, señaló el CEPAD.
El colectivo exigió eliminar todas las acusaciones que derivaron en la vinculación judicial.
“Exigimos la liberación por el total de los cargos. Nadie debe ser juzgado por ejercer su derecho a la protesta”, agregó.
La movilización y el operativo policial
La protesta se realizó en la Zona Metropolitana de Guadalajara después de meses de denuncias por el deterioro del servicio de agua. Habitantes de diversas colonias reportaron agua con sedimentos, olor fétido y tonalidades café o negras, condiciones que impedían bañarse, lavar ropa y cocinar.
Los contingentes partieron de la glorieta de La Minerva y avanzaron hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro. Durante el recorrido se escucharon consignas como “Queremos agua limpia” y “Fuera Lemus”; participaron familias con niñas y niños, personas con discapacidad y otros grupos ciudadanos.
El 13 de octubre, dos días después de la manifestación, el gobernador Pablo Lemus reconoció que el despliegue policial tuvo deficiencias y que elementos de la Policía estatal incurrieron en uso excesivo de la fuerza.
Frente a Casa Jalisco, un grupo derribó vallas del perímetro y la Policía estatal respondió con chorros de agua y gas lacrimógeno. Los primeros reportes mencionaron al menos ocho detenciones, así como personas manifestantes y agentes lesionados.
El Gobierno de Jalisco reportó después 39 personas detenidas, 28 policías lesionados —dos de gravedad— y 31 civiles atendidos médicamente. Más de 30 personas detenidas recuperaron su libertad, aunque las investigaciones continuaron abiertas por presuntos ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad.
Investigaciones y desapariciones forzadas de corta duración
El CEPAD afirmó que las detenciones durante la marcha constituyeron desapariciones forzadas de corta duración y señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas emitió las Acciones Urgentes 2396-2402/2026, con las que instó al Estado mexicano a investigar y sancionar los hechos.
Según el colectivo, las autoridades no pueden justificar esas privaciones de la libertad por razones de seguridad, emergencia pública o combate al delito, ni descartar la desaparición porque la persona haya sido liberada poco después.
El 14 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo la investigación por las presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas durante la marcha. El organismo indagaría acusaciones de represión atribuidas a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y pidió esclarecer las condiciones de las detenciones, investigar las presuntas agresiones y sancionar a los responsables.
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó una investigación para determinar quién ordenó el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos, además de revisar las denuncias de tortura contra jóvenes detenidos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco abrió 41 actas de investigación y dictó medidas cautelares para acompañar a las personas detenidas, sus familias y los policías heridos.
El 15 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que 17 policías fueron identificados por presuntamente actuar fuera de los protocolos y emplear de forma indebida la fuerza. Los agentes fueron citados a declarar ante asuntos internos tras la revisión de más de 200 videos y la recopilación de declaraciones; podrían recibir desde una amonestación hasta la separación del cargo, según su grado de responsabilidad.
El caso mantiene abierta la tensión entre el derecho a la protesta y la actuación de las fuerzas de seguridad en Jalisco. Mientras avanzan las investigaciones estatales y federales, los colectivos condicionan cualquier salida al retiro de los cargos y a que las autoridades esclarezcan tanto las detenciones como el uso de la fuerza durante la exigencia de agua potable.