La mañana del 16 de octubre de 2026, Víctor Manuel Castillo Durán, agente de la Policía Estatal de Puebla, fue asesinado a balazos en la colonia Tres Cerritos, al sur de la capital poblana. El uniformado, de 30 años, estaba en su día de descanso y, según los primeros reportes, regresaba a su domicilio después de llevar a su hijo al kínder. La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó que murió a causa de las lesiones provocadas por arma de fuego.
- Punto clave 1: El agente fue atacado mientras caminaba de la mano de su esposa, poco después de dejar a su hijo en un jardín de niños.
- Punto clave 2: Las autoridades investigan el homicidio como un posible ataque directo; los agresores habrían huido en motocicleta y uno portaba chaleco fosforescente y mochila.
- Punto clave 3: Con este caso suman seis policías asesinados en Puebla durante 2026, según Causa en Común.
El ataque sobre el bulevar Carmelitas
La agresión se registró sobre el bulevar Carmelitas, en inmediaciones de la colonia Tres Cerritos. Una de las ubicaciones referidas fue cerca de la esquina con la calle Francisco I. Madero, a pocos metros de una tienda Oxxo; otros reportes situaron los hechos en el cruce con Josefa Ortiz de Domínguez.
Testigos indicaron haber escuchado alrededor de seis detonaciones durante el ataque. De manera preliminar, las autoridades investigaron el homicidio como un posible ataque directo. Los presuntos responsables habrían llegado a bordo de una motocicleta, dispararon contra el policía estatal y escaparon del lugar.
Algunas versiones señalaron que uno de los agresores se adelantó y se ocultó entre vehículos antes de volver hacia la víctima para accionarle un arma de fuego en repetidas ocasiones. El presunto atacante portaba un chaleco de colores fosforescentes y una mochila, según imágenes de vigilancia difundidas tras el crimen. En las imágenes, el agresor se acercó a Víctor, se adelantó, lo esperó y regresó para toparse de frente con él y atacarlo cuando caminaba tranquilo junto a su esposa.
El cuerpo quedó tendido boca abajo sobre la banqueta, con una playera verde y pantalón de mezclilla. Paramédicos acudieron tras las llamadas de vecinos y transeúntes al 9-1-1, pero únicamente confirmaron que ya no tenía signos vitales. La movilización se registró minutos después del ingreso de alumnos a un jardín de niños cercano; padres de familia y habitantes presenciaron el despliegue de patrullas y personal de emergencia en la zona.
Investigación y búsqueda de los responsables
Elementos de seguridad municipal acordonaron la escena, mientras peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias iniciales, la recolección de indicios balísticos y el levantamiento del cuerpo. El Servicio Médico Forense también intervino en el sitio.
La FGE abrió una investigación para determinar el móvil del asesinato e identificar a los responsables. Hasta los reportes iniciales, no se había informado sobre personas detenidas. La Secretaría de Seguridad Pública desplegó un operativo junto con autoridades federales y municipales en Tres Cerritos y zonas cercanas, y afirmó que trabajaría con la Fiscalía para fortalecer las indagatorias, esclarecer los hechos y detener a quienes participaron en el ataque.
El crimen ocurrió en una zona donde, menos de una semana antes, se registró otra agresión contra servidores públicos. Ese ataque iba dirigido contra un agente del Ministerio Público, pero su auxiliar resultó herido al encontrarse dentro del vehículo baleado en la calle 11 Sur, cerca de la Casa de Justicia y del bulevar Carmelitas.
Seis policías asesinados en Puebla y diagnóstico de Causa en Común
Con el asesinato de Castillo Durán, sumaron seis policías asesinados en Puebla durante 2026, de acuerdo con la organización Causa en Común.
El informe reciente de la organización documentó que 665 agentes de seguridad pública fueron asesinados entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de octubre de 2026, en un periodo marcado por bajos salarios, falta de equipamiento, ausencia de carrera policial y la asignación de mandos militares en corporaciones estatales.
Durante 2026 fueron asesinados al menos 223 agentes de seguridad pública: 87 policías municipales, 73 estatales, 44 elementos de la Guardia Nacional, 12 integrantes del Ejército, cinco policías federales y dos miembros de la Marina. Del 2 al 8 de octubre se identificaron dos homicidios de agentes: uno en Guanajuato y otro en el Estado de México.
Jalisco acumuló 37 agentes asesinados y encabezó el registro de entidades con mayor número de víctimas. Le siguieron Michoacán, con 29; Sinaloa, con 25; Guanajuato, con 17, y Estado de México, con 16.
El documento «Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico» expuso que la violencia contra los integrantes de las corporaciones ocurrió mientras una parte de los casos permaneció en la impunidad. La organización sostuvo que las deficiencias institucionales limitaron la capacidad de las policías para prevenir delitos, investigar conductas indebidas y garantizar condiciones laborales para su personal. En un reportaje difundido por Causa en Común, viudas y familiares de policías y agentes de seguridad asesinados relataron las dificultades que enfrentan al asumir el cuidado de sus familias tras la pérdida de sus parejas.
Causa en Común señaló que los recursos destinados a las policías estatales crecieron de manera marginal, mientras los agentes enfrentaron riesgos crecientes. El informe atribuyó el debilitamiento de las corporaciones a omisiones políticas reflejadas en recortes presupuestales y en la militarización de las tareas de seguridad pública.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública redujo su actividad operativa, de acuerdo con el estudio, y emitió acuerdos sin plazos ni mecanismos claros para verificar su cumplimiento. Persistieron vacíos sobre el número real de policías en el país y la mayoría de las instituciones no contó con un servicio profesional de carrera que estableciera reglas transparentes para el ingreso, la permanencia y los ascensos.
La falta de información impidió conocer con exactitud cuántos elementos integraban las corporaciones nacionales. El informe describió las condiciones laborales de una proporción de los agentes como insuficientes: recibieron ingresos por debajo de los parámetros sugeridos por estudios oficiales, carecieron de seguridad social y enfrentaron jornadas extremas. A esas condiciones se sumaron deficiencias de infraestructura y equipamiento.
El homicidio de un agente estatal en plena vía pública, mientras caminaba con su esposa tras una rutina familiar, refleja la exposición cotidiana de las corporaciones en Puebla. Mientras el operativo para localizar a los responsables continúa, el recuento de Causa en Común y el diagnóstico institucional plantean un desafío mayor para la seguridad, la justicia y las condiciones de quienes integran las policías en México.