El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, negó haber tenido participación en las decisiones que facilitaron la presencia de agentes extranjeros durante el operativo de seguridad en El Pinal, donde las autoridades localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. En su audiencia judicial del 18 de octubre, afirmó que la investigación no contiene pruebas específicas que lo vinculen con esos hechos. Fragmentos de la intervención fueron difundidos por la periodista Azucena Uresti en redes sociales.
- Punto clave 1: César Jáuregui Moreno declaró que no existe una orden, mensaje de WhatsApp o testimonio que lo vincule con la autorización de agentes extranjeros en El Pinal.
- Punto clave 2: La investigación estatal incluyó declaraciones de más de 40 funcionarios y pruebas técnicas de telefonía y geolocalización.
- Punto clave 3: Un juez estatal le permitió enfrentar en libertad la causa local, pero la FGR ejecutó después una orden de aprehensión federal por traición a la patria.
La versión del exfiscal ante las acusaciones
En el audio difundido, Jáuregui cuestionó las conclusiones de las autoridades ministeriales y sostuvo que los elementos presentados no demuestran que haya emitido instrucciones ni participado en acuerdos para permitir la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
“No existe una orden, un mensaje de WhatsApp o una declaración de algún funcionario que acredite que autorizó la intervención de agentes extranjeros”, sostuvo.
El exfuncionario señaló que la investigación incluyó testimonios de más de 40 funcionarios de la Fiscalía General del Estado, además de pruebas técnicas sobre registros telefónicos y de geolocalización. Según su versión, tras varias horas de audiencia no se presentó una sola referencia específica que demostrara su participación en las decisiones relacionadas con el operativo.
Jáuregui también cuestionó que la Fiscalía utilizara videos de reuniones con dos servidores públicos para sustentar sus conclusiones. Argumentó que esos encuentros eran habituales por sus responsabilidades como titular de la Fiscalía estatal y por la comunicación frecuente que mantenía con otros integrantes de la institución.
Renuncia y señalamientos sobre el caso
Sobre su salida de la Fiscalía General del Estado, el exfiscal aseguró que no buscó evadir responsabilidades, sino evitar que su permanencia al frente de la institución pudiera interferir en las investigaciones internas. Consideró independiente el criterio de la fiscal Wendy Chávez, quien participa en las indagatorias estatales, y afirmó que su defensa refutará las conclusiones ministeriales en la etapa procesal correspondiente.
Durante su declaración, Jáuregui hizo referencia al comandante Oseguera, quien murió en un accidente relacionado con las acciones para desarticular el laboratorio clandestino. Cuestionó qué habría ocurrido si el mando hubiera sobrevivido y posteriormente enfrentara un proceso penal por los hechos. También planteó que las personas afectadas por el operativo podrían beneficiarse de las controversias y actuaciones judiciales posteriores; no obstante, se trata de afirmaciones del exfuncionario y no constituyen una conclusión judicial.
El exfiscal afirmó que el caso tiene implicaciones políticas y que las actuaciones de las autoridades deben analizarse también desde la perspectiva de la democracia y la independencia de las instituciones.
Detención y proceso federal
La situación jurídica de Jáuregui cambió tras su detención, ocurrida el 17 de octubre. Durante la audiencia estatal, un juez de control determinó que podía enfrentar ese procedimiento en libertad, sujeto a medidas cautelares como entregar su pasaporte, presentarse periódicamente y evitar acercarse a testigos.
Sin embargo, al concluir la diligencia, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de aprehensión federal. El exfiscal fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México.
El procedimiento federal es distinto de la causa estatal por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición, aunque ambos están relacionados con el operativo en El Pinal. La acusación federal se vincula con la presunta participación no autorizada de agentes extranjeros en actividades de seguridad en territorio mexicano; la FGR sostiene que estos hechos podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional.
Jáuregui, por su parte, mantiene que no existen elementos que acrediten su intervención directa y anunció que presentará sus argumentos durante el proceso judicial. Su responsabilidad penal deberá determinarse mediante las actuaciones y resoluciones de las autoridades competentes.