La exigencia de justicia por las muertes de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles volvió a tomar las calles. Familiares y amigos se manifestaron este lunes 19 de octubre de 2026 frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde reclamaron la vinculación a proceso de siete personas físicas y tres morales señaladas por homicidio culposo durante el festival AXE Ceremonia 2025.
- Movilización en la audiencia: Los manifestantes bloquearon la avenida Niños Héroes durante la segunda jornada del proceso.
- Disputa por prescripción: Representantes de Grupo Eco pidieron al juez declarar prescrito el delito para las personas morales, con el argumento de que el plazo venció el 5 de octubre de 2026.
- Cobro de seguro: La asesoría legal de la familia denunció que las empresas organizadoras habrían cobrado ya el dinero de un seguro por la muerte de ambos jóvenes.
La audiencia y el señalamiento de prescripción
Durante la jornada previa, en plena audiencia, la familia se enteró de que las empresas organizadoras habrían recibido ya los recursos de un seguro pagado por el fallecimiento de los dos jóvenes. Tábata Salas, asesora legal de la familia, calificó el hecho de sumamente indignante.
“El día de ayer en la audiencia, mientras se desarrollaba el debate, las empresas pertenecientes a Grupo Eco pidieron que el delito se declarara prescrito. Eso la verdad nos sorprendió mucho porque, como ustedes conocen, públicamente Grupo Eco ha reconocido su responsabilidad en el evento. Y ayer, ante el juez de control, fueron a decir que el delito ya había prescrito. Grupo Eco ya cobró dinero a favor de las muertes de Miguel y de Berenice.”
La abogada agregó que la familia de la víctima “sigue sufriendo y pasando” por un problema económico, y que han tenido que endeudarse a raíz del caso.
Imputaciones, vinculación y presiones económicas
La Fiscalía imputó a los diez acusados por homicidio culposo, delito que contempla una pena de entre dos y cinco años de prisión. En la primera audiencia, que se extendió cerca de 21 horas, el juez vinculó a proceso a María “N”, oficial encargada de Protección Civil durante el festival.
El segundo día de la audiencia inicial estuvo dedicado a los alegatos de la Fiscalía y de la defensa de cada uno de los diez imputados, entre ellos los representantes de Grupo Eco y otras dos personas morales señaladas. Edwin Piñón, asesor jurídico de la familia de Miguel Ángel Rojas, vinculó la decisión sobre la oficial con la situación de las empresas.
“En la audiencia anterior se vinculó ya a proceso a la oficial de Protección Civil, y desde nuestra perspectiva ese es un efecto cadena para las empresas que hoy se encuentran ya imputadas.”
Diana Hernández, hermana de Miguel Ángel Rojas, describió el proceso judicial como un desgaste físico y emocional sostenido durante meses.
“Para mi mamá y para mí, llegar hasta aquí ha sido un enorme esfuerzo, han sido meses de mucho desgaste físico, de mucho desgaste emocional, de muchos trámites, incertidumbre y de una vida que de muchas maneras se quedó pausada desde que Miguel ya no está.”
Hernández denunció además presiones económicas por parte de empresarios vinculados al caso.
“Hemos tenido que enfrentar una lucha que ha sido muy desigual contra empresas que cuentan con enormes recursos económicos y que han promovido diversos juicios de amparo que han obstaculizado nuestro camino hacia esta audiencia.”
La hermana de Miguel también señaló que hubo amenazas: empresarios habrían advertido con disolver sus empresas si no aceptaban el monto que ellos fijaron.
“Lo más doloroso es que, en medio de nuestro duelo, también hayamos tenido que enfrentar mucha presión para aceptar una reparación económica que nosotras no queremos. Hubo empresarios que nos amenazaron con disolver sus empresas si no aceptábamos el dinero que ellos fijaron. Nos dijeron que si no firmábamos un acuerdo en ese momento, después ya no podríamos hacerlo y nos quedaríamos sin nada.”
El origen del caso y lo que sigue
Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles fallecieron cuando una estructura cayó sobre ellos durante la cobertura del festival en el Parque Bicentenario. El proceso continúa con la disputa abierta sobre la prescripción del delito para las personas morales involucradas. La resolución sobre la petición de Grupo Eco marcará los siguientes pasos de un litigio que las familias consideran desigual en recursos y marcado por la incertidumbre.