Familias buscadoras piden reunión con Rosa Icela

Familias buscadoras piden reunión con Rosa Icela ante auditoría al censo de desaparecidos

Resumen: Colectivos de búsqueda denuncian su exclusión de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y exigen una reunión pública con Rosa Icela Rodríguez, mientras la cifra de víctimas supera las 135 mil.

Creado: 2026-10-19 por

Colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas pidieron a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, suspender la revisión unilateral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO). Mediante una carta abierta, denunciaron que fueron excluidos por completo del reciente nombramiento de las y los expertos nacionales e internacionales que auditarán y evaluarán el censo.

  • Exclusión de las familias: Los colectivos aseguran que no fueron consultados antes de designar a especialistas en inteligencia artificial, políticas públicas y estadística.
  • Petición de reunión pública: Solicitan un encuentro urgente con las autoridades de Segob y los expertos para conocer la metodología y garantizar la independencia del proceso.
  • Desconfianza por antecedentes: Señalan que la revisión previa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aplicó categorías ajenas a la ley, como «información insuficiente».

Exigen frenar una revisión sin participación de las familias

Las familias cuestionaron que la dependencia federal haya designado a especialistas en inteligencia artificial, políticas públicas y estadística sin entablar un diálogo previo con quienes han sostenido las labores de búsqueda durante años. En la misiva, las madres buscadoras recalcaron:

“Una vez más se nos está dejando fuera, a pesar de que nadie conoce mejor que nosotras, los retos y revisiones que son necesarias hacer”.

Ante la falta de claridad, los colectivos solicitaron una reunión pública urgente con los expertos designados y las autoridades de Segob para transparentar los términos de referencia, la metodología que se utilizará y garantizar la independencia del proceso.

La desconfianza se profundiza por la revisión pasada del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la que se implementaron categorías que no existen en la ley —como «información insuficiente»— y que derivó en acusaciones sobre un intento de «borrar» a personas desaparecidas de las listas oficiales.

Reclamo ante la ONU y cifras oficiales en disputa

El reproche de las organizaciones se produce a unos días de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) presente su informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En ese espacio se evaluará la magnitud de la crisis en México y la posible creación de un mecanismo de asistencia internacional frente a un fenómeno que supera las 135 mil víctimas.

La exigencia fue respaldada por organizaciones civiles, académicos y colectivos de búsqueda de más de 15 entidades, entre ellas Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México. Demandaron que no se repitan las malas prácticas institucionales al tratar a sus seres queridos como simples «cifras que van y vienen».

En marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el informe actualizado del Registro y los avances de la revisión y depuración del sistema, en el que confirmó que 130 mil personas se encontraban desaparecidas en México.

Sin embargo, colectivos defensores de derechos humanos e instituciones académicas señalaron inconsistencias en las cifras presentadas por el gobierno federal y denunciaron la falta de participación de las familias en la construcción del diagnóstico oficial. También rechazaron cualquier intento de reducir el número de personas desaparecidas, al recordar que el registro histórico supera los 130 mil casos, resultado de años de búsqueda impulsada por las propias familias.

Al inicio de 2026, el CED de la ONU afirmó que México atraviesa una crisis de desaparición forzada. La mandataria desestimó ese planteamiento y reprochó que no se reconocieran sus estrategias de atención a la problemática.

El impacto de una revisión en disputa

El choque entre los colectivos y la autoridad federal deja abierta una discusión de fondo: la manera en que se construye y actualiza la cifra oficial de personas desaparecidas en México. Mientras las familias exigen ser parte activa de la auditoría, el gobierno defiende la depuración del registro, lo que anticipa una revisión marcada por la desconfianza y por la presión de organismos internacionales.

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