DEA: corrupción facilitó crimen de Camarena

DEA reaviva señalamiento: corrupción mexicana facilitó crimen contra Camarena

Resumen: El director de la DEA, Terry Cole, vinculó nuevamente la corrupción de autoridades mexicanas con el secuestro y asesinato del agente Enrique Camarena en 1985, durante un acto en Pensilvania.

Creado: 2026-10-19 por

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reavivó este lunes una de las acusaciones más sensibles para la relación bilateral en materia de seguridad: la corrupción de autoridades mexicanas habría facilitado el secuestro, tortura y asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena, perpetrado en 1985 en Guadalajara. El señalamiento lo hizo el director de la agencia, Terry Cole, a pocos días del inicio de la Semana Anual del Listón Rojo, campaña creada en 1988 como homenaje al agente encubierto.

  • Señalamiento directo: El director de la DEA, Terry Cole, afirmó que Camarena fue capturado, torturado y asesinado “bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”.
  • Contexto judicial: Rafael Caro Quintero está detenido en Nueva York y una audiencia del 20 de noviembre podría derivar en un acuerdo de culpabilidad.
  • Respuesta mexicana: El Gobierno de México rechazó señalamientos similares en julio, al considerarlos carentes de sustento.

Un señalamiento directo desde Pensilvania

Durante un acto público realizado en Barre-Wilkes, Pensilvania, centrado en los avances contra el tráfico de fentanilo, Cole pidió respaldar la conmemoración. Estuvo acompañado por el fiscal general Todd Blanche y la zar antidrogas Sara Carter.

“Les pido que apoyen la Semana del Listón Rojo que rinde homenaje a ‘Kiki’ Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas”, dijo Cole.

El director de la agencia evitó profundizar en ejemplos actuales de corrupción y se concentró en el llamado a respaldar la iniciativa conmemorativa. Tampoco abordó con detalle la acusación presentada ante una corte federal en 1990, en la que se alega que funcionarios mexicanos protegieron a líderes del Cártel de Guadalajara para secuestrar y asesinar a Camarena.

Según esa acusación, el entonces exdirector de la Policía Federal Judicial, Manuel Ibarra, y el entonces exdirector de la oficina de Interpol en México, Miguel Aldana, entre otros, habrían protegido a la cúpula del Cártel de Guadalajara, incluido Rafael Caro Quintero, durante la acción contra el agente.

Proceso judicial y reacción del Gobierno de México

Por el asesinato de Camarena, Rafael Caro Quintero permanece detenido en la Corte federal del Distrito Este de Nueva York. El capo enfrenta cargos criminales derivados de una acusación federal presentada en 2020, que incluye conspiración para asesinar a individuos que amenazaban sus actividades de narcotráfico entre 1980 y 2018.

El 14 de octubre compareció ante la corte en una audiencia de menos de 20 minutos, en la que la fiscalía y la defensa hablaron sobre un posible acuerdo que evitaría el juicio programado para marzo de 2027. Bajo ese esquema, Caro Quintero aceptaría su culpabilidad en el asesinato de Camarena a cambio de acabar con su aislamiento y acceder a otras condiciones de reclusión.

En esa audiencia, el juez Frederic Block exhortó a las partes a acelerar la ruta del arreglo. El narcotraficante debe comparecer en una nueva audiencia el 20 de noviembre con miras a un acuerdo de culpabilidad.

Desde abril pasado, el jefe de la DEA ha sostenido que la corrupción de políticos y funcionarios en México es un componente clave para el funcionamiento de los cárteles que trafican drogas hacia Estados Unidos, y ha insistido en que la administración de Donald Trump buscará procesarlos por sus crímenes.

La declaración de Cole se suma a otros señalamientos previos. En agosto, el funcionario había acusado a altos funcionarios mexicanos de “trabajar directamente con cárteles” y advirtió que no se detendrían en su ofensiva contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En julio, el Gobierno de México rechazó señalamientos similares y aseguró que las afirmaciones carecen de sustento. A través de un comunicado, las autoridades mexicanas indicaron que “las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México”.

Cole sostuvo además que la agencia mantiene investigaciones y acciones contra integrantes del crimen organizado, principalmente en México, Colombia, China y Centroamérica.

“Protegeremos y defenderemos la seguridad nacional del gran estado de Pennsylvania y de estos grandes Estados Unidos, ya sea que se encuentren en Colombia, México o Centroamérica, la DEA los perseguirá. Estamos aquí para proteger a nuestros ciudadanos bajo el estado de derecho establecido por nuestra Constitución, y no tenemos reparos en afirmarlo”, expresó Cole.

El secuestro de 1985 y la Operación Leyenda

Enrique Camarena fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara cuando salía de la oficina de la DEA para encontrarse con su esposa. Un grupo de sicarios del Cártel de Guadalajara lo interceptó a plena luz del día y lo subió a una camioneta.

Fue trasladado a una vivienda ubicada en la calle Lope de Vega, en la colonia Jardines del Bosque, propiedad de Rafael Caro Quintero. Allí permaneció cautivo mientras era interrogado sobre sus investigaciones contra el cártel.

Camarena fue torturado durante varias horas antes de morir, el 9 de febrero de 1985. Según la reconstrucción forense, recibió golpes repetidos en la cabeza y el rostro con un objeto contundente, que le fracturaron el cráneo y los pómulos.

El mismo operativo incluyó el secuestro y asesinato de Alfredo Zavala Avelar, piloto que colaboraba con la DEA en misiones de vigilancia aérea. Ambos cuerpos fueron hallados el 5 de marzo de 1985 en una fosa clandestina en el estado de Michoacán.

El homicidio derivó en la Operación Leyenda, descrita por la DEA como la investigación por homicidio más grande emprendida por la agencia hasta ese momento.

La nueva declaración de Cole vuelve a tensar el debate sobre la responsabilidad institucional en uno de los episodios más oscuros del narcotráfico en México. Mientras la audiencia del 20 de noviembre podría acercar un cierre judicial para Caro Quintero, el señalamiento de la DEA mantiene abierta la controversia sobre el papel de las autoridades mexicanas en el crimen y sobre el alcance de las investigaciones estadounidenses contra los cárteles.

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