La presencia de tres dragas operando sin autorización en el vaso dos de la Laguna de Cuyutlán, en Colima, llevó al colectivo Salvemos Cuyutlán a exigir al Gobierno Federal la cancelación total de la ampliación del Puerto de Manzanillo, obra a cargo de la Secretaría de Marina. La organización sostiene que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sigue sin publicarse, por lo que cualquier remoción o actividad en la zona resulta ilegal.
- Dragas sin permiso: El movimiento detectó tres máquinas de excavación en el vaso dos de la laguna sin que ninguna autoridad ni empresa justificara su estancia.
- Falta de MIA pública: El trámite ambiental está pendiente de entrega formal al promovente; sin un resolutivo público, el colectivo considera ilegal cualquier maniobra.
- Exigencias a Profepa y Asipona: Piden una inspección urgente y que la Administración del Sistema Portuario Nacional aclare quién autorizó el ingreso de la maquinaria.
En un comunicado, Salvemos Cuyutlán acusó un escenario de opacidad institucional. El texto señala que la MIA “continúa sin hacerse público y pendiente de entrega formal al promovente” y agrega que, sin un resolutivo de carácter público, cualquier intento de obra o maniobra en la zona es estrictamente ilegal.
“Ante la opacidad institucional y la inminente consumación de actos fuera de la legalidad, desde el colectivo Salvemos Cuyutlán denunciamos la presencia irregular de maquinaria de dragado en el vaso dos de nuestra laguna.”
La denuncia también reporta manchas de aceite en la superficie del cuerpo de agua, lo que según el colectivo evidencia el riesgo de contaminación por derrames o fugas de hidrocarburos derivados de las maniobras no autorizadas. Por ello, solicitaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una investigación inmediata y pidieron a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) que explique con qué permisos opera la maquinaria pesada y quién autorizó su ingreso anticipado.
El colectivo informó que ya presentó una primera denuncia ante Profepa para que se investigue la situación de las dragas “evitando cualquier contubernio con Asipona o el Estado”. Además, demandó que las instancias correspondientes publiquen de manera íntegra el estatus y el resolutivo del procedimiento de impacto ambiental.
Un humedal internacional frente al avance portuario
La Laguna de Cuyutlán y su manglar conforman el humedal más grande de Colima y un sitio Ramsar de importancia internacional. El colectivo describe la zona como hogar y área de crianza de peces y camarones, así como refugio para tortugas golfinas y laúd.
El proyecto Puerto Nuevo Manzanillo-Cuyutlán, con una inversión estimada de 109 mil millones de pesos, contempla rellenar y dragar la laguna para instalar cinco terminales de contenedores. Para los integrantes del movimiento, la obra busca transformar el ecosistema en una zona de sacrificio.
“Este megaproyecto pretende convertir la laguna en una zona de sacrificio, licitando nuestra tierra a operadores internacionales para sacar los recursos del país lo más rápido y barato posible.”
El pronunciamiento también vincula la expansión portuaria con afectaciones que ya se viven en Manzanillo: aire contaminado, exceso de tráileres, ruido y calles rotas por la actividad industrial. A ello se suma un impacto social: la tala del manglar acabaría con casi 500 años de tradición de más de mil 500 familias que cosechan de forma artesanal lo que describen como una de las sales más puras del mundo.
Bajo la consigna “protejamos la laguna, salvemos Cuyutlán”, el colectivo sostiene que la disyuntiva es entre el “despojo corporativo o la vida de la laguna” y concluye que la obra “no es progreso, es despojo”.
Las protestas del 5 de septiembre y la versión federal
La oposición no es nueva. El pasado 5 de septiembre, integrantes del movimiento protestaron durante un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Colima, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno. La mandataria recibió abucheos y gritos de “¡Fuera!” por parte de opositores al proyecto.
“Leo ahí una manta que dice que no están de acuerdo con la ampliación del Puerto de Manzanillo. Y lo que hacemos aquí es dialogar.”
Ante las interrupciones, la presidenta calificó a los manifestantes de “irrespetuosos” y los acusó de pertenecer al PRIAN como “infiltrados”. Dos días después ofreció una versión distinta: atribuyó los gritos a una confrontación con una mujer que portaba un megáfono y sostuvo que no iban dirigidos a su persona. “No me gritaron a mí”, dijo, al calificar la versión viralizada como una “tergiversación” de los hechos.
En esa misma declaración, la mandataria precisó que el estudio de impacto ambiental del proyecto “aún no concluye” y que, una vez terminado, se realizaría una consulta pública. También afirmó que el proyecto original fue modificado para reducir su efecto sobre la laguna, una versión que contrasta con la denuncia del colectivo, que sostiene que la MIA sigue sin hacerse pública más de un mes después de esas declaraciones.
La pugna por la Laguna de Cuyutlán coloca en el centro la tensión entre el desarrollo portuario y la protección de un ecosistema clave para Colima. Mientras el colectivo exige transparencia, inspecciones ambientales y la cancelación de la obra, las autoridades federales mantienen que el proceso de impacto ambiental no ha concluido.