Un juez de control excluyó este domingo la declaración de Guillermo Arturo Zuany Portillo como dato de prueba en la audiencia de formulación de imputación contra César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua. La resolución se produjo después de que la defensa del exfuncionario argumentara que incorporar ese testimonio vulneraría los derechos fundamentales de Zuany, quien hoy también figura como imputado en la misma causa penal.
- Punto clave 1: El juez Luis Alberto Simental Ortega ordenó al Ministerio Público no usar la declaración que Zuany rindió originalmente como testigo.
- Punto clave 2: Zuany Portillo enfrenta una orden de aprehensión y tiene carácter de coimputado en la causa penal 3055/2026.
- Punto clave 3: La decisión no desecha las acusaciones contra Jáuregui, quien sigue procesado por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Por qué se excluyó el testimonio de Zuany
Durante la audiencia, el Ministerio Público comenzó a leer la declaración que Zuany Portillo rindió como testigo al inicio de la investigación. En ese documento, el exfiscal de Operaciones Estratégicas señaló que desde septiembre de 2025 tenía a su cargo el seguimiento de investigaciones relacionadas con extorsiones, secuestros y asignaciones especiales.
Los abogados Héctor Villasana Ramírez y Luis Villegas, defensores de Jáuregui, se opusieron a la lectura. Argumentaron que Zuany actualmente es imputado en la misma causa, que existe una orden de aprehensión en su contra y que rindió su declaración sin la presencia de un defensor.
La defensa sostuvo que, sin importar la fecha en que se obtuvo el testimonio, hoy le asisten a Zuany los derechos a no autoincriminarse y a contar con una defensa adecuada. Consideró que tomar a una persona como testigo y luego usar sus dichos cuando ya es imputada equivaldría a un fraude a la ley, prohibido por la Constitución y los criterios jurisprudenciales.
El juez aceptó el planteamiento y ordenó a la representación social abstenerse de incorporar esa declaración como dato de prueba en esta etapa. Sin embargo, indicó que la audiencia podía continuar con los demás antecedentes que no se refirieran directamente a Zuany.
La representación social defendió la legalidad del testimonio al señalar que se obtuvo cuando Zuany todavía no tenía la condición de imputado, sino de testigo, como parte de las primeras diligencias. Precisó que la unidad especializada para el caso se creó el 25 de abril de 2026 y sostuvo que la información de Zuany era relevante para esclarecer el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos.
Pese a ello, el juez resolvió a favor de la defensa al considerar que la incorporación del testimonio podría vulnerar los derechos del exfiscal especializado, quien aparece como autor en la formulación de imputación.
La acusación contra el exfiscal de Chihuahua
El Ministerio Público acusó a Jáuregui Moreno de ordenar y coordinar la participación de cuatro personas de nacionalidad extranjera en el operativo de El Pinal, sin contar con la autorización federal correspondiente. La fiscalía le atribuyó los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253 y 260 del Código Penal del Estado.
La acusación también señala que Jáuregui y Zuany Portillo se habrían concertado en abril de 2026 para incorporar y mantener a los cuatro extranjeros en el operativo, evadiendo los mecanismos federales de autorización, información y control. Según el Ministerio Público, el exfiscal declaró en su momento que los extranjeros realizaban tareas de “capacitación en drones”, aunque las investigaciones revelaron que su participación en las operaciones de campo carecía de sustento legal.
Al inicio de la audiencia, Jáuregui optó por guardar silencio. Tras consultar con sus abogados, señaló que no encontraba claridad en la acusación y decidió no rendir declaración por el momento.
Otras resoluciones y disputas jurídicas
Jáuregui enfrenta, además de las imputaciones del fuero local, una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por conductas que podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional.
Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y exdirector de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), aparece señalado como coautor en la formulación de imputación contra Jáuregui por su presunta participación en la coordinación de la presencia de los ciudadanos extranjeros.
Las autoridades emitieron contra Zuany una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, con base en el artículo 308 del Código Penal del Estado de Chihuahua. La orden fue dictada por el mismo juez Simental Ortega, tras la captura de Jáuregui.
Durante la audiencia, la defensa del exfiscal general pidió al juez evitar que se mencionara a Zuany en la exposición de motivos, al considerar que nombrarlo en ese contexto violaría su presunción de inocencia como coimputado. El juez dio la razón y ordenó al Ministerio Público evitar referirse a Zuany fuera de los datos de prueba admitidos.
Antes de abordar el tema del testimonio, el juez rechazó una petición del Ministerio Público para que la audiencia se realizara a puerta cerrada. El juzgador respondió que el Poder Judicial del Estado es un ente transparente y que, al no existir ningún elemento considerado relevante para la seguridad nacional, la audiencia debía celebrarse de manera pública.
La defensa de Jáuregui también planteó un debate sobre la jurisdicción del caso. Sostuvo que la Fiscalía General del Estado carece de competencia para procesar los hechos, al considerar que corresponden al fuero federal o, en su defecto, a la Fiscalía Anticorrupción local.
Durante la audiencia se expusieron también testimonios de agentes estatales sobre la presunta presencia de ciudadanos extranjeros en el operativo, así como informes relacionados con el accidente ocurrido el 19 de abril, en el que murieron cuatro personas.
La exclusión del testimonio de Zuany deja al Ministerio Público sin uno de los datos de prueba que buscaba usar en la formulación de imputación contra Jáuregui, aunque la causa penal sigue vigente con otros elementos. La audiencia continuó centrada en los hechos del operativo de El Pinal y en las disputas jurídicas sobre fuero y competencia, mientras la situación procesal de ambos exfuncionarios avanza en el ámbito local y federal.