El Gobierno de Jalisco informó que mantiene una “sospecha razonable” de que parte de los grupos que provocaron disturbios durante la marcha del 18 de octubre en Guadalajara podría provenir de otras entidades del país. Las autoridades señalaron que ya intercambian información con otros estados para confirmarlo.
- Punto clave 1: Las autoridades identificaron cinco grupos con distintas tácticas durante los disturbios.
- Punto clave 2: Diez personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía del Estado.
- Punto clave 3: El operativo incluyó 948 elementos estatales y municipales, con 37 visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y personal de la CNDH.
- Punto clave 4: La convocatoria por la calidad del agua reunió a cerca de 9,500 personas, la mayoría de forma pacífica.
Perfil de los grupos y alcance de los disturbios
En rueda de prensa, el titular de Seguridad detalló que algunos de los participantes en los actos violentos podrían tener vínculos con actividades registradas en otras entidades. Aunque no presentó pruebas ni señaló estados concretos, precisó que la hipótesis se desprende de las características de los grupos.
“Pudieran estar relacionados con actividades en otros estados”, señaló el titular de Seguridad.
Según el recuento oficial, las autoridades ubicaron cinco grupos en distintos momentos y puntos de la ciudad:
- Playeras de futbol: personas con camisetas de Leones Negros, Chivas y América.
- Plaza Liberación: individuos que rodearon los edificios del Poder Judicial y el Legislativo, y lanzaron petardos y bombas molotov.
- Rostros cubiertos: sujetos con cisallas para cortar el alambrado de las vallas y que arrojaron petardos.
- Con menores presentes: un grupo con niñas, niños y mujeres que realizó actos vandálicos hasta cerca de la medianoche, con al menos tres relevos.
- Jóvenes vestidos de negro: responsables de pintas y daños a Palacio de Gobierno y a cámaras del C5.
Las autoridades sostuvieron que estos grupos buscaban provocar a los policías para que salieran a enfrentarlos y así generar una afectación mayor. Por ello, explicaron, la prioridad fue evitar confrontaciones directas y proteger a la ciudadanía.
Detenidos, lesionados y daños
El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, informó que el operativo desplegó 948 elementos estatales y municipales, con acompañamiento de 37 visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y personal de la CNDH.
Del total de 10 detenidos, cinco fueron capturados tras lanzar bombas molotov contra los accesos del Palacio Legislativo y el Palacio de Justicia; dos fueron entregados por los propios manifestantes a la Policía de Guadalajara; y tres fueron asegurados dentro de Palacio de Gobierno. Entre estos últimos se encontraban un menor de 16 años remitido al CIPINA, una mujer con crisis nerviosa y un hombre que agredió a un policía.
Las autoridades reportaron 15 policías lesionados, ninguno de gravedad, y seis civiles atendidos, de los cuales dos fueron trasladados. Los daños se registraron en Palacio de Gobierno, la Catedral, el Poder Judicial, el Palacio Legislativo, el C5, la Plaza de la Liberación y la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres. También resultaron afectados al menos seis establecimientos y vehículos del centro histórico.
Denuncia ciudadana y continuidad del diálogo
El gobierno jalisciense pidió a la población identificar y denunciar a quienes aparezcan sin el rostro cubierto en las fotografías que difundirá, y aseguró que habrá un esquema de protección para denuncias anónimas.
Zamora Zamora indicó que los trámites en Palacio de Gobierno continúan con normalidad mediante la puerta de maestranza y que se brindará apoyo a los negocios dañados. Las autoridades estimaron en 9,500 personas la asistencia a la marcha por la calidad del agua y reconocieron que la mayoría se manifestó de forma pacífica. El diálogo sobre las demandas, añadieron, continuará a cargo del gobernador.
Con la identificación de cinco grupos y el perfil de los detenidos, el Gobierno de Jalisco busca confirmar si hubo una coordinación externa. Mientras avanzan las investigaciones, la administración estatal mantiene el ofrecimiento de protección a denunciantes y la promesa de atender los daños al comercio del centro histórico.