Después de más de dos décadas, la periodista Lydia Cacho se prepara para un momento decisivo en su lucha judicial: este 20 de octubre acudirá a una audiencia en Quintana Roo para confrontar al exgobernador de Puebla, Mario Marín, y buscar que sea sentenciado por el delito de tortura. El exmandatario, conocido como “el Gober precioso”, permanece bajo prisión preventiva en el penal de El Altiplano.
- Audiencia clave: El 20 de octubre, en Quintana Roo, Lydia Cacho se presentará acompañada por abogados de Artículo 19 para pedir una sentencia contra Mario Marín.
- Caso de 21 años: La periodista fue detenida en diciembre de 2005 y denunció tortura física y psicológica durante su traslado de Cancún a Puebla.
- Reclamo mayor: Cacho extendió su exigencia de justicia a periodistas perseguidos, amenazados y asesinados por su trabajo de investigación.
- Procesos paralelos: Otros señalados han salido de prisión o recibido amparos, mientras Marín continúa recluido en El Altiplano.
Una audiencia para cerrar 21 años de espera
En un video difundido por Artículo 19, Cacho explicó que acudirá acompañada por abogados de esa organización y que confía en que el proceso avance hacia una sentencia contra Marín, a quien acusa de haber ordenado su encarcelamiento y tortura para frenar sus denuncias sobre una red de explotación sexual de niñas y niños.
“Esperamos que este 20 de octubre podamos ganarla y Mario Marín sea por fin sentenciado por haberme torturado para silenciarme”, declaró.
La periodista también amplió su reclamo a la situación de colegas que, en su opinión, han sido perseguidos por integrantes de instituciones públicas y gobiernos mexicanos durante las últimas dos décadas.
“Hay muchas amigas y amigos periodistas que se quedaron en el camino”, señaló.
Según Cacho, esas personas fueron objeto de persecución, amenazas, asesinatos y desapariciones por publicar información incómoda para grupos de poder.
“Miembros del poder mexicano, desde la policía hasta los diferentes gobiernos, desde hace 20 años han decidido perseguir, amedrentar, asesinar, desaparecer, por haber hecho un buen trabajo periodístico de investigación”, sostuvo.
La expectativa de una condena, agregó, no responde solo a su investigación sobre niñas y niños víctimas de explotación. “Yo no es solo por las niñas y los niños, también es por mí, por mi familia y por la sociedad mexicana”, manifestó. Recordó además que su padre falleció el 23 de febrero de 2026 sin tener certeza de que Marín recibiría una sentencia. “Llevamos 21 años dando esta batalla”, afirmó.
Los hechos de 2005 y la denuncia de tortura
Lydia Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en las oficinas del Centro Integral de Atención a la Mujer, después de la publicación de Los demonios del Edén. De acuerdo con los antecedentes del expediente, un grupo de 10 personas participó en el operativo; entre ellas había tres empleados de Kamel Nacif, empresario mencionado en la investigación periodística.
La comunicadora fue trasladada de Cancún a Puebla bajo custodia de agentes de la entonces Policía Judicial de Quintana Roo. El recorrido duró cerca de 20 horas. Cacho denunció que durante el trayecto no recibió alimentos ni pudo dormir, y que no tuvo acceso al medicamento que requería para atender una bronquitis diagnosticada.
También sostuvo que solo pudo ir al baño una vez y realizar una breve llamada a su pareja. Además, denunció tortura física y psicológica, amenazas de muerte, violencia verbal, tocamientos e insinuaciones sexuales durante el traslado y en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla.
Los procesos contra otros señalados y la situación de Marín
La nueva audiencia llega después de que Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, salió del penal de Cancún tras cumplir una condena de cinco años y seis meses por tortura contra Lydia Cacho. Rocha Laureano permaneció privado de la libertad desde el 4 de diciembre de 2018. Un juez consideró suficiente el tiempo que pasó en prisión antes de recibir sentencia y dio por compurgada la pena.
Artículo 19 México y Centroamérica aclaró que su salida obedeció al cumplimiento total de la condena y no a una absolución. La organización reclamó que los demás procesos penales lleguen a una decisión judicial.
“El proceso penal contra otros dos probables responsables continúa, por lo que no debe afectar su curso”, indicó Artículo 19 al referirse a la liberación del excomandante.
Mario Marín permanece detenido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, dentro del proceso que enfrenta por tortura contra Lydia Cacho. El 28 de julio de 2026 circularon versiones sobre un supuesto traslado a prisión domiciliaria; el Gabinete de Seguridad federal negó que su situación jurídica hubiera cambiado y sostuvo que seguía bajo custodia en el penal.
La propia periodista rechazó esas versiones en redes sociales: “Es falso que hayan liberado al exgobernador Mario Marín. Sigue en La Palma”, escribió, en alusión al nombre con el que antes era conocido El Altiplano.
El exgobernador obtuvo una medida de prisión domiciliaria en agosto de 2024. Dos semanas después, un tribunal federal revocó el beneficio tras recursos promovidos por la Fiscalía General de la República y la asesoría jurídica de Cacho. Marín regresó a prisión y continuó sin una sentencia definitiva sobre su responsabilidad en el caso.
Respecto a otros señalados, Hugo Karam, exdirector de la Policía Judicial de Puebla, salió del penal de Cancún el 6 de agosto de 2024. Un juzgado federal sustituyó la prisión preventiva justificada por otras medidas cautelares, en cumplimiento de un amparo, sin que ello implicara una absolución. El juicio por tortura contra Karam continuó pendiente de sentencia. El exfuncionario quedó obligado a permanecer en Quintana Roo, no puede salir de México, tiene prohibido acercarse a Lydia Cacho y a los testigos, y debe presentarse periódicamente ante el juzgado. El juzgado no ordenó el uso de un localizador electrónico; Karam había expresado su disposición a portarlo, pero la jueza descartó esa medida.
El Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo otorgó el 15 de julio de 2021 un amparo a José Kamel Nacif Borge por el delito de tortura contra Cacho. El tribunal concluyó que los hechos del 16 y 17 de diciembre de 2005 no podían vincularse de forma probada con la publicación de Los demonios del Edén. La resolución también consideró insuficiente una conversación telefónica divulgada en 2006 entre Nacif y Marín, en la que Marín dijo que había dado “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona”. Para el tribunal, la frase era vaga y no permitía establecer que se refería de forma específica a Lydia Cacho.
La audiencia del 20 de octubre se perfila como un punto de quiebre en un caso que condensa las deudas del sistema de justicia mexicano con la prensa y las víctimas de tortura. Mientras Marín continúa recluido en El Altiplano, la resolución que surja de Quintana Roo podría enviar una señal sobre el alcance real de la rendición de cuentas en casos de abuso de poder contra periodistas.