Reclutamiento de menores siempre se considerará forzado; penas de 10 a 25 años

Reclutamiento de menores siempre se considerará forzado; penas de 10 a 25 años

Resumen: La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que sanciona el reclutamiento forzado para grupos delictivos con penas de 10 a 25 años de prisión, incluyendo agravantes para menores, servidores públicos y comunidades vulnerables.

Creado: 2026-10-20 por

La Cámara de Diputados aprobó con 419 votos a favor una reforma legal que sancionará el reclutamiento forzado de personas para incorporarlas a estructuras delictivas. La modificación, avalada por unanimidad tras varias horas de debate, busca cerrar un vacío jurídico que por años dificultó perseguir de forma específica a quienes captan víctimas mediante amenazas, violencia, engaños o falsas ofertas de trabajo.

  • Penas de 10 a 25 años de prisión: la reforma fija sanciones diferenciadas según las circunstancias del delito.
  • Menores siempre en condición forzada: el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes no requerirá demostrar violencia explícita.
  • Investigación de oficio: las autoridades podrán actuar sin esperar a que la víctima presente una denuncia.

¿Cómo quedan las penas en la ley?

El dictamen modifica la Ley General en Materia de Trata de Personas para incorporar un capítulo específico sobre reclutamiento forzado. Las sanciones dependerán de la manera en que se cometa el ilícito:

  • De 10 a 20 años de prisión: para quien invite, induzca, incorpore o reclute a una o más personas para integrarlas a grupos delictivos o a la delincuencia organizada, mediante engaño o incluso sin él.
  • De 15 a 25 años de prisión: cuando el reclutamiento se realice mediante intimidación, amenazas, coacción, violencia física o moral o abuso de poder.
  • Hasta 50 mil días multa: en el supuesto básico, además de la pena de prisión.
  • Hasta 80 mil días multa: cuando se acredite el reclutamiento forzado en los términos previstos por la reforma.

Uno de los puntos centrales es que el reclutamiento de menores de edad siempre será considerado forzado. La ley no exigirá demostrar amenazas o agresiones para reconocer esa condición cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.

Agravantes y sanciones a servidores públicos

Las penas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando se presenten circunstancias agravantes, entre ellas que la persona responsable sea o haya sido integrante de las Fuerzas Armadas o de corporaciones de seguridad pública; que se ostente como servidor público o utilice conocimientos obtenidos en determinados puestos de empresas de seguridad privada; que la víctima pertenezca a una comunidad indígena o afromexicana, o se encuentre en situación de movilidad humana; que durante el reclutamiento se empleen tortura, violencia sexual, privación de la libertad o tratos crueles, inhumanos o degradantes; y que la víctima tenga una profesión, formación o conocimientos especializados.

Cuando el responsable sea servidor público, la reforma prevé además su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta.

Debate legislativo y advertencias de organizaciones

Durante la discusión, el diputado del PAN, José Guillermo Anaya Llamas, advirtió que las redes sociales pueden convertirse en una vía de captación de jóvenes mediante engaños, falsas oportunidades de trabajo o coacción. Sostuvo que retirar cuentas y perseguir a los delincuentes no basta: también se necesita un marco legal que permita investigar y sancionar a quienes reclutan y proteger a las víctimas.

La diputada de Morena, Elena Edith Segura Trejo, explicó que la ausencia de una figura penal específica dificultaba identificar y perseguir esta conducta. Según expuso, los casos podían investigarse bajo delitos distintos, como trata de personas, secuestro, desaparición o corrupción de menores, lo que podía fragmentar las investigaciones y dejar en segundo plano la actuación de quienes captan e incorporan a las víctimas.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, destacó que las autoridades podrán investigar de oficio cuando conozcan hechos que puedan constituir reclutamiento, sin esperar necesariamente a que la víctima presente una denuncia. El legislador argumentó que muchas personas reclutadas viven bajo amenazas, sienten miedo o permanecen bajo el control de sus agresores, por lo que no se puede exigir a las víctimas que arriesguen su vida para que el Estado actúe.

Horas más tarde de la votación, la organización Tejiendo Redes Infancia lamentó la votación unánime en la Cámara Baja. Señaló tres factores faltantes: atención insuficiente a la evidencia acumulada durante más de quince años sobre la utilización de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales; recomendaciones de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y falta de parlamento abierto con expertos, víctimas y adolescentes.

“México necesita dejar de mirar a las infancias reclutadas como instrumentos del crimen organizado y reconocerlas como víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. El verdadero desafío es impedir que sean reclutadas, proteger sus vidas y garantizar que puedan salir de las redes criminales sin ser asesinadas, desaparecidas o encarceladas”.

La organización advirtió que el dictamen se aleja de las recomendaciones de la ONU y la CIDH, que piden tipificar de forma autónoma el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, reconocerles como víctimas y garantizar su recuperación. Solo en 2025 fueron asesinados 817 menores de edad en México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

También acusó que algo similar sucedió el pasado 4 de marzo de este año, cuando se avalaron penas en el delito de corrupción de menores sin construir una respuesta integral para frenar el reclutamiento forzado. La organización pidió una política de Estado que proteja a las víctimas, evite criminalizar a adolescentes coaccionados y persiga las redes que sostienen el reclutamiento. Advirtió que las redes sociales, falsas ofertas de empleo y videojuegos requieren medidas específicas de detección e investigación.

Con esta decisión, el Congreso da un paso para tipificar una conducta que en muchas ocasiones comienza de forma silenciosa: una oferta laboral atractiva, una invitación por internet o una promesa de ingresos que termina en amenazas y sometimiento. El desafío, según legisladores y organizaciones, será convertir el nuevo marco punitivo en mecanismos efectivos de prevención, protección y reintegración para las víctimas, especialmente en el caso de niñas, niños y adolescentes.

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