Juan Hernández Ochoa, un hombre de 51 años originario de México, se declaró culpable del delito de conspiración para distribuir metanfetamina y marihuana con fines de importación ilegal a Estados Unidos. El anuncio fue difundido este martes 20 de octubre por la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, luego de un proceso que inició con la extradición del acusado, realizada con apoyo del Gobierno de México.
- Acusado y delito: Juan Hernández Ochoa, de 51 años, admitió una conspiración para importar metanfetamina y marihuana a Estados Unidos.
- Periodo y rol: Entre 2015 y 2017 trabajó como distribuidor y transportista para diversos narcotraficantes del Cártel de Sinaloa.
- Sentencia: Su audiencia quedó programada para el 2 de febrero de 2027; la pena máxima posible es cadena perpetua.
- Métodos de traslado: Utilizó aviones privados, mensajeros, túneles, camiones semirremolque y vehículos con compartimentos ocultos.
La función de un fletero en la logística del Cártel de Sinaloa
De acuerdo con los documentos judiciales, Hernández Ochoa se desempeñó entre 2015 y 2017 como distribuidor y transportista para diversos narcotraficantes vinculados al Cártel de Sinaloa. A quienes cumplen este tipo de tareas se les conoce de forma coloquial como “fleteros”, en alusión a quien mueve carga por encargo de terceros a cambio de un pago, sin que necesariamente ocupe un puesto de mando dentro de la organización.
Las autoridades estadounidenses no precisaron con qué facciones específicas habría trabajado, más allá de identificarlo como distribuidor y transportista para “diversos narcotraficantes” relacionados con el cártel. Sin embargo, su función lo colocó como una pieza logística dentro de la estructura financiera de la organización: además de mover droga, coordinó el transporte de dinero en efectivo destinado a la compra de sustancias ilegales y su repatriación desde Estados Unidos hacia México una vez realizadas las ventas.
Rutas fronterizas y volumen de los cargamentos
Para cruzar la frontera, Hernández Ochoa empleó una red de asociados y distintos métodos: aviones privados, mensajeros, túneles, camiones semirremolque y vehículos con compartimentos ocultos. El comunicado oficial no detalló los puntos exactos de cruce, aunque la referencia a “ciudades fronterizas mexicanas” ubica la operación en la franja entre México y Estados Unidos, donde confluyen los principales corredores terrestres y aéreos utilizados por organizaciones de narcotráfico.
La declaración de culpabilidad correspondió específicamente a la conspiración para distribuir 500 gramos o más de metanfetamina y mil kilogramos o más de marihuana con el propósito de importarlos a Estados Unidos. Las autoridades señalaron que el acusado transportó cientos de kilos de metanfetamina y decenas de miles de kilos de marihuana entre ambos países durante el periodo investigado, lo que agrava la pena bajo la legislación federal estadounidense.
Reacción de las autoridades y sentencia pendiente
El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó:
“ya no podrá enriquecerse inundando nuestras comunidades con veneno gracias a los fiscales involucrados en este caso y a la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional establecida por el presidente Trump”
Duva agregó que la declaración de culpabilidad “representa otro duro golpe para el Cártel de Sinaloa y las organizaciones criminales transnacionales que se lucran con la adicción, la violencia y la muerte”, y advirtió: “Nuestro mensaje es claro: no nos detendremos hasta desmantelar estos cárteles y llevar a sus líderes ante la justicia”.
La agente especial a cargo Rebecca Day, de la oficina del FBI en Phoenix, declaró:
“Combatir el crimen violento, desarticular las organizaciones de narcotráfico y exigir responsabilidades a individuos peligrosos como el señor Hernández Ochoa sigue siendo una prioridad absoluta”
Day añadió que la investigación pone de relieve la misión del HSTF, que incluye perseguir a los líderes de organizaciones criminales transnacionales y desmantelar las redes de narcotráfico dondequiera que operen. La oficina del FBI en Tucson llevó la investigación del caso.
El proceso se enmarcó en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida por la Orden Ejecutiva 14159, una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas. La Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas, por su parte, tiene como misión eliminar el lucro del crimen, erradicar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense.
La sentencia de Hernández Ochoa quedó programada para el 2 de febrero de 2027. La pena máxima prevista es cadena perpetua, que será determinada por un juez de un tribunal federal de distrito tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. El procesamiento quedó a cargo de los abogados litigantes Jayce Born, Michael Lang, Richard Greene y Kirk Handrich, de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal.