La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) activó un despliegue multidisciplinario en Guadalajara, Jalisco, para investigar las denuncias por lesiones, violaciones a derechos humanos y posibles actos de tortura contra personas que participaron en la protesta ciudadana por el derecho al agua potable. La movilización ocurrió el 11 de octubre y dejó un saldo de al menos 40 personas detenidas, según informó el propio organismo.
- Punto clave 1: Un equipo federal ya trabaja en Jalisco para documentar lesiones y afectaciones denunciadas por las personas participantes.
- Punto clave 2: La CNDH dará seguimiento a las condiciones de las personas afectadas, incluidas cuatro que se encuentran sometidas a proceso.
- Punto clave 3: La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acordó entregar el expediente del 11 de octubre en un máximo de cinco días.
Objetivo de las diligencias federales
De acuerdo con un comunicado difundido por la CNDH, las diligencias tienen el propósito de conocer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, documentar las lesiones y afectaciones referidas por las personas involucradas, y revisar las actuaciones que pudieran haberse cometido durante o después de la intervención de las autoridades de seguridad.
El organismo puntualizó que la investigación se desarrolla desde una perspectiva de derechos humanos, con atención a las circunstancias particulares de las personas afectadas y con respeto a su dignidad, integridad y participación durante el proceso de documentación.
Equipo especializado y protocolos aplicados
El equipo desplegado está integrado por personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, adscrito a la Quinta Visitaduría General; del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; de la Coordinación de Especialidades Científicas y Técnicas, y de la Oficina Regional en Jalisco.
Las acciones quedaron bajo la conducción de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, según precisó la Comisión. Este día se dará inicio a los trabajos de evaluación técnico-especializada y documentación médico-psicológica, además de las actuaciones necesarias para aplicar los protocolos correspondientes conforme a las necesidades de cada caso.
Entre las herramientas previstas se encuentra el Protocolo de Estambul, identificado por la CNDH como un instrumento internacional de referencia para investigar y documentar de manera eficaz posibles actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La aplicación de estos procedimientos se realizará con pleno respeto a los derechos de las personas examinadas.
Coordinación con el organismo estatal
La CNDH informó que ya estableció comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y que ambas instancias acordaron un plazo máximo de cinco días para la entrega del expediente relacionado con los hechos del 11 de octubre. La Comisión mantendrá abierta la comunicación con la CEDHJ para coordinar las tareas de investigación y revisar la documentación que aporte el organismo estatal, junto con los testimonios obtenidos por el personal federal.
Los testimonios recabados por la CNDH, la documentación y la posible acreditación de afectaciones físicas y psicológicas formarán parte de los elementos para investigar los hechos con diligencia, objetividad e imparcialidad. El expediente y los elementos que se integren servirán para revisar las circunstancias de las detenciones, la actuación de las autoridades que intervinieron y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.
La CNDH sostuvo que no adelanta juicios ni conclusiones sobre los hechos y que estas se emitirán cuando existan elementos que permitan sustentarlas. Con esta intervención, la Comisión busca que la documentación técnica y los testimonios sirvan para aclarar lo ocurrido, mientras la entrega del expediente estatal en cinco días marca el siguiente paso en el proceso.