La investigación por el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua sumó este sábado una nueva orden de captura: un juez de control local libró aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, por falsedad ante autoridades con penalidad agravada y lo señaló como coautor de ejercicio ilegal del servicio público junto con el exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno.
Hasta el cierre de esta edición, el Registro Nacional de Detenciones (RND) no confirmaba la detención de Zuany Portillo, mientras que Jáuregui fue capturado durante la mañana del sábado 17 de octubre.
- Punto clave 1: Un juez local emitió tres resolutivos; uno contra ambos exfuncionarios por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, otro contra Jáuregui como autor material y un tercero contra Zuany por falsedad agravada.
- Punto clave 2: César Jáuregui fue detenido el sábado 17 de octubre a las 10:20 horas en la colonia Campestre Washington de la capital chihuahuense, según el RND.
- Punto clave 3: Las órdenes derivan del operativo en El Pinal, municipio de Morelos, donde la FGE desmanteló un narcolaboratorio; al regreso, un accidente y explosión dejaron cuatro muertos, incluidos dos presuntos agentes de la CIA.
Los tres resolutivos de la orden judicial
El oficio con número 53095/2026, derivado de la causa penal 3055/2026, fue dado a conocer por el periodista Luis Chaparro en su cuenta de X, @LuisKuryaki. El documento lo firmó el juez de primera instancia en materia penal Luis Alberto Simental Ortega el 16 de octubre en Chihuahua, Chihuahua.
La resolución estableció tres medidas. La primera libró orden de aprehensión contra Jáuregui y Zuany Portillo como coautores de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado. La segunda se dirigió únicamente contra Jáuregui por los mismos ilícitos, pero en calidad de autor material. La tercera se emitió exclusivamente contra Zuany Portillo por falsedad ante autoridades con penalidad agravada, de acuerdo con el artículo 308 del citado código. El juez instruyó entregar tres copias certificadas al Ministerio Público para ejecutar las capturas.
La orden fue obtenida por la Fiscalía General del Estado (FGE) ante un juez de control local, no por la Fiscalía General de la República (FGR), que mantiene una línea de investigación paralela por delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público.
El operativo de El Pinal y la explosión que dejó cuatro muertos
Las imputaciones parten del desmantelamiento de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 por elementos de la FGE. La investigación estatal detectó presuntas omisiones en la cadena de mando y en los protocolos aplicables. En el regreso, una camioneta del convoy cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua y se produjo una explosión; murieron cuatro personas: dos elementos de la FGE y dos ciudadanos estadounidenses señalados como presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Entre las víctimas mortales estuvieron Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes, identificado como piloto de la unidad. El propio Jáuregui confirmó los fallecimientos en conferencia pública ese mismo día.
El 5 de septiembre de 2025, Jáuregui había anunciado el nombramiento de Zuany Portillo como Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas, área encargada de la persecución del secuestro, la extorsión y otros delitos de alto impacto. Hasta entonces, Zuany dirigía la AEI; su lugar lo ocupó Oseguera Cervantes, quien venía de ser primer comandante de la Policía Ministerial en la Zona Occidente.
Renuncia, videos de vigilancia y la investigación federal
Siete meses después del nombramiento, el 13 de mayo de 2026, la FGE informó la renuncia de Zuany Portillo al frente de Operaciones Estratégicas. El comunicado oficial precisó:
“Se inició un procedimiento administrativo por una posible omisión de parte del Fiscal de Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado, Guillermo Arturo Zuany Portillo, lo que derivó en su renuncia”.
Un día antes de ese anuncio, la titular de la Unidad Especializada para la Investigación del caso del narcolaboratorio, Wendy Paola Chávez, presentó un informe sobre videos de vigilancia que mostraron a presuntos extranjeros merodeando las instalaciones de Operaciones Estratégicas antes del operativo en Morelos; uno de ellos aparecía armado el 16 de abril de 2026.
Cuando agentes ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal federal llegaron al narcolaboratorio, no recibieron cadena de custodia de las autoridades locales: ni el área, ni los indicios ni las sustancias fueron entregados bajo resguardo formal. La irregularidad quedó asentada en la carpeta federal mediante un acta.
La FGR abrió una investigación paralela por delitos contra la seguridad nacional y posible invasión de competencia federal, derivada de una comunicación telefónica que la FGE le envió el 18 de abril, después de que el operativo ya había sido planeado y ejecutado. La dependencia federal subrayó que la Ley General de Salud otorga competencia exclusiva a la Federación para investigar delitos cuando existan elementos de participación de delincuencia organizada, y recordó que las entidades federativas tienen prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país.
El 2 de junio de 2026, Jáuregui compareció ante la FGR como testigo, no como imputado, en esa indagatoria. El exfiscal había renunciado como fiscal general de Chihuahua el 27 de abril de 2026, seis meses antes de su detención, con el argumento de permitir que las investigaciones avanzaran sin interferencias. En su posicionamiento público reconoció inconsistencias en la información inicial difundida por las autoridades estatales y omisiones en los mecanismos de control dentro de la fiscalía.
Con la detención de Jáuregui ya concretada y la orden contra Zuany en curso, el caso del narcolaboratorio de El Pinal avanza en dos frentes: la justicia local por presuntas falsedades y ejercicio indebido del cargo, y la federal por posibles delitos contra la seguridad nacional. La captura de Zuany, todavía sin confirmación oficial, definirá el alcance inmediato de las responsabilidades penales en una investigación que expuso omisiones en la operación estatal y la participación de extranjeros en un punto criminal de la sierra chihuahuense.