La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua cumplimentó este sábado 17 de octubre una orden de aprehensión contra el exfiscal general César Jáuregui Moreno, señalado por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. El encargado de despacho, Gilberto Loya Chávez, reconoció la relevancia del desmantelamiento del narcolaboratorio de Morelos, pero advirtió que un buen resultado no puede construirse al margen de la ley.
- Detención: La captura se realizó a las 10:20 horas en la colonia Campestre Washington, en la capital de Chihuahua, por la Policía Estatal.
- Cargos: La FGE obtuvo la orden de un juez de control local por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253 y 260 del Código Penal de Chihuahua.
- Contexto: El caso derivó del desmantelamiento de un narcolaboratorio en Morelos y de la muerte de dos presuntos agentes de la CIA y dos elementos mexicanos de la AEI.
FGE defiende el operativo, pero fija límites legales
En un mensaje difundido horas después de la detención, Loya Chávez explicó que la orden de aprehensión fue librada por un juez de control y que Jáuregui quedaría a disposición del juez para la audiencia inicial, con pleno respeto a sus derechos y al debido proceso. El funcionario subrayó que esta acción no desacredita los resultados operativos de abril.
“Lo dijimos desde el primer día: quien trabaje o haya trabajado en esta fiscalía y cometa un delito, será puesto a disposición de la autoridad”, afirmó Loya Chávez.
La autoridad estatal precisó que lo que se investiga es la forma en que se condujo el operativo, la omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables. Loya Chávez agregó que el crimen no puede combatirse al margen de la ley y que nadie, sin importar su cargo, puede torcer la ley en nombre de un buen fin.
“Esta acción no desconoce el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado ni de las Fuerzas Armadas en el desmantelamiento del laboratorio clandestino”, indicó.
Los hechos que originaron el caso
El origen del expediente se remonta al 19 de abril, cuando un convoy regresaba del narcolaboratorio ubicado en la sierra de El Pinal, municipio de Morelos. Una camioneta derrapó en un camino de terracería y cayó por un barranco, lo que provocó una explosión. Fallecieron Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, presunto piloto de la unidad; y dos estadounidenses señalados como agentes de la CIA.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación paralela por delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público. En esa carpeta, Jáuregui compareció el 2 de junio en calidad de testigo, no de imputado. La FGR informó que la entrevista ministerial aportó “información relevante” y que se habían recibido más de 120 diligencias, entre ellas cerca de 60 entrevistas.
Omisiones, vigilancia y competencia federal
Videos de vigilancia obtenidos durante la indagatoria captaron a los presuntos agentes estadounidenses conviviendo de manera informal con Oseguera Cervantes en instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, al menos dos días antes de la salida del convoy. Una de las imágenes mostró que, el 16 de abril, uno de los extranjeros portaba un arma larga dentro del edificio, sin que se notificara a la agencia estatal una disposición de uso.
La fiscal de la unidad especial, Wendy Paola Chávez Villanueva, no pudo confirmar si el sujeto armado era uno de los fallecidos o uno de los sobrevivientes; ambos se integraron al convoy vestidos de civil y sin insignias. No existe registro de que se hubiera informado a superiores sobre la presencia de los extranjeros. La FGE tampoco recibió respuesta formal de la representación diplomática de Estados Unidos ni del Instituto Nacional de Migración sobre su identidad.
La indagatoria federal por presunta invasión de competencia se inició a partir de una comunicación telefónica de la Fiscalía estatal recibida el 18 de abril, después de que el operativo fue planeado y ejecutado. Cuando la Agencia de Investigación Criminal federal llegó al laboratorio, las autoridades locales no entregaron cadena de custodia sobre el área, los indicios ni las sustancias. El inventario asegurado incluyó más de 55 mil litros de sustancias líquidas, más de 50 toneladas en estado sólido y cerca de 2 mil litros de metanfetamina, junto con cilindros de gas LP, contenedores, reactores y centrifugadoras.
La FGR recordó que la Ley General de Salud otorga competencia exclusiva a la Federación para investigar estos hechos cuando existan elementos de delincuencia organizada, y que las entidades federativas tienen prohibido celebrar alianzas o coaliciones con otros Estados o países.
Renuncia y proceso judicial
Jáuregui renunció como fiscal general el 27 de abril, seis meses antes de su detención, presentando su dimisión ante la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Argumentó que su salida permitiría que las investigaciones avanzaran sin interferencias. Al renunciar reconoció inconsistencias en la información inicial difundida por las autoridades y omisiones en los mecanismos de control y comunicación, asumiendo la responsabilidad en el ámbito del liderazgo.
El oficio 53095/2026 de la causa penal 3055/2026 refiere que el juez Luis Alberto Simental Ortega libró el 16 de octubre tres órdenes de aprehensión: la primera contra Jáuregui y Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de la FGE, como coautores; la segunda exclusivamente contra Jáuregui como autor material; y la tercera contra Zuany Portillo por falsedad ante autoridades con penalidad agravada. Hasta el cierre de la información, no se reportaba la captura de Zuany Portillo.
La captura del exfiscal marca un punto de inflexión en la investigación: por un lado, confirma que las autoridades judiciales consideran que hubo presuntas irregularidades en el manejo operativo; por otro, la FGE sostiene que el desmantelamiento del laboratorio fue un logro legítimo en el combate al crimen organizado. Las próximas audiencias y la carpeta federal definirán si las omisiones atribuidas derivan en responsabilidad penal para los exfuncionarios involucrados.