Durante más de una década, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el exfiscal César Jáuregui se presentaron como un equipo político consolidado dentro del PAN. La crisis desatada por el operativo contra laboratorios clandestinos en El Pinal convirtió esa alianza en un enfrentamiento público que hoy se resuelve en los tribunales.
- Punto clave 1: La detención de César Jáuregui se produjo el sábado 17 de octubre, en medio de una investigación por su actuación como fiscal durante un operativo en la comunidad de El Pinal.
- Punto clave 2: La gobernadora Maru Campos acusó que el exfiscal actuó «por la libre» y aseguró que esa conducta «no se puede perdonar».
- Punto clave 3: El exfiscal enfrenta procesos por ejercicio ilegal del servicio público y coalición en el fuero estatal, y una orden federal por presunta traición a la patria.
Una relación política forjada entre campañas y cargos
El 26 de junio de 2024, Campos felicitó a Jáuregui en redes sociales con un mensaje en el que recordó «por lo menos 15 años juntos enfrentando las tragedias, los errores, las confusiones, las desavenencias» y cerró con un «¡Te quiero, Gordo!». La cercanía no se limitaba a la relación institucional: ambos compartieron trayectoria dentro del PAN y posiciones en el Congreso local. Jáuregui encabezó las campañas de Campos por la alcaldía de Chihuahua en 2016 y por la gubernatura en 2021. Ya en la actual administración estatal fue secretario general de Gobierno y, después, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El operativo de El Pinal y la renuncia del fiscal
El punto de inflexión llegó el 17 de abril de 2026, cuando autoridades estatales desplegaron un operativo contra laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. Las acciones se extendieron hasta el 19 de ese mes. Durante el trayecto de regreso de la Sierra Tarahumara, un accidente vial causó la muerte de cuatro personas: Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Manuel Genaro Méndez Montes, también agente de la AEI, y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La revelación de la participación de los estadounidenses abrió un diferendo entre las autoridades estatales y el Gobierno federal, que cuestionó las condiciones en las que los agentes extranjeros intervinieron en territorio mexicano. El 27 de abril, Jáuregui presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía y reconoció «omisiones tanto en la información como en la gestión institucional» respecto a los puntos de contacto con el personal extranjero. En el fuero estatal, Jáuregui enfrenta acusaciones por ejercicio ilegal del servicio público y coalición; por separado, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, con lo que se abrieron dos procesos distintos.
Del mensaje afectuoso a la acusación pública
El distanciamiento se volvió explícito en una entrevista con Latinus difundida el 14 de octubre. La gobernadora sostuvo que el caso destapó problemas al interior de la Fiscalía y que se tomaron decisiones sin informarle.
«Desgraciadamente, se actuó por la libre por parte del exfiscal, por parte de otras personas al interior de la Fiscalía General del Estado y eso no se puede perdonar», declaró Campos al explicar por qué decidió impulsar cambios en la institución.
La mandataria añadió que se había rebasado el límite de no avisarle ni informarle qué estaba pasando. También afirmó que desconocía la participación de los estadounidenses y defendió la necesidad de investigar posibles irregularidades. Según detalló Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la FGE, la investigación estatal no cuestiona los resultados del operativo, sino la forma en que se llevó a cabo, la cadena de mando y el cumplimiento de los protocolos.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso entrevistas de decenas de agentes. Los testimonios ubican la presencia de los estadounidenses en Chihuahua desde octubre de 2025, estancias prolongadas en instalaciones de seguridad estatal, visitas a la entidad en distintos meses y su participación en otro despliegue policial en marzo de 2026 en los municipios de Nonoava y San Francisco de Borja. También se sostuvo que los extranjeros acompañaron a funcionarios estatales y recibieron armas largas antes del despliegue de El Pinal.
Detención, audiencia y disputa interna
Días antes de su arresto, el exfiscal publicó un video en el que defendió su gestión y rechazó haber cometido un delito durante el operativo. «Lo volvería a hacer», afirmó, al argumentar que lo imperdonable habría sido actuar con omisión o tibieza frente al crimen organizado. También expresó: «Quien no ha podido conquistar el corazón de la gente es capaz de recurrir a cualquier recurso con tal de alcanzar sus propósitos», en lo que fue interpretado como un reclamo político por la sucesión estatal.
Jáuregui buscaba la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, mientras la gobernadora respaldaba al presidente municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza. Tras la detención, el abogado Luis Villegas Montes acusó a Campos de traicionar a quien había sido uno de sus colaboradores más cercanos. Angélica Moreno, esposa del exfiscal, calificó la captura como «una aberración de la Gobernadora». Alrededor de un centenar de simpatizantes del PAN se manifestó frente al Poder Judicial de Chihuahua para exigir la liberación de Jáuregui y defender su derecho a competir; entre los asistentes estuvieron el exalcalde y exdiputado federal Juan Blanco Zaldívar y el senador Mario Vázquez Robles.
La audiencia inicial se prolongó por más de 10 horas y concluyó con la decisión de un juez de control de no imponerle prisión preventiva por los delitos estatales. El juzgador consideró que la Fiscalía debía justificar específicamente la necesidad de esa medida y que la capacidad económica del exfiscal no bastaba para presumir riesgo de fuga. En su lugar, ordenó que se presente mensualmente ante la autoridad, entregue su pasaporte y visa estadounidense y se abstenga de comunicarse con testigos; también descartó el uso de un brazalete electrónico. Sin embargo, la situación jurídica de Jáuregui cambió tras la ejecución de una orden de aprehensión federal por presunta traición a la patria, por lo que quedó bajo custodia de autoridades federales y fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México. La audiencia para determinar si es vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y coalición quedó programada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.
La crisis por el operativo de El Pinal, la renuncia, las acusaciones judiciales y la disputa por la alcaldía convirtieron a antiguos aliados en protagonistas de una confrontación que se desarrolla dentro y fuera de los tribunales, en un momento en que el panismo de Chihuahua define sus candidaturas rumbo a 2027.